Aventura desesperada de la 4T para combatir el crimen organizado; pasar la Guardia Nacional a SEDENA
¿Un golpe de mano? El anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que próximamente emitirá un “decreto” para que, por medio de “alteraciones” administrativas, la parte operativa de la Guardia Nacional (GN) se “integre” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y resignará a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), las funciones de justicia para reos que indebidamente purgan condenas en los diferentes penales del país.
La acción de parte del representante del Poder Ejecutivo Federal, a fin de superar la intervención del Poder Legislativo, que de entrada resulta inconstitucional y que pudiera recibir el favor del Poder Judicial para su validación y aplicación -similar en el momento a la reforma energética que fue rechazada en el Congreso de la Unión-, esta medida urgente de Palacio Nacional, no es “garantía” de que la inseguridad en territorio mexicano disminuirá y finalmente será abatida; es una nueva aventura que la Cuarta Transformación ofrece como la salida al grave problema.
Al filo de la navaja. Con esta propuesta que servirá para “rebasar por la izquierda al Poder Legislativo y colocar en serios aprietos al Poder Judicial, también lo hará con la SEDENA y la SSPyPC, las partes del gabinete con funciones fundamentales específicas. Esta actuación del presidente López, todavía no desvela la relación que mantendrá con las 32 entidades y sus municipios, la cual desde los inicios de agosto está en veremos. Se esperan reacciones de los titulares, General de División, DEM, secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y secretaria de Seguridad Pública federal Rosa Icela Rodríguez.
Mientras los especialistas sobre los aspectos que atañen esta decisión presidencial se devanan el caletre para expresar sus puntos de vista, los políticos de partidos opositores a Morena que gobierna la República han adelantado sus opiniones. EL PAN, vía su dirigente Marko Cortés, invitó a cuidar de México ante este intento de “militarización de nuestro país”, pues sólo las dictaduras tienen policías militares; “nosotros no somos una dictadura” sostuvo el conservador.
Agregó el panista “somos una democracia y tenemos policías civiles fuertes, capacitadas, estructuradas, bien pagadas y coordinadas”. Lo último, seguramente no lo aprobarían los guanajuatenses, cuyo estado viene ocupando durante 3 años consecutivos, primer lugar nacional por comisión de homicidios dolosos; suerte o escenario que está generando la migración forzada de la población y capitales a otros destinos, desde el vecino Querétaro hasta el extranjero, según se está divisando.
Los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, rechazaron la iniciativa presidencial para transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la SEDENA. La definición es que la corporación esté en el ámbito civil, sus mandos e integrantes, con una estrecha coordinación con las autoridades de los estados y los municipios”, marcaron en un pronunciamiento conjunto.
¡Fuera máscara!
“No falta el que se va ni sobra el que se queda”. Pero en esta cuestión de la GN, no habrá movimiento en realidad, sino la simulación porque los orígenes del organismo que funciona como Policía Nacional de los Estados Unidos Mexicanos está en el Ejército Mexicano, con su mando desde antes de su nacimiento el 26 de marzo de 2019, con la finalidad de ofrecer seguridad pública en cada una de las entidades federativas.
Se quiso aprovechar en primera instancia la infraestructura castrense en la conformación de la Guardia Nacional, incluido personal militar con experiencia en filas, que permitió ahorrar en adiestramiento, disciplina y relación con la población por los servicios que presta la SEDENA en casos de desastres. La GN se viste cual personal del Ejército Mexicano, marcha como soldado y procede como una milicia, entonces es parte de la SEDENA. Así fue creada y consolidada la fuerza con la que AMLO, pretende combatir la delincuencia organizada en el país. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que sea una “fuerza civil” pero se insiste que sea controlada por la SEDENA.
Topografía
Planimetría. A marchas forzadas
En los 46 municipios de la entidad, las y los alcaldes junto a sus equipos de trabajo laboran a marchas forzadas, pues por vez primera en el trienio, para la mayoría de las administraciones, han comenzado a preparar sus proyectos de ley de ingresos, además de perfilar el presupuesto para 2023 y, al mismo tiempo, la integración, calendarización y planeación de la presentación de su primer informe de gobierno.
Todos estos documentos deberán estar listos en septiembre, sí o sí. Los dos primeros para la revisión a detalle de la Tesorería y del alcalde, para que estén a punto y sean aprobados por sus Ayuntamientos en octubre, tomándose además las recomendaciones que les hizo el diputado panista, Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda en su gira -como candidato- por todo el estado; el informe, deberá rendirse ante los Cabildos y el pueblo del 1 al 30 de septiembre.
En este última planeación, los alcaldes no solamente deben ajustarse a su agenda, sino que deberán empatar su rendición a la agenda del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues muchos esperan tenerlo de invitado y la oportunidad de recibir un anuncio en su informe de alguna futura obra estatal en su plaza. Muchos de ellos, aspiran a tener, si no es el gobernador y con sabor a futurismo, a la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo o al secretario de Desarrollo Social y Humano, J. Jesús Oviedo Herrera. También hay los que esperan cualquier embajador de Palacio de la Presa, pues pocas veces ven al mandatario estatal por sus tierras.
Así las cosas, las invitaciones y propuestas para esta coordinación de agendas ya están en el escritorio de la Secretaría Particular del gobernador, la aduana a cargo de Juana de la Cruz Martínez Andrade, donde se palomea o se niega la asistencia del titular del Ejecutivo estatal.
Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con los 11 alcaldes del PRI, segunda fuerza política en cuanto alcaldía se refiere, forjando el compromiso de apoyarles presupuestalmente, pero también de acudir a sus informes. Se sabe que San Miguel de Allende, con Mauricio Trejo Pureco, ya lleva mano, pero las confirmaciones se darán en unos días más.
Donde ya hay certezas es en León, Irapuato, Celaya y Guanajuato Capital, municipios -todos con gobiernos panistas- donde se ha hecho una fuerte inversión estatal y el gobernador hará los honores con una suerte de microinforme estatal.
Ayer, por cierto, en León, donde estará atestiguando el informe de Alejandra Gutiérrez poco antes de que concluya septiembre, Sinhue Rodríguez, mostró cuánto desea que se vea el trabajo de su administración. Fueron finalmente más de 500 obras y 3 mil 600 millones de pesos los que se invertirán en lo que resta del año, con lo que la “Zapatera” tendrá una actividad inusitada de obra pública por todo su territorio. Se quiere para 2024 una ciudad renovada.
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