Articular la pacificación de Irapuato junto con la sociedad civil, aspiración municipal; se requiere armonización interna
El problema de la inseguridad en Irapuato no puede solamente enfrentarse de forma aislada por el gobierno municipal, por ser multifactorial y porque, a fin de cuentas, el suministro de la seguridad pública siendo obligación del Estado, lo deben hacer los tres órdenes de gobierno: Federación, autoridad estatal y municipio. Tampoco debe soslayarse que ante la crisis que actualmente se vive, donde la mayor parte de la violencia se ejerce por parte de la delincuencia organizada, es necesario un frente social que permita encarar el fenómeno.
En un giro de atención al problema, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Gobierno del Estado y la propia ONU con su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, además de consultores internacionales, ha definido ya una ruta para enfrentar la inseguridad y, de paso, la percepción que afecta a la segunda urbe más importante del estado; por ello, como uno de los mecanismos a emplearse, anunció ayer por la tarde la celebración, a partir del 30 de enero y hasta el 8 de marzo, una serie de foros y encuentros bajo el título “Diálogo por la Paz” con organizaciones de la sociedad civil, como agrupaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de padres de familia, magisterio, líderes religiosos y medios de comunicación en aras de nutrir los esfuerzos de lucha contra la inseguridad.
Tras este paso, se espera firmar el 21 de marzo un “Acuerdo por la Paz” donde cada sector participará con las medidas que emanen de los diálogos y que coadyuven con la estrategia que se ha implementado junto con las fuerzas armadas y estatales para la seguridad pública.
El gobierno de Lorena Alfaro, por medio de su secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, reconoció la profundidad del problema de inseguridad que viven los irapuatenses y el daño colateral que deja la percepción que se tiene de Irapuato como una urbe violenta y que necesita de la población para dar un giro radical al asunto.
La esperanza es que los “Diálogos por la paz” vayan más allá de la catarsis y se genere una sinergia de colaboración entre las autoridades y ciudadanía en pro de la pacificación del municipio.
También se necesita la ayuda en casa
Y mientras la presidenta municipal se echa en el hombro a la ciudad para enfrentar la violencia, ya va siendo hora de que haya solidaridad al interior de su equipo y también le resten problemas.
Resulta que, en la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Rodolfo Gómez Cervantes, se está revisando qué sucede en torno a situaciones de acoso sexual y laboral que le fueron denunciadas y donde se establece una presunta responsabilidad del director general de Asuntos Jurídicos, bajo su mando, Fabián Ochoa Sánchez, quien al parecer ha comenzado a acumular quejas por acoso en su contra.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro, tiene como política central, en estos casos, otorgar "credibilidad inmediata a las víctimas". Las mujeres cuentan con el respaldo de la alcaldesa, por lo que se ha pedido una inmediata revisión al asunto. La alcaldesa, en el asunto, ha determinado que no puede haber "impunidad" y se actuará conforme a derecho.
Así las cosas, Gómez Cervantes tiene en sus manos la atención al problema y se espera que no haya proteccionismo hacia Fabián Ochoa Sánchez. Como el tema no caminó con la diligencia necesaria cuando la queja se presentó ante él, nos revelan, fue entonces que la información llegó directamente a la oficina de la Presidenta Municipal, desde donde se ordenó la atención a las víctimas con base a todos los protocolos de la protección que mandatan las normas para las denunciantes. El secretario debe rendir cuentas claras pronto o el tema puede escalar.
La promesa de la alcaldesa es hacer cumplir la ley, en lo que a su competencia corresponde. Todo ello, de forma independiente al curso legal que las víctimas determinen.
En este escenario, se espera que el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, comprenda que en estos casos la rapidez y seriedad de la atención, es un primer deber que cumplir. No cabe la violencia contra las mujeres entre sus colaboradores
Topografía.
Altimetría. Juicio de GGL, Calderón y Nación.
Las hebras a seguir para alcanzar a la madeja conocida como crimen organizado se empezaron a vislumbrar durante el Juicio del Año que se le sigue en Los Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por cuatro delitos: conspirar, traficar, como distribuir droga en la Unión Americana y falsear declaraciones. Se espera que de las pruebas que descubran los testigos de la Causa García Luna emerjan elementos suficientes a fin de ampliar la investigación oficial hacia otros funcionarios en el territorio mexicano.
Aunque cabe mencionar que la información que vaya emergiendo de las declaraciones, necesitará del análisis del servicio de inteligencia que pueda constatar o verificar las incidencias para ser materializados en un Plan de Acción del Estado mexicano en su lucha contra la criminalidad. Se requiere antes que nada la voluntad política como de sistematización para aprovechar los referentes que todavía pueden ser de utilidad en la campaña de las Fuerzas Militares con las policiacas por la “paz social”.
No se descarta la reacción de la Federación, harto visible en la mayoría de las 32 entidades federativas, aunque todavía no se vislumbra tamaño ni efectos; pero será aprovechado para los fines políticos durante 2023.
El llamado “super policía” que cubrió todo el sexenio del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2012, resulta un referente de los gobiernos, mexicano y estadunidense durante el proceso.
Indistinto de la decisión del tribunal, esta trama colocó el Régimen Político Nacional en el Ojo del Huracán. Amén de que el partido conservador PAN podría salir salpicado con el Tsunami porque siendo García Luna parte del Gabinete Legal del segundo panista que se hospedó en Los Pinos se relacionó con jefes de narcotraficantes.
De entre las cosas que se declararon en la audiencia del pasado lunes 23 de enero, destacaron los presuntos “sobornos” de los que fue objeto Genaro García Luna por parte de jefes narcotraficantes en “retribución” a dejarlos operar; se agregó a la afirmación siete nombres de los líderes del Crimen Organizado; de esos acuerdos en la misma tesitura se vehiculizó que con el poder del exsecretario de Seguridad hubo restructura en las plazas.
Con base a la detención de García Luna en Estados Unidos el pasado 10 de diciembre de 2019, específicamente por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa; el narco-testigo, desarrolló que esa organización criminal consiguió conquistar más territorios de la República, agregando a sus primeros cuatro estados, once más, un resultado de la relación entre la Federación-Organización criminal.
En este proceso de ampliación de la demarcación del Cártel norteño, adhirieron al estado de Guanajuato, siendo gobernado entonces, por los referentes, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien junto a su entonces presidente Felipe Calderón, presumieron que construirían una Segunda Refinería en Salamanca y para eso la Administración estatal, se la pasó “lucrando” con terrenos por medio de una empresa privada.
La acción penal en contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García, le sirvió al gobierno mexicano de la 4T para pretender recuperar 700 millones de dólares que resultaría de la demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra 39 empresas y fideicomisos que pertenecen al indiciado o en los que participa con sus allegados, según comunicó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien aclaró que el dinero que se está reclamado la Federación están vinculados a los contratos públicos de diversos rubros.
Se recuerda que tres meses después de la toma de posesión de García Luna como titular de la SSP de México, presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia ante el presidente Felipe Calderón el 7 de marzo del 2007; un Eje de esa Metodología del Nuevo Modelo de Seguridad incluía, homologación de procedimientos y estructuras institucionales; puesta en marcha de un sistema operativo que incluía el combate y prevención del delito mediante la participación ciudadana; en la Guerra de Calderón contra narcos, el respetable se pitorreó de esa inclusión, pedir a la población denuncie sin protección.
Comments