Aumentan violaciones a derechos humanos en Guanajuato, advertencia del Ombudsman. Toca escuchar al gobernador
Tiene razón el procurador de los Derechos humanos del Estado de Guanajuato, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, al señalar ante el Congreso del Estado que es muy preocupante la elevada cantidad de violaciones a Derechos Humanos que se cometen desde el Gobierno del Estado y los 46 Gobiernos Municipales. Su voz debe ser escuchada, valorada y atendida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y por los propios 36 diputados que integran el Poder Legislativo estatal, sin importar colores partidistas.
En tan sólo el último año las quejas de la ciudadanía sobre abusos de las autoridades guanajuatenses, estatales y municipales, aumentó en 128 por ciento. Un fenómeno que merece toda la atención de quienes tienen en sus manos la conducción gubernamental. Los datos están consignados en el informe 2022 que ha presentado la PRODHEG ante el Congreso del Estado en cumplimiento a la Constitución Política Local.
Vicente de Jesús Esqueda, asumiendo con jerarquía su rol de ombudsman, al entregar el documento a la presidenta del Congreso del Estado, la diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá, destacó que en 2022 se recibieron mil 676 quejas por actos violatorios a derechos humanos, mientras que en 2021 esta cifra fue de 940, es decir, hubo 736 quejas más en sólo doce meses.
El procurador plantea que el tema merece análisis, porque es posible que la disciplina se haya relajado y la corrupción, que viene acompañando siempre al abuso del que tiene, así sea un poco de poder, esté penetrando el aparato público. Ello haría que los abusos se expandan. También ofreció una segunda posibilidad, más escabrosa, en realidad las violaciones no han aumentado, sino que sólo han tomado forma a través de la denuncia, siendo este el lado bondadoso del preocupante asunto: los ciudadanos encuentran más confianza y valor para presentar sus quejas contra funcionarios guanajuatenses y exigir se les sancione.
A la segunda tesis habría que sumar el hecho de que es posible que, en 2021, cuando la pandemia de COVID-19 aún estaba en su apogeo y la vida gubernamental prácticamente fue virtual, el contacto entre los ciudadanos y funcionarios fue menor y por ende, menos fricciones y abusos se produjeron.
Indistinto a las causalidades para este incremento, lo cierto para el procurador Esqueda Méndez, no puede echarse por la borda su denuncia. Hay que atender el comportamiento de los funcionarios desde la disciplina de quienes mandan. Los ciudadanos no merecen vejaciones ni abusos.
El Congreso del Estado, en esta circunstancia también tiene que ser receptivo ante la postura del ombudsman. Les exige a los legisladores más dientes para enfrentar a los malos servidores públicos. El ridículo hecho, por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, ante el alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, que burló una recomendación de la PRODHEG con simplemente “hacerse el loco” y decir, en el cinismo, que no sabía de ella, habla por sí solo.
Los diputados deben atender estos hechos. Aunque, este mismo día, han dejado ver que tienen otras prioridades, como sucedió con 11 diputados: 2 verdes, con Gerardo Fernández al frente; 7 morenos; la legisladora del MC, Dessire Ángel Rocha; y la priista, Yulma Rocha, quienes gastaron tiempo y dinero de la ciudadanía tratando de “tumbar” de la presidencia del Congreso a Cristina Márquez, por presuntos agravios en su comportamiento al frente de la mesa directiva, sin elementos legales objetivos para ello. Estaban molestos porque no les cumplió sus caprichos.
Al, final, como sabían que iba a suceder, fueron derrotados por la mayoría de los diputados, quedando, de paso, claro, que Laura Cristina Márquez Alcalá, sólo ha hecho uso de sus facultades legales. Mientras había, temas de verdadera importancia para los guanajuatenses sin atender.
Topografía.
Agrimensura. México elabora fentanilo; cambio de estrategia de USA y nuestro país para su atención.
Sino no tienen, entre los dos países, los referentes primordiales respecto de la producción del opioide artificial, debieran de preocuparse, pues todavía les falta acopiar información sobre la distribución y venta como consumo de la droga. Mientras los gobiernos de los Estados Unidos y de México continúan por camino de la especulación la ingesta de la “droga maligna” por adolescentes y jóvenes, de uno y del otro lado del Río Bravo, será constante poniendo sus vidas en verdadero peligro.
En el juego de los impactos mediáticos de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, incorporaron al presidente chino, Xi Jinping, sin los resultados positivos esperados. La pregunta que podría encontrar lugar en esa tríada internacional ¿por qué no emplean las capacidades de las tres naciones para encarar este grave problema?
El juego político y sus esquinas. Horas antes de la reunión bilateral entre las representaciones de los gobiernos, estadunidense y mexicano que encabezaría el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón en Washington, con la finalidad de tratar el tema del fentanilo, se informó por parte de Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca que “los precursores químicos de China están llegando a México”, en ese sentido la droga se produce en el territorio mexicano.
Con esta revelación del gobierno de Biden, de poderse demostrar, amén de resultar “contraria” a la postura pública de AMLO de que en nuestro país no se produce el opioide, se termina con el mito de que el territorio mexicano es de tránsito. Antes del comunicado de la Casa Blanca, una semana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sustentó ante funcionarios gringos, con base en que “México sólo es país tránsito y no productor”, que el combate al fentanilo debe darse desde una perspectiva social y de salud pública, no sólo desde el punto de vista punitivo. O sea, eran sus únicas vías.
Es probable que, con esa estrategia, el gobierno de los Estados Unidos reclama al similar de los Estados Unidos Mexicanos, no estar haciendo lo necesario para resolver a fondo el problema que representa frenar la invasión de los precursores procedentes de Asia, a fin de imposibilitar la producción acercando más el producto a los mercados estadunidense y evidentemente al mexicano, recreando la disponibilidad del fentanilo, amplificando la oferta, un fenómeno parecido a la industria automotriz.
A pesar de que la seguridad como la cuestión de las drogas legales e ilegales son cuestiones orbitales, los gobiernos de países involucrados, están quedando a la expectativa mientras algunos se les encargan las actividades de quienes consideran ese grave problema está lejos o en otro continente creyendo que las condiciones impuestas por el tráfico y consumo de las drogas como el fentanilo probablemente no los alcance.
El presidente López Obrador expuso que escribió una carta a Xi Jinping, presidente chino, “instándole a ayudar a controlar los envíos de fentanilo” a su país; sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asunto Exteriores de China, Mao Ning, se encargó de darles cátedra de política exterior a los gobiernos de USA y de México; al primero lo que debería de estar haciendo en su frontera y dentro del país a fin de disminuir la demanda de drogas; al segundo, simplemente que no tenía pruebas del tráfico del opioide pues no ha habido “incautación procedente de China”.
Así Pekín, le impuso al grave problema generado por el fentanilo un sello regional, lo que sucede en la relación bilateral entre los Estados Unidos con su vecino del sur (México), socios en el T-MEC, el mercado “más grande del mundo” junto con Canadá, simple y sencillamente es entre ellos; no ofreció China un proyecto de apoyo para evitar que los precursores para elaborar el opioide sean más controlados en su país.
Al cierre de la “semana de pascua”, el gobierno mexicano, tristemente se quedó con un rejón clavado, de que en territorio nacional se produce el mortal opioide sintético (fentanilo), y la estrategia para combatir a los grupos criminales que están importando los precursores deberá ser su objetivo pues están haciendo la droga, distribuyéndola rápidamente en los dos países y vendiéndola. El tema del tránsito y de que solamente una porción se queda en las entidades deberá “modificarse de volada”.
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