La tragedia del gueto de Ciudad Juárez, Chihuahua, tocó la política de la 4T de AMLO. Los 39 migrantes.
Recurso de la Metodología o Estrategia. A la Federación francamente se le está complicando “atender la tragedia” en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, el gueto del Instituto Nacional de Migración donde fallecieron calcinadas 39 personas y resultaron heridas 20 de diversos países de Latinoamérica. Una cuestión que pudo atenderse lisamente, sin embargo, en este país en donde la campaña política-electoral es la constante; todo problema “se procura evitando” que la responsabilidad afecte a alguna “corchalata” aspirante a la candidatura presidencial por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En esta ocasión, la responsabilidad le corresponde al “migrante en su país”, tabasqueño y titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Adán Augusto López, quien quiso sorprender como enredar las pitas, porque dio el primer golpe, al señalar que la cuestión migratoria con base a un decreto emitido por el presidente López Obrador, atañe a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard Casaubón; con esa jugada, López Hernández, pretendió madrugar, pero le salió el tiro por la culata pues se le adelantó a su amigo AMLO y reveló que se había precipitado.
La tragedia podría, aunque no quiera el presidente A.M. López Obrador, alcanzar ineluctablemente a sus “corcholatas” porque la desdicha de las personas que buscan el sueño americano, de las familias de migrantes que cruzan por la República Mexicana cargadas de grandes verdades, se enfrentan a la política de un gobierno que los “alienta un tiempo” y posteriormente militariza su país para rechazarlos.
Mientras el representante del Poder Ejecutivo aseguraba este miércoles que se están realizando todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió en el incendio hay versiones, tenemos la información preliminar “pero queremos tener todos los elementos sobre el suceso en la versión del gobierno federal", comentó el representante.
Además, el presidente López Obrador comunicó “a familiares de las víctimas y gobiernos de los países de donde eran originarios”, que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, formalizar las investigaciones de la tragedia- incendio en que murieron 39 migrantes para precisar responsabilidades, como castigar a quienes actuaron mal puesto que “¡No habrá impunidad! ¡Ni se van a ocultar los delitos!”, atestiguó el residente mexicano de Palacio Nacional.
Si las diversas instancias del gabinete legal de la Federación incluida la autónoma Fiscalía, consideran el hecho algo simple, hasta accidente; sin embargo, en el exterior, esta tragedia concierne a la política que en materia migratoria se está aplicando en el sexenio de la 4T. Ante la tragedia del mortal incendio en la estación del INM de Ciudad Juárez, agrupaciones sociales no estatales en América y Europa exigieron “un alto a la militarización de México y al involucramiento de la Guardia Nacional (GN) en las diversas tareas que implican el control migratorio”.
El hecho de Juárez en el norte del país frontera con los Estados Unidos, tan delicado en el ámbito internacional, el Papa Francisco, fue el primero en llamar la atención, cuando ofreció sus oraciones por “los migrantes que fallecieron ayer en ese trágico evento en Ciudad Juárez, México para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a sus familias”.
Los opositores al partido en poder de la República Morena, encabezada por el partido conservador Partido Acción Nacional (PAN), exigieron la renuncia inmediata de tres altos funcionarios federales, los secretarios y suspirantes presidenciales, de Gobernación Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), guanajuatense Francisco Garduño Yáñez, por la tragedia en el gueto o la llamada estación de Ciudad Juárez, Chih.
Por cierto, Pancho Garduño Yáñez, el comisionado del INM, es originario de Acámbaro, Guanajuato, que trabajó en las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Pesca, entre 1972 y 1982. Luego, en Pemex y la PGR. Entre el 2002 y 2006 lo nombraron secretario de Transporte de Andrés Manuel López Obrador, cuando éste fue jefe de Gobierno del Distrito Federal; además de la amistad de tiempo, caminaron juntos con José López Portillo.
A propósito de la dimisión del comisionado del INM, Francisco Garduño que podría resultar el sacrificado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tabasqueño que pretende sustituir a su paisano; durante la mañanera de ayer los perversos de la presa preguntaron al presidente si removería al titular del INM, López Obrador, dijo que habrá de esperar “el saldo del informe”, de paso acusó a los medios de comunicación que quisieran que se actuara de forma sumaria. Completó su clásica glosa de ayer con: “Tenemos que conocer lo que sucedió”.
La respuesta del presidente sobre la dimisión de los altos funcionarios es el tema de esta cuestión; por lo pronto del Guanajuatense, licenciado en Optometría por Instituto Politécnico Nacional que cursó derecho en el área de ciencias penales y criminológicas en la UAM, se salvó, pero sigue en la cuerda floja por el asunto de orden internacional y delicado.
Al calce. Se espera que esta tragedia no quede como los 26 muertos de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la causa de Claudia Sheinbaum.
Topografía.
Altimetría. Cosa de Estado
Por segunda vez en lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por decisión de su Consejo Técnico, ha otorgado un nuevo hospital al estado de Guanajuato. El primero a Salamanca, gobernado por un ahijado del presidente de la República, el morenista César Prieto Gallardo; el segundo, ayer, a un municipio gobernado por Alejandro Navarro Saldaña, del PAN.
Ambos hospitales, de la mayor importancia e inversión, estarían siendo entregados para disfrute de la derechohabiencia de esos municipios y aledaños, hacia finales del 2024, como ha anunciado el director general del IMSS, Zoe Robledo. En el caso de Guanajuato Capital, la inversión será por mil 199 millones de pesos, 789 millones para la construcción del hospital y 409 millones para equipamiento.
El proyecto fue impulsado desde la administración de Edgar Castro Cerrillo, pero por fin pudo destrabarse luego de que en la semana pasada estuviera en las oficinas administrativas del IMSS el alcalde capitalino, Navarro Saldaña, para finiquitar la entrega legal de tres hectáreas al IMSS por parte del Ayuntamiento capitalino. La obra además de beneficiar a los afiliados de Guanajuato Capital, unos 80 mil, también dará servicio a los municipios de Dolores Hidalgo, San José Iturbide y San Luis de la Paz, entre otros.
Sin embargo, queda pendiente la cereza del pastel, la entrega de un hospital de tercer nivel para la ciudad de Irapuato, que atendería a una amplia población del corredor industrial del Bajío: derechohabientes de Irapuato y Silao, sedes de las múltiples empresas de primer orden internacional, así como a la población de Romita, Abasolo, Pueblo Nuevo, Cuerámaro y Pénjamo.
Irapuato, antes que Guanajuato y Salamanca, solicitó ese hospital y fue compromiso presidencial desde el mandato del priista Enrique Peña Nieto. Siendo la salud pública la obligación de Estado, los irapuatenses mantienen su esperanza en un sí en las próximas semanas.
Para el gobierno federal, sobre todo desde la lógica de que hasta ahora la 4T no ha entregado obras de infraestructura relevantes en el estado de Guanajuato, la instalación de hospitales del IMSS, que además atenderán a población no afiliada, desde el modelo IMSS-Bienestar, significa mostrar que a fin de cuentas si hubo atención de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a un estado que siempre ha sido su opositor.
De entregarse un tercer hospital, en la segunda ciudad más grande del estado, la resonancia de lo hecho por la 4T por Guanajuato será potente, máxime si la entrega se hace en 2024, en tiempo récord, cuando se elija nuevo presidente y gobernador. Morena no llegará con las manos vacías ante los electores.
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