Carlos Zamarripa limpio. Sin nexos con el crimen, muestra filtración a SEDENA. La impunidad tiene otras causas
El 26 de julio de 2021, desde Xalapa, Veracruz, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la violencia en el estado de Guanajuato, señaló que no interferiría con las autoridades guanajuatenses, pero se pronunció porque fuera separado de su cargo el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. No fue la primera vez en pedirlo, pero tampoco fue la última. En todos sus pronunciamientos había señalado que tenía indicios de irregularidades o que no se hacían bien las cosas, pero jamás presentó la prueba en contra del fiscal.
En aquel entonces, verano del 2021, trascendió que los esfuerzos federales por mostrar algún indicio de corrupción o liga de Zamarripa Aguirre con el crimen organizado pasaron también por la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la vieja lógica de “Follow the money” (sigue el dinero). Se rastrearon las transacciones del fiscal, de sus cercanos y familia, como su esposa, y hasta se ligó a un empresario aparentemente ligado al fiscal o al propio Luis Ernesto Ayala Torres, en aquel momento diputado electo.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tuvo acceso a esa investigación -algo normal en un país donde las organizaciones se usan como mensajeros desde el poder público, en uno u otro sentido y sin mayor responsabilidad- y acreditó que “no se reflejaron inconsistencias en los ingresos del fiscal o gastos en el extranjero registrados desde el 2012” por parte de Carlos Zamarripa. La UIF nunca afirmó lo contrario.
Ya este año, en la última “incursión” del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el fiscal general de Guanajuato, al usar su caso como ejemplo de las causas por las que el estado es líder en homicidios dolosos, atrocidades y más, dijo que era inamovible porque pertenecía a un grupo radical de la derecha, “El Yunque” y que por eso estaba atado de manos el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y no podía removerlo. Ya no era una causa como corrupción, ligas con el crimen organizado u otra sospecha las que estaban en el argumento presidencial, sino uno de orden ideológico, Zamarripa era integrante del conservadurismo más rancio de México y ese era el gran motivo por el cual no lo podían quitar de la fiscalía desde el Gobierno del Estado.
Sea cual sea la motivación, ante un presidente que ha centralizado tanto el poder, como es AMLO, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mantuvo a Carlos Zamarripa en el cargo y alguna vez dijo que si había elementos para incriminarlo, que lo probaran. Mientras no fuera así, él lo sostendría. Algo temerario si se atiende al poder presidencial. Pero, hasta ahora no ha caído y es que, en Palacio Nacional, realmente no tienen nada, salvo lo que muchos otros señalan: la estadística negativa de violencia y delincuencia, en sus 13 años como cabeza de la procuración de justicia.
Los Guacamaya Leaks, los miles de documentos filtrados por hackeo a la SEDENA muestran que el presidente de México "no ha tenido los pelos de la burra en la mano" para afirmar que es parda. El principal elemento de inteligencia del Estado Mexicano, sus fuerzas armadas, en las que AMLO basa, un día sí y otro también, su ejercicio del poder, no hallaron liga alguna de Carlos Zamarripa con la delincuencia, con ningún grupo. ¡Está limpio! Dice la Defensa Nacional en sus indagaciones y análisis.
Es más, ha encontrado que, entre los fiscales estatales, es de lo mejor preparado, de acuerdo con su currículo. De esta forma, no hay modo, en que Palacio Nacional, hasta ahora, fructifique en su propósito de “tumbar” al fiscal, salvo lo que para todo mundo es evidente, que en sus 13 años al frente, primero en la Procuraduría de Justicia y luego en la Fiscalía General, se haya elevado tanto la violencia, con casi 20 mil asesinatos en la mitad de ese tiempo, con una impunidad, que no por no ser la peor del país, no deja de ser lamentable, restándole otro lustro más al frente de la fiscalía.
Ahora la expectativa va sobre qué hay en la SEDENA sobre el secretario de Seguridad Pública estatal Alvar Cabeza de Vaca, la otra mitad de la pinza de la seguridad en Guanajuato.
Topografía.
Altimetría. Toque sensible a interés
Desde hace medio año, algunas autoridades de los 46 municipios del estado de Guanajuato, que a partir de este lunes iniciaron su segundo año de gobierno, sobre todo los del corredor industrial, vienen tratando de encontrarle respuestas a los principales problemas agravados con las crisis, de seguridad, economía, educativos e incluidos los conflictos familiares; sin embargo cuando se toman las medidas radicales para atender las causas, existen grupos o sectores sociales que se oponen.
En materia de seguridad, muchos Ayuntamientos vienen separando de sus policías a elementos que no cumplen con los “requisitos mínimos” para ocupar un lugar, la medida resultó más notoria en los municipios con una mayor cantidad de policías preventivos en sus nóminas como León e Irapuato. Una medida “nunca vista”, apuraron los grupos de interés frente a los esfuerzos de los municipios por regularizar las unidades y de mejorar su personal.
Posterior al dolor provocado por el primer parto de las bajas, vendría la petición de los presidentes (as) a sus representados a fin de conjuntar esfuerzos para aplicar las medidas de seguridad preventivas que los colonos y los comuneros con las diferentes instancias del gobierno que concibieran, aplicándolas con celeridad a fin de cuidar a las personas. En Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro, previa consulta, anunció que el Ayuntamiento no ampliará los permisos a los negocios ubicados en el centro histórico hasta las 02:00 de la mañana, porque a esa hora ya "nadie tiene que andar en la calle"; lo que se tomó como un imperativo.
Al concluir las extensiones de permisos por los riesgos que representa la permanencia de las personas en las calles de Irapuato, los dueños de los negocios, llamaron de inmediato a la respuesta de la alcaldía, la imposición de “Toque de queda”. Una respuesta compensatoria para la desactivación de una medida que la autoridad irapuatense, pidió a la ciudadanía para que se cuide un poco más ante los riesgos.
Resultó más que un toque de queda, un toque a las fibras sensibles de los propietarios con negocios que “expenden bebidas alcohólicas”. Sin descartar que el municipio conoce los manejos de bares y cantinas que pudieran estarse excediendo. El Cabildo tiene esas investigaciones para poder actuar.
Al interés de la autoridad por aplicar el reglamento que mandata recrear entornos de seguridad aplicando a los restaurantes, bares y cantinas el horario de cierre de las 24:00 horas, los cierres hasta las 02:00 horas de la mañana son extensiones de permisos que otorga la autoridad municipal, los que ante los hechos violentos suscitados los amaneceres simplemente y llanamente se suspenden. Se queda así aseguran en el Cabildo como se suspendió a otros negocios, en su momentos por alto riesgo, los OXXOs.
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