Recordó el presidente López Obrador que deberá de resolver el grave problema de inseguridad del país.
En el cierre de las vacaciones de Semana Santa y Pascua el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante las protestas de los familiares de víctimas y colectivos de búsqueda por la inseguridad y desapariciones de personas, a las que se adhirieron los sectores sociales del estado de Zacatecas, respondió que “entiende muy bien la preocupación y la desesperación que tienen las familias por sus desaparecidos” y que su gobierno frente a ello está consciente de que “la violencia daña mucho”.
El mandatario nacional aprovechó la coyuntura local para ampliar su respuesta, el viernes de la semana pasada en el municipio de Fresnillo, donde supervisó el Plan de Salud IMSS-Bienestar. Al comunicar que tiene “mucha confianza y fe de que vamos a resolver el problema de inseguridad del estado y del país”. Frente al sufrimiento de las familias de desaparecidos, el residente de Palacio Nacional, recordó que la violencia y la impunidad dominan este país, prometió terminar con ellas.
Al par de años que prometió AMLO que resolvería la inseguridad en México, lo cual desveló en campaña, toma de posesión en diciembre del 2018 y en el ejercicio del gobierno, es el gran pendiente, un gran rezago de la 4T. A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les mandata a los gobiernos suministrar seguridad pública en “una acción vinculada”, los tres niveles simulan que trabajan de manera conjunta, todavía están muy lejos de actividades conexas porque la Federación no consigue esa vinculación.
A partir de este lunes, las campañas para los comicios de junio en los estados de México y Coahuila se intensificarán y será la inseguridad el tema principal, pero también el grave problema que levantará las críticas más severas sobre los desempeños de los gobiernos actuales; además de que la propuesta para suministrar seguridad pública podría servir a los candidatos a cargos de elección popular para apuntalar su campaña.
Por la tarde del sábado, se informó que 20 personas armadas atacaron el balneario “La Palma”, dejando en la incursión siete personas muertas, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. La necia realidad se imponía, el escenario en territorio nacional es de inseguridad y a pesar del "gran despliegue" de fuerzas en particular de la Guardia Nacional, anunciado por el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval como las autoridades estatal y municipal para proteger a los visitantes en los centros de recreación, la delincuencia se impuso en cierto momento.
En estas condiciones en territorio nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la presentación de cargos contra veintiocho integrantes, se indicó, del poderoso cártel de Sinaloa, entre ellos los tres hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. El comunicado suscitó después del acuerdo trilateral entre los gobiernos de México, Canadá y de USA, para afectar la cadena de suministros del fentanilo, precursores químicos hasta máquinas tableteadoras con las que maquilan píldoras.
En el Comité Trilateral sobre el fentanilo de alto nivel, los tres países del T-MEC que entró en vigor el primero de julio de 2020, sobre el convenio contra el opioide, sentaron que coordinarán “acciones internacionales” para coadyuvar a la movilización de otros países que también están siendo dañados por drogas sintéticas como metanfetaminas, captagon, tramadol y otras. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y el titular de Sedena, Cresencio Sandoval, tendrán que transmitir a las 32 entidades federativas estos arreglos internacionales para el trabajo conjunto que se va a requerir.
La profesionalización de las fuerzas policiacas, estatales y municipales, deberá de continuar como de la Guardia Nacional que se presume es el “Ejército de Salvación” que se envía a los diversos municipios con el fin de apoyarlos; sin embargo, todavía, no se ha consolidado ese refuerzo ni se ha reflejado en resultados positivos esperados, pues la GN está en vías de convertirse en fuerza confiable, capaz de atender los estados y municipios en las cuestiones que requieren como reacción, respuesta a los problemas y operar para producir la prevención en los territorios.
Se podría aseverar, cuando faltan solamente 17 meses de que concluya el sexenio 2018-2024 que comparten López Obrador con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, la tarea de pacificar el país y las entidades y de proporcionar seguridad pública a los pobladores se mira compleja, por decirlo de alguna incluso trampeando resultados, o enredando la numeraria para seguir con los "impactos mediáticos" en la lógica de que los delitos como los asesinatos aumentan o disminuyen; suben o bajan para recrear la autoridad que enfrenta a la delincuencia.
Las condiciones que generan la inseguridad y de paso la injusticia están relacionadas con la especie de control que vienen ejerciendo los grupos o cárteles en las diversas regiones, aunque con las interpretaciones silvestres u oficiales, se insista que intervienen los factores familiares, escolares y relaciones de pares durante la consumación de los delitos.
Los tres niveles de gobierno en su trato a la inseguridad parecen olvidar que es con el crimen organizado y sus organizaciones sociales, las que cierran carreteras, incendia vehículos y realizan asaltos a los comercios para responderles a las autoridades cuando actúan contra los cárteles.
Al calce. En el estado de Guanajuato, pueblo y gobierno que encabeza, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “están esperando” que el presidente López Obrador les cumpla con la entrega de la Estrategia de seguridad exclusivamente para el corredor industrial del Bajío. La promesa la hizo AMLO en diciembre del 2022 a fin de “atender las causa de la violencia”.
Topografía.
Agrimensura. Fue el Estado
La madeja todavía no está desenredada. Sigue siendo un misterio aún qué pasó con las 23 personas que fueron privadas de su libertad en el estado de San Luis Potosí tras de salir del municipio de San Felipe del estado de Guanajuato. No hay elementos claros, ante la opinión pública, que precisen si realmente todos eran de comunidades guanajuatenses, había migrantes centroamericanos en la caravana, en dónde están y si alguno ha sido encontrado. Todo ha sido especulación al momento.
También, no ha quedado al descubierto, del todo, la red que trafica con personas para llevarlas a los Estados Unidos, ni quiénes son los “secuestradores” que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntos responsables de la privación de la libertad de más de 100 personas halladas en el desierto potosino, a quienes se les pedía por dejarlos libres y en su ruta a la Unión Americana la cantidad de 60 mil pesos. Los detalles de la presunta colaboración Federación-San Luis Potosí-Guanajuato para llegar al fondo de esto, tampoco salieron a flote en la semana que transcurrió.
Lo que si queda claro es que el alcalde de San Felipe y militante del Partido Verde, Eduardo Maldonado García, quien aseguró estaban bien los “23 desaparecidos” el mismo día en que no se supo más de ellos y luego no supo o no pudo confirmar los datos de esas personas ante el propio gobierno estatal, está en una crisis política donde su propio Ayuntamiento le ha retirado la confianza y se le acusa por varias vías de complicidad con traficantes de migrantes. Alcalde-pollero, le dicen en San Felipe. Se espera en qué momento la Fiscalía del Estado de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, lo cite a declarar todo lo que sabe.
Lo que al final de la jornada resulta cierto, es lo señalado por el guanajuatense “por derecho de sangre”, Porfirio Muñoz Ledo, experto en asuntos internacionales, quien ha precisado que el anuncio de la presunta responsabilidad de todas las incidencias de la migración en México, no incumben nada más al comisionado del Instituto Nacional de Migración, el guanajuatense Francisco Garduño Yáñez, quien podría caer preso esta misma semana; sino que la verdad detrás de esta cortina de humo está el verdadero responsable, es el Estado, el cual tiene un jefe y es Andrés Manuel López Obrador, pues de acuerdo con Muñoz Ledo, los demás son subordinados: “sólo obedecen órdenes”.
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