¿Causa penal contra alcalde de San Diego de la Unión? Juan Carlos Castillo Cantero, falseo testimonio ante la autoridad
Es posible que el presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, haya cometido un error cuando creyó ser más listo que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y descaradamente mentir al afirmar que no tenía conocimiento de una recomendación que le hizo la PRODHEG y, por ende, él no se había negado a acatarla.
Argumento totalmente contrario a la lógica del procedimiento impulsado por la procuraduría a denuncia de la ciudadana a quien el alcalde violó sus derechos humanos, siendo ella regidora en la administración municipal 2015-2018 y él alcalde; la PRODHEG pudo, tras investigación, corroborar hechos y por ende hacer su recomendación. El propio Juan Carlos Castillo, con fecha del 24 de noviembre del 2017, presentó un primer informe sobre el caso, firmando de su puño y letra el escrito. Así que conoció desde el primer momento el expediente.
Terminados los tiempos que marca la ley para la aceptación o negativa a aceptarla por parte del funcionario, del cual obran oficios, el procurador Vicente de Jesús Esqueda Méndez agotó el recurso de solicitar al Congreso Local que llamara a cuentas al funcionario para que explicara sus razones por las cuales no aceptaba su recomendación.
De todo el procedimiento hay documental de apoyo, donde obran respuestas del alcalde, seguimiento de la sindicatura del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, como representante legal del mismo; y más. Así que es imposible que el alcalde no conociera del expediente como aseguró (mintió).
Ante el recurso, la PRODHEG acepta que, en efecto, ante lo establecido en la norma, en cuanto a la recomendación se refiere, no existe disposición legal que prevea las consecuencias sobre el actuar del Presidente Municipal y que debe haber modificaciones en el sistema que hagan que ante las violaciones a los derechos humanos haya consecuencias para la autoridad que las cometa.
Lo que si se tiene en la mira es falso testimonio del alcalde Castillo Cantero. Mintió abiertamente ante una autoridad competente en el caso, como es el Congreso del Estado. El título tercero de los delitos contra la administración pública del Código Penal señala en el artículo 255: “A cualquier persona que en la promoción, declaración, informe, peritaje, traducción o interpretación que haga ante la autoridad competente se conduzca falsamente, oculte o niegue intencionadamente la verdad, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 20 a 80 días de multa”.
Hay una excepción, que señala el propio artículo: “Lo previsto en este artículo no es aplicable a quien tenga el carácter de inculpado”. Y de acuerdo a varias opiniones, Juan Carlos Castillo Cantero no es un inculpado, por el tipo de procedimiento que se le ha seguido, ajeno al orden penal, pero si incurrió en falsedad ante la autoridad.
Por ende, habría elementos para solicitar a la Fiscalía General del Estado, tanto por parte del Congreso del Estado como de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se proceda penalmente en su contra y de paso, iniciarle un proceso de revocación de mandato por la manera en que se ha conducido.
El presidente municipal de San Diego de la Unión, con antecedentes reiterados de violación de derechos humanos, y su “show” en el Congreso del Estado la semana pasada, resulta todo lo contrario a lo que los ciudadanos esperan de un servidor público y a lo que la ley les exige a estos en su actuación.
Juan Carlos Castillo Cantero, quien ocupa por segunda vez la presidencia municipal sandieguina, esta vez por las Redes Sociales Progresistas, se ha convertido en el retrato del abuso del poder y del cinismo, sin demeritar el hecho de que contó con la complicidad del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el morenista David Martínez Mendizabal, quien le dejó hacer y deshacer a su antojo en la comparecencia, faltando a sus responsabilidades como representante popular y hacer el papel de un mero oficina de oficialía de partes.
Por eso, tanto en el Congreso del Estado, como en la Procuraduría de los Derechos Humanos, existe la convicción y coincidencia de que es necesario no dejar pasar este episodio como algo anecdótico, pues no lo es, en la medida de que una ciudadana no encontró satisfacción del Estado ante la violación a sus derechos humanos y que el propio Estado ha sido burlado de manera grotesca y hasta bufona por un alcalde que gusta de ser centro del espectáculo.
Topografía Política.
Agrimensura. Movimiento atascado
El movimiento que ha venido conduciendo Andrés Manuel López Obrador desde el 02 octubre del 2012, este el 18 de marzo, en pleno Zócalo de la Ciudad de México, informó que había caído en el “estatismo” pues el cabecilla, residente de Palacio Nacional, compendió que su papel sería mantenerse en el poder y no el mantener la lucha social para la resolución de problemas de los mexicanos. Frente a su público de más de cien mil asistentes, “hizo cera y pabilo” de sus opositores o quienes piensan diferente, en ese sentido contra la libertad de expresión; amén de exhibir un México nuevo como su último impacto mediático de la 4T.
El anuncio del presidente, del “peje”, que se cristianizó en simplemente AMLO, engoló la voz para disponer ¡El pueblo no traiciona! Después la sentencia lapidaria a los distintos: “Hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas… Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia”. Faltó el detalle de la 4T. Con la derrota de la perpetuidad de mini partidos o chiquillada aliada a Morena, su final, en el plan de Palacio, serán absorbidos por el guinda.
A su manera el dirigente social que cambió la residencia de Los Pinos por el Palacio Nacional, sobre el 2024 reveló seguro: “está garantizada la continuidad con cambio, no hay nada qué temer”, de paso agregó, cualquiera de los suspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir candidato de su movimiento: “aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación”. ¿El otro maximato? O sea, Jefe Máximo del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
En el Aniversario 85 de la Expropiación Petrolera llevada a cabo por el presidente, general, Lázaro Cárdenas del Río, el actual presidente de la República emanado de MORENA, pretendió reinscribir la historia del país, por medio de una ruptura enviar de una vez por todas al general Cárdenas del Río a un rincón de la historia, incluida familias: Cárdenas Solórzano y Cárdenas Batel, a Lázaro, el nieto del prócer AMLO lo corrió de su gobierno, era Jefe de Asesores de la Presidencia, pero “renunció”.
Mientras tanto, la oposición temerosa transita por consolidar un frente contra el partido en poder de la República para las presidenciales del 2024. En el momento, realizan un ensayo con la finalidad de fundar la Alianza Nacional “Va Por México” con la cual competirán los partidos políticos PAN, PRI, PRD y fuerzas locales durante los comicios de junio de 2023, para utilizar esa inercia rumbo al próximo año por la grande y las nueve gubernaturas en juego aparece la joya de la corona, el estado de Guanajuato gobernado por al PAN en donde AMLO todavía no gana.
En los estados de México y Coahuila, la alianza durante el fin de semana consolidó sus candidaturas, antes, la triada tenía a Alejandra del Moral en el Edomex, cerró con la toma de protesta de Manolo Jiménez como el abanderado del PAN en el estado norteño. La señal de que la alianza será el sino de los institutos políticos, albiazul, tricolor y el amarillo-negro desde ahora, seguramente no habrá lugar para fraccionales, gobiernos de coalición, es la tentación en un principio y el éxito en 2024 después.
En Guanajuato los panistas cada día están más cerca de la alianza que de la línea independentista del dirigente estatal, Eduardo López Mares, “Lalito” quien pretende la candidatura del PAN a la alcaldía de Irapuato; el factor que más está pesando consiste en la postura de AMLO con su partido Morena rumbo a las próximas elecciones que buscarán obtener los cargos de elección popular y lugares en los organismos autónomos, en meses la presión contra el poder estatal se estará superlativizando.
La petrolización
Después de descalificar al maderismo porque no contó con base social, que si tiene su movimiento anclado en Palacio Nacional y la esperanza ciega en la paraestal PEMEX, mientras tres de sus “corcholatas”, Claudia, Adán y Marcelo, lucían al frente y el senador Ricardo en un corralito las promocionaban, el presidente López Obrador se lanzó con la revelación: “En 2024 no vamos a comprar petrolíferos al extranjero”. Posterior a ello vinieron los resultados de sus programas de gobierno, aunque todavía la inseguridad, violencia e impunidad, siguen en franco crecimiento; mientras el fentanilo los está haciendo un lado por un rato.
Las condiciones de pobreza y pobreza extrema continúan de acuerdo con la información de la INEGI, la tendencia es al alza, más pobres en el país al cierre del sexenio. Sin embargo, esos problemas viejos como los nuevos durante el sexenio, tendrán que esperar porque la lógica en ánimo de la Federación es causar “impacto mediático”. Por cierto en los medios están emergiendo con mucha fuerza la actuación de las Fuerzas Armadas en la captura de fentalino y sus derivados, antes no era tema.
Mientras la realidad nacional se revela día a día pasando por las puertas de Palacio Nacional, la Federación -movimiento hecho gobierno- está consciente ahora de que su papel es mantenerse en el poder porque su cabecilla ha insistido en la cuestión, el ejemplo de “abrir frentes” contra sus opositores, es contra la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, quien fue atacada por los seguidores de AMLO en la magna concentración del pasado sábado.
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