Guanajuatense a la picota, para lavar rostro a la 4T. Francisco Garduño, negligente responsable de incendio en Juárez: FGR
No pasó ni un par de días, para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lograra lo que ningún mexicano: hacer que desde la 4T se encauce responsabilidad penal contra un alto funcionario, así sea, por ahora, solamente al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) el guanajuatense Francisco Garduño Yáñez, por la muerte, en un incendio en una estación a su cargo en Ciudad Juárez, de 39 personas. Su negligencia ya ameritó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo presuma responsable, contra lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó hace dos semanas, cuando aconteció la tragedia.
Bukele, carismático presidente de El Salvador, que ha abatido la delincuencia y homicidios en su país con draconianas medidas contra los delincuentes, lo que lo hace popular en su patria y criticado en países como Estados Unidos, España y otros, por presuntas violaciones a los derechos humanos de pandilleros y asesinos, resulta la antítesis de López Obrador en cuanto al tratamiento de la inseguridad, pero es un aliado del presidente mexicano en Centroamérica, al que incluso se le ha ayudado con varios millones de pesos para que los salvadoreños no migren, siendo la inseguridad atroz uno de las causas que motivaba la salida de estos hacia México y Estados Unidos.
El pasado domingo, fueron entregados en El Salvador los cuerpos de migrantes de esa nación que murieron abrasados en el incendio. Curiosamente fue cuando reapareció, Francisco Garduño Yáñez, que había estado oculto por la propia 4T en la crisis. Este mismo fin de semana, se le sumó al Comisionado del INM la crisis de “secuestros de indocumentados”, un centenar al menos, como ya lo definió el propio presidente de México en San Luis Potosí, mientras ponderaba los esfuerzos de colaboración que se dieron entre el gobernador de San Luis Potosí y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, junto con la Federación, para encontrarlos, liberarlos y de paso mostrar el abandono del INM a sus tareas y hasta el deterioro de sus instalaciones.
En esta columna ya se había referido el rol de “desaparecido” del viejo amigo del presidente, pues no se sabía nada de sus acciones en torno al incendio u otros problemas migratorios.
Esa misma noche, la del domingo, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, indicó, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, que el gobierno del país centroamericano “exige la renuncia” de las personas responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de siete salvadoreños en un incendio en una estación migratoria.
"Sobre todo, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México", citó la funcionaria a la prensa y ante los familiares de las víctimas, mientras en México el presidente López Obrador, como si poco hubiera sucedido, posaba junto al sacerdote José Alejando Solalinde Guerra, activista por los migrantes, sobre el que pesan acusaciones de presunta pederastia y lenocinio, precisamente contra migrantes. La foto de AMLO y Solalinde apuntaba a forjar la idea de que este era el principal asesor sobre lo que debía hacerse con el problema migratorio y hasta posible sustituto de Garduño Yáñez.
Ante la demanda salvadoreña, que fue retomada en Europa y otras latitudes, la respuesta vino de la FGR, quien señaló que hay todo un patrón de irresponsabilidad en Garduño Yáñez y otros funcionarios del INM. Citó que, como parte de la investigación de sus antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Para la FGR, Francisco Garduño Yáñez, “incumplió con sus obligaciones de vigilar, supervisar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”. La cosa es que también tenía un jefe, el cual también estaba obligado a supervisar el trabajo al comisionado del INM y al parecer no lo hizo e ignoró este patrón que señala la Fiscalía. La pregunta es si también se extenderá la mano sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, corcholata tabasqueña del presidente de la República, a quien el incendio se le convirtió en su propio ABC.
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Planimetría. ¡Firmes! Personal de la GN
Poniéndole orden a la Cuarta Transformación pues los legisladores al servicio del representante del Poder Ejecutivo aterrizaron hasta en las ocurrencias. En esa tesitura, el ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, colectivizó que propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarar "inconstitucional" el traslado administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), avalado en 2022 por la mayoría de Morena en el Congreso federal. Un escrutinio de respuesta anticipada.
La resolución del togado sostiene que “la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional”, amén: “ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva a autoridades civiles”.
El ministro, Juan Luis González Alcántara, al publicitar su proyecto, dijo que resuelve la acción de inconstitucionalidad 137/2022 presentada por 49 senadores de oposición contra el traslado de esa corporación al Ejército, en la que da parcialmente la razón a los legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Si este dictamen es aprobado por el pleno de la SCJN, será otro triunfo de la oposición sobre la mayoría del partido Morena, fuera de las curules de los diputados y los senadores en el Congreso.
En el estado de Guanajuato, el 24 de octubre del año pasado, la jueza, Karla María Macías Lovera, le puso “freno” a la movilización de la GN para evitar su traslado a la Sedena, cuando en la comandancia general de la paramilitar la ocupaba el general de brigada, DEM, Luis Rodríguez Bucio. La titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, le otorgó suspensión definitiva a la decisión de que la Guardia Nacional pase a la milicia, esto con base al juicio de amparo promovido por varias organizaciones civiles de México, quienes no están de acuerdo con la figura de militarización. Sumaron al caso 72 (setenta y dos) amparos.
De acuerdo con la decisión de la juzgadora con sede en la fresera, el objetivo de la suspensión consistía en mantener viva la materia del amparo, a fin de que “el acto no se consume de manera irreparable y por tanto se haga ilusionaría la eventual protección constitucional”, esto de acuerdo con parte del expediente 1161/2022 en donde se estableció la cesación. Para que el secretario de la Defensa Nacional, general de división, DEM, Luis Cresencio Sandoval concientizara la determinación.
La conclusión con base al documento “No se podría transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que el organismo paramilitar siga bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como lo dicta el artículo 21 de la Constitución”. Con la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
Al calce. Se le exhorta al general de división, DEM, comandante general de la Guardia Nacional, David Córdova Campos mantener una estrecha relación con la secretaria Rosa Icela, en estos días porque la prospectiva es que la Guardia Nacional, se tendrá que “raspar con sus propias uñas” y estará en el ojo del huracán. Los legisladores de oposición no quieren a la paramilitar GN controlada por el general Luis Cresencio ni que Córdova Campos se mueva por órdenes de SEDENA.
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