Avisa AMLO, Guanajuato tendrá plan contra la violencia y causas; Diego Sinhue, coincide en la atención de raíz
Al fin, después de cuatro años con ocho días, los mandatarios federal y estatal que comparten este sexenio 2018-2024, cayeron en la cuenta que deberán de encarar los problemas de inseguridad e impunidad en territorio guanajuatense de manera vinculada como proveer seguridad pública a sus pobladores. Desde Palacio Nacional, el residente, Andrés Manuel López Obrador, durante su mañanera del pasado viernes indicó que su gobierno trabaja en un plan especial a fin de reforzar y atender específicamente “las causas de la violencia” en Guanajuato, por ser la entidad con los mayores índices en homicidios dolosos en México.
El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, le tomó la palabra y puntualizó: Guanajuato coincide en atender la violencia desde su raíz; además, le devolvió la atención con su jiribilla, al señalar que nos viene como anillo al dedo, y están -en su gobierno-, dispuestos a colaborar. Aunque la Federación con el sartén por el mango aún no determina la manera que estarán trabajando los dos niveles en la producción, como el desarrollo del plan, acotó AMLO: será la nueva Estrategia en el caso de la entidad de El Bajío, que se presentaría posiblemente esta semana.
Que ahora sí actuarán en contra de la criminalidad con base a un plan diseñado, tomando en cuenta las condiciones específicas en donde se produce la violencia, sus causas como los efectos, aunque necesitaran de un trabajo de inteligencia capaz para que también realicen acciones de prevención. Se espera que inviten a los Ayuntamientos para que las fuerzas policiacas se integren al “Plan Emergente”, pues posiblemente no haya más oportunidades para recrear otra Estrategia estatal con los rasgos deseados; amén, de arremeter contra la causas de la violencia.
La atención a la procuración de justicia como la investigación sobre las finanzas del crimen organizado, deben que hacerse de mejor manera, porque la impunidad está permitiendo que los criminales continúen en las calles de los municipios; mientras los recursos con los que cuentan los grupos se tienen que descubrir y desactivar porque es exactamente la “sabia” que sostiene el tipo de delincuencia cuyas empresas ilícitas han invadido diversas esferas incluso la pública como se ha revelado. Se esperan faenas de la UIF instancia que dirige Pablo Gómez Álvarez.
El trabajo de las fiscalías, de la República de Alejandro Gertz Manero y del estado de Carlos Zamarripa Aguirre, serán las piezas claves del engranaje para superar el esquema tradicional de policías y ladrones.
Pasaron mucho tiempo de jaloneos los gobernantes, de acusaciones mutuas sobre la “responsabilidad” de cada instancia en la comisión de los asesinatos en el estado de Guanajuato que ha mantenido durante tres años consecutivos primer lugar nacional con los índices más altos en homicidios dolosos, sin que los dos gobiernos se interesaran por la redefinición de Estrategias -si las tienen- ni de sus programas ante las necesidades sociales; tampoco les preocupó el ajuste de los mandos.
Salvo que Alfonso Durazo Montaño, el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Cuarta Transformación fue requerido por su partido, Morena, para representarlo en las elecciones de Sonora y es hoy gobernador del estado norteño, lo cual permitió el arribo de Rosa Icela Rodríguez a una posición donde no ha podido ejercer porque la unidad creada, la Guardia Nacional, nació y reproduce bajo el “Imperio” del General Luis Cresencio Sandoval. El caso de Guanajuato es también “sui géneris” pues el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, es herencia del gobierno pasado, cuando se fracasó con el “Escudo”; el exgobernador, Miguel Márquez glosó que el proyecto no consiguió impedir el acceso de los criminales a la entidad.
Durante el Quinto Año de gobierno de López Obrador y de Rodríguez Vallejo, quieren atender los gravísimos problemas que está obteniendo “Carta de Naturalidad” en territorio mexicano y de manera especial en el guanajuatense; a sólo año y medio de las elecciones presidenciales de 2024, cuando se obtendrán sus relevos. Les queda poco tiempo al sexenio: en la Encrucijada, enfrentarlos o no, o alargar sus acciones al 2028, fecha límite para que las Fuerzas Armadas hagan tarea policial.
Sólo Palabra Empeñada.
La cimiente de los problemas, un total de 17 mil personas asesinadas en el sexenio compartido, AMLO-DSRV, datos oficiales entregados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentado por la titular Icela Rodríguez. En un “contexto nacional impresionante” de más de 141 mil, homicidios reportados por las 32 entidades del primero de diciembre del 2018 al 8 de diciembre 2022. Cuando AMLO, se podría decir “modificó” sus señalamientos al gobierno panista de Guanajuato.
Fue así que el presidente López, después de sostener que “Guanajuato nos sigue preocupando mucho, prometio para esta semana que inicia dar a conocer algo de Guanajuato, que es el estado con más violencia y homicidios. La respuesta llegaría con los peregrinos. Aunque “no garantizó el trabajo conjunto” pero mencionó la posibilidad; tampoco hasta dónde están contemplando conducir ese esfuerzo y sobre todo ¿Cuándo inician y para cuándo estarán entregando los resultados?
Ora sí a todos los gobiernos les conviene que termine el escenario de violencia y la carencia de justicia para que se haga la paz social con la seguridad pública requerida por la población más allá de la “seguridad personalizada” que están tratando de imponer por medio de guaruras. El presidente López Obrador exigió su Guardia Nacional, ya la tiene, y que las Fuerzas Militares se dedicarán a las tareas policiales al 2028, también le fue concedido, además el Congreso de la Unión le cubrió el tercer deseo, la Guardia Nacional pasara bajo el manto de la Sedena.
Topografía.
Planimetría. La hora del dinero estatal
Los acuerdos logrados por la mayoría panista en el Congreso del Estado, encabezada por Luis Ernesto Ayala Torres, con las minorías del PRI, PVEM y MC, en lo que toca al tema presupuestal, llevan a suponer que la semana tendrá su dosis de tranquilidad para los albiazules y entregar al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, buenas cuentas de lo que les encargó antes de irse a los Estados Unidos y Sudáfrica. Tal vez por ello, con devoción los legisladores se tomarán este lunes guadalupano.
El tema de fondo no es en sí la aprobación de las leyes de ingresos y presupuesto para el estado de Guanajuato en 2023, sino la luz verde que se otorgue con las dos terceras partes del Congreso del Estado, a la tercera autorización solicitada en el sexenio por el mandatario guanajuatense para la contratación de uno o varios empréstitos destinados a obra pública, esta vez por 2 mil 900 millones de pesos.
Con Morena aislado, a partir de que su postura es la de oposición a ultranza en todo lo que tenga que ver con presupuesto, el PAN enfocó sus baterías en las otras representaciones parlamentarias. En este escenario, su única nube es la definición del PVEM y Movimiento Ciudadano y su aliada, la priista Yulma Rocha, pues habrían acordado ligar su accionar presupuestario al resultado que se obtenga del cumplimiento de la sentencia de asignación del presupuesto para la comunidad LGTBQ*, dominante en la toma de decisiones en el MC. Las posiciones de estas representaciones alineadas en la defensa de esta causa y el no cumplimiento de la asignación, podría conducir a una respuesta de represalia, como sucedió cuando el PAN adelantó mano en varias iniciativas contra la violencia hacia las mujeres superando a la llamada “bancada feminista” de los verdes, naranja y Rocha Aguilar.
La aprobación de la deuda estaría en manos del PRI, con sus tres votos que darían al PAN la suficiencia para la mayoría calificada, pero la legitimación de la autorización se busca en la obtención de 28 sufragios. Por eso, este inicio de semana se estará haciendo el cabildeo en torno al asunto LGTBQ+.
Las leyes de ingresos y presupuesto 2023, no requieren sino del voto mayoritario del PAN; aunque también se han proyectado los votos del PRI, PVEM y MC a partir de las necesidades presupuestarias de los municipios que gobiernan. Entre los tres partidos alcanzan el dominio de 13 ayuntamientos sedientos de recursos.
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