Y ora por qué los militares. Teniente Coronel recluido por el hackeo de Guacamaya Leaks a la SEDENA
¿Justos pagan por pecadores? Hace algunas semanas quien impone la agenda nacional diariamente, comunicó que no habría investigación alguna o sanción por el ataque cibernético sufrido por la SEDENA por parte del grupo Guacamaya Leaks. Fue el 2 de octubre cuando AMLO dejó en claro que esa etapa había sido superada; sin embargo, durante la primera semana de marzo, sobrevino la información clave que cambió el comportamiento del residente de Palacio Nacional. Un teniente coronel detenido y recluido. Por cierto, al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ese hackeo lo liberó de la sospecha de andar con el narco.
La revelación, el general titular de la SEDENA Luis Cresencio Sandoval, llevó a cabo una misión especial en plena pandemia provocada por la COVID-19, que consistió en llevarle durante el 2021 medicamentos a José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente, Andrés Manuel López Obrador, los cuales, como se asegura, no estaban autorizados por gobierno federal y tampoco estaban disponibles para la población.
La aplicación del antiviral “Redemsivir” a López Beltrán atendido en el Hospital Central Militar, resultó un gran escándalo nacional que sirvió para devolver al presidente López la atención de que en su gobierno si había privilegios y privilegiados. Un medicamento con costo de 40 mil pesos; pero no estaba autorizado por la Cofepris para uso del pueblo, se entregó a la familia presidencial. Se aseguró que la revelación era parte del paquete de datos que el grupo Guacamaya Leaks, había extraído por medio del hackeo de la SEDENA.
En la lógica del que “manda, manda y si se equivoca vuelve a mandar”, el macuspano sorprendió cuando en el arranque de la presente semana, se participó que un teniente coronel de la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Jesús “N”, fue detenido debido al hackeo de los activistas Guacamaya Leaks contra el Ejército Mexicano, en el que extrajeron miles de documentos clasificados entre los que sobresale lo tocante con la salud del presidente López Obrador.
Y lo que le sigue. Con base al comunicado de la SEDENA, el ingeniero militar en informática está recluido en la prisión del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, acusado de infracción a los deberes militares, en la modalidad de pérdida de información militar de parte de la Fiscalía de Justicia Militar ¿Por una instancia autónoma de la SEDENA como de la presidencia de la República? Como sea, se sospecha que más Jefes y Oficiales sigan el mismo destino del teniente coronel derivado de una investigación hecha por la FJM para detectar omisiones del personal a cargo del sistema informático de SEDENA. ¡Guacamayos, bien gracias!
De la situación se podría concebir que el gobierno de la Federación, de la 4T tiene respuesta inmediata para todo; apoyado en los titulares del Gabinete Legal y Ampliado, conseguir culpables como en este asunto; el secretario, general de división de cuatro estrellas, DEM, Cresencio Sandoval, obedeció con detener y encarcelar a su personal cuando en Palacio Nacional hubo molestia porque de esa información hackeada se conoció, hubo atención privilegiada para el hijo mayor del presidente.
La tendencia con las detenciones de militares, como fue señalaron por sus familiares, militares jubilados, exmilitares y seguidores, el gobierno federal está actuando contra quienes “cumplen con sus obligaciones”.
El 12 de marzo pasado, amén de la defensa en varias ciudades del país con la marcha en defensa del personal del Ejército presuntamente implicados en la muerte de cinco jóvenes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los manifestantes también sospechaban que el alto mando militar podría seguir con las detenciones con la finalidad de justificarse.
A las fuerzas armadas no sólo se les están asignando más tareas que no les corresponden; ampliaron el periodo para que realicen actividades policiacas hasta 2028; y les dieron un sin número de responsabilidades de las cuales cuando se pidan cuentas podrían ser culpables por fallas. La inseguridad que no cede en las 32 entidades federativas en donde las milicias continúan la estrategia abrazos no balazos; ojalá que a la hora de pedir cuentas que vendrá; no paguen "justos por pecadores".
Al calce. Antes de la revelación de la información obtenida por el grupo Guacamaya Leaks, desde Palacio Nacional, AMLO, señalaba como una constante al fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, de ser responsable de la violencia e impunidad en la entidad en donde gobierna Acción Nacional; el presidente también señaló que el aumento de la criminalidad, posiblemente se debía a la tolerancia del fiscal; pero con los datos de Guacamaya Leaks se conoció que no tenía relación y el silencio se hizo, sobre esos puntos, sí, en el Palacio Nacional.
Topografía.
Planimetría. Zapatero a sus zapatos.
Relativamente "bajo control" la pandemia de COVID-19, pronto las falencias de nuestro sistema de salud aparecen y lo hacen donde está el origen y solución de los males: en la prevención, traducida en este caso, en higiene, sea privada o pública.
Daniel Alberto Díaz Martínez, embebido un tanto en los logros del sistema estatal de salud, mejor organizado y abastecido que el INSABI, que pronto será relevado por la 4T por el IMSS Bienestar ante su evidente fracaso en la salud pública federal, puede encontrar escenarios complicados este año en Guanajuato en su titularidad de la Secretaría de Salud ante la emergencia de otras amenazas, como la aparición de dengue; el aumento de víctimas de picaduras de alacrán; o hasta una infausta y fantasmal plaga de chinches asolando a los celayenses. Sin olvidar, claro, las evaluaciones en torno a los problemas de hepatitis en infantes, el regreso de casos de sarampión y el astronómico aumento de las enfermedades gastrointestinales durante la temporada de calor.
Bajo el riesgo de ser ensordecido por el "Canto de Sirenas" que le ensueñan para que ocupe una candidatura a un puesto de elección popular, como en otros tiempos también le sucedió al llamado zar anti-COVID, Hugo López-Gatell, al que los muertos por el coronavirus se le siguen acumulando a la puerta de su oficina, Díaz Martínez debe poner énfasis en la preparación constante de la población para enfrentar los riesgos de salud pública, sobre todo, reeducando en higiene y la revisión preventiva.
La celebración ayer, en León, de la Primera Jornada Nacional de Lucha Contra las Arbovirosis, o enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas, ha servido para informar que en América Latina ha crecido el número de casos de enfermedades asociadas a estos insectos, siendo 90 por ciento de ellos por dengue. En 2022 hubo 3 millones de infectados, 118 por ciento más al registrado en 2021. Las causas son multifactoriales, pero sobresale el cambio climático como factor para entender la expansión del problema en latitudes en donde antes los mosquitos no anidaban.
Hasta este momento se han registrado 15 casos de análisis en Guanajuato, siendo positivo uno, el cual habría sido contagiado en Quintana Roo. Pero apenas comienza el año. Por ahora, la SSG tiene detectado que Abasolo y Salamanca concentran la mayor cantidad de mosquitos transmisores del dengue.
El evento, que reunió a personal del sector salud y a algunos estudiantes y maestros, para reconocer la labor de las brigadas de detección y fumigación contra mosquitos, compartir datos y llamar a la prevención en la población, en los hechos resulta difuso para las mayorías, que ni se enteran del asunto.
Al igual que en los demás casos, se necesitan campañas de mayor intensidad y penetración social. Casi, casi, como las que sirven para tratar de posicionar a un posible candidato en el imaginario colectivo.
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