La noche del 24 de octubre, el Senado de México aprobó, en una sesión cargada de polémica, una reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales que establece la impprocedencia de amparos y controversias constitucionales contra las reformas a la Constitución. Con 85 votos de Morena, PT y PVEM, la mayoría oficialista alcanzó la mayoría calificada, mientras que 41 legisladores de oposición votaron en contra.
El dictamen fue presentado por el senador Óscar Cantón Zetina, quien argumentó que la reforma reforzaría la soberanía del Poder Legislativo y evitaría que el Poder Judicial obstruya cambios promovidos por el Congreso, en línea con “el mandato popular”. Durante el debate, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió que la medida no afecta el derecho de amparo, sino que impide su uso para frenar lo que demostró “transformaciones democráticas”.
En contraste, el senador del PAN Ricardo Anaya criticó la reforma como un intento de centralizar el poder y limitar los mecanismos legales para que los ciudadanos puedan defenderse de posibles abusos. La oposición también presentó mociones suspensivas y alertó que la medida podría vulnerar el equilibrio de poderes en el país.
Esta reforma, impulsada por la mayoría oficialista, también actúa como un mecanismo para blindar reformas constitucionales recientes, como la elección de jueces y la eliminación de órganos autónomos, iniciativas que han generado suspensiones por parte de jueces federales. Ante la aprobación, el Senado enfrenta un escenario de creciente tensión, pues la oposición insiste en que esta medida representa un peligro.
Por Areli Rodríguez
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