Toño Marún ya hizo del gobierno de San Pancho, un Club de Tobi. Discrimina a la oposición en su Ayuntamiento
Ya debería estar enterado el presidente de San Francisco del Rincón, Alejandro Antonio Marún González, que en el orden político municipal quien gobierna es el Pleno del Ayuntamiento y quien administra es el alcalde y su equipo de trabajo, por ello, resulta inadmisible que a un año de ejercer como alcalde haya una suerte de “apartheid” o discriminación ejercida por los funcionarios bajo su mando contra integrantes del Cabildo, a quienes no hace partícipes de entregas de apoyos, inauguraciones, entregas de obra pública y hasta de los beneficios de la difusión pública que, a fin de cuentas, pagan los francorrinconenses con sus contribuciones anuales, por el simple hecho de contar con una representación de los partidos diferentes al PAN, su instituto político.
La queja ya le fue formulada por los regidores de la oposición; esta vez, por mediación del regidor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Ricardo Carranza Vega, quien tuvo la generosidad de no encarar directamente al presidente Marún González en torno a la discriminación, pidiendo, en una reciente sesión del Pleno del Cabildo, se le informarse si había un acuerdo de este órgano colegiado en donde se indicase que sólo los miembros de la mayoría podían participar en eventos públicos a nombre del Ayuntamiento, ironía que no deja de ser “amable”.
Y es que además se pidió la comparecencia de la secretaria particular, Mayra Teresita Gordillo Gutiérrez, y de la titular de Comunicación Social, Ana Fernanda Ortiz Gómez, para que expliquen al Pleno del Ayuntamiento cuáles son sus procedimientos para invitar asistentes a los eventos, determinar quién actuará en representación del alcalde cuando no pueda asistir y bajo qué criterios se hace la difusión de los actos en los diferentes medios de comunicación, donde es notorio que en la información sólo se menciona a los panistas.
Ricardo Carrera Vega tiene los elementos para ir a fondo. Ambas funcionarias no se mandan solas. Obedecen necesariamente a las instrucciones del presidente municipal. Con base a las bitácoras y a los nombramientos de representación, que deben ir por mandato legal rubricados por el alcalde, puede establecer este “apartheid” y presentar una rigurosa queja ante la Contraloría Municipal y ante el propio Cabildo, para las tareas de fiscalización y se determine el uso político con fines partidario de la institución municipal, antes de pasar la queja ante las propias autoridades electorales.
Indistinto a lo anterior, la pregunta es por qué Alejandro Antonio Marún González actúa como alcalde de hace medio siglo, atropellando a sus compañeros de Ayuntamiento y hasta corriendo riesgos en el mal uso de los recursos públicos al sólo beneficiar a sus compañeros de partido político a través de su equipo de comunicación social, sin equidad ni pluralidad y ni tampoco transparencia.
La oposición en el cabildo francorrinconense tiene claro que esta forma de actuar también se realiza en otros aspectos de la administración municipal, como sucedió con la organización de la Feria de San Francisco del Rincón 2022, pues donde sin siquiera se tenía patronato ya se contaba con el cartel de grupos y solistas, de los cuales muchos ni siquiera llegaron a sus presentaciones y no ha quedado aclarado cómo estuvo lo de los pagos e indemnizaciones, todo manejado con sigilo desde la oficina de Toño Marún, quien al inicio de su segundo año de gobierno ya anda en plan de “Rey Chiquito”.
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Planimetría. No hay primera sin segunda.
Luego de erigirse en el primer Congreso local, el de Guanajuato de mayoría panista, en rechazar la reforma constitucional del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores), para extender la permanencia de las fuerzas armadas en tareas policiacas hasta el 2028, los integrantes del partido conservador PAN que gobiernan el estado deben de cerrar la pinza con un Plan de Ajuste en la materia que refuerce las actividades de las policías, estatal y municipal, como mandata la Constitución General de la República, vinculados a los militares y Guardia Nacional. No olvidar que deben transitar juntos el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Las respuestas inmediatas, una nueva concepción de seguridad pública donde deben revisar si los comandantes o secretarios del ramo, estatal y municipal, continúan o no, sobresaliendo Alvar Cabeza de Vaca, quien es un emisario del sexenio pasado que entregó cuentas pendientes por resolverse, al igual que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. Más recursos destinados a seguridad pública; crecimiento exponencial de los cuerpos policiacos, profesionalización del personal más allá de los exámenes de control y confianza, y la actualización del equipo como del armamento.
Una segunda respuesta del PAN de Guanajuato en franca oposición al presidente López Obrador, sería la Cruzada Albiazul para contrarrestar la caterva de críticas, glosas y advertencias de parte de la militancia del partido Morena, al panismo en los tres poderes del estado, si se permite, será parte del sitio a los conservadores en territorio guanajuatense que inició en la Sesión Plenaria del Jueves pasado, donde se discutió y votó en contra de la minuta federal de reforma por militares en las calles hasta el 2028; con gritos, sombrerazos y rechiflas se impuso el PAN con 23 a 13 votos. Luis Ernesto Ayala Torres coordinó la bancada albiazul.
Pues seguirán con mayor intensidad en el “ojo del residente” de Palacio Nacional, presidente Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios en el país, en especial los morenos en territorio guanajuatense con su club de los ocho diputados locales atomizados en tres grupos que en calidad de primera minoría “perdieron” la votación frente al panismo dominante. Los rojo marrón estarán muy pendientes de hacer los reclamos con alta intensidad para devolverle la atención al panismo en el gobierno local.
Sin descartar a los Diputados Federales y Senadores de la República con las ganas de reelegirse o que quieren nuevos cargos de elección popular donde el panismo que gobierna Guanajuato, es blanco de todos los errores, cargando lo suyo hasta de la oposición, máxime que existen pendientes de varios años especialmente el total de homicidios dolosos; será realmente cargarle el muerto al estado y no al Estado Mexicano.
A cada referente respecto de los hechos delincuenciales en la entidad, la bancada de Morena de inmediato alzará la voz para reclamar como recodárselo al panismos guanajuatense que están contra la actuación del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada. Ese San Benito no se lo quitarán los albiazules, escapulario que llevarán colgados hasta que los niveles de seguridad pública mejoren o de la inseguridad decrezcan.
Amén de la pretensión del panismo guanajuatense de “tratar de evitar” la militarización, los gobiernos, de la entidad dirigida por Diego Sinhue Rodríguez y de los 46 municipios deberán demostrar que con el apoyo de la GN, sin soslayar las actividades de las fuerzas armadas encaren la violencia e impunidad con bastante éxito desvelando un cronograma a fin de examinar los resultados en tiempo y forma tras la “Paz Social”.
Sin respuesta alternativa, técnica de éxito incluso para antes de 2024, la oposición del PAN a militares en las calles hasta 2028, quedaría en simple discurso oposicionista o una valentonada de los conservadores.
Si bien es cierto que un “NO” podría resultar “libertario”; sin embargo, en este caso existen responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, de proporcionar Seguridad Pública a todos los representados; además, integrados como Estado tendrán que actuar y salvaguardar el interés de la nación. No hay posibilidad de desacatar la norma pero tampoco que las entidades federativas y sus municipios delineen planes particulares y singulares que conlleve a la consolidación de los cuerpos policiacos como indican los organismos internacionales, en primera instancia la Organización de las Naciones Unidades (ONU).
Sin cambios en las actuaciones de los gobiernos de la entidad como de los 46 municipios, se podría suponer que no existen sanas intenciones de las autoridades en la ínsula blanco y azul por mejorar de una manera sustancial la provisión de seguridad pública a todos los guanajuatenses.
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