Las tres batallas de 2023 en un escenario harto violento y economía minada
Ya nada será como antes en el territorio nacional porque a lo esperado en la lucha por el poder para el 2023, el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las elecciones por las gubernaturas en el Estado de México y estado de Coahuila, se están incorporaron nuevos factores al asombroso escenario de “altísimos índices de violencia e impunidad” con una economía sujeta por la inflación, que seguirá produciendo más condiciones de pobreza; amén del contexto internacional demandante tanto de los países norteños, USA y Canadá, como el emergente Brasil.
Cuando el “culiacanazo” del 17 de octubre 2019, después de que fuera atrapado, Ovidio Guzmán y puesto en libertad, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se responsabilizó de esa soltura, aseguró que reatrapar a Ovidio hijo de “EL Chapo” seguía siendo “una prioridad para la presente administración”. El jueves pasado, el tabasqueño dijo que la recaptura de Ovidio Guzmán no fue una entrega a Joe Biden y que las fuerzas de seguridad, sostuvo, operaron con “total independencia”.
Mientras en el país ganan atención los hechos de inseguridad ante las reacciones criminales -ayer hubo más carros quemados con acciones violentas-, las fuerzas políticas y aparatos de gobierno, tienen puestos sus intereses en los procesos electorales del Edomex que arrancó la semana pasada y de Coahuila donde calientan motores; las alianzas como las participaciones son claves; en las otras entidades se atienden temas específicos, en Guanajuato en la primera semana, se conocieron los escarceos por la guerra del agua, porque a León, la ciudad industrial y populosa la Federación no se le garantiza el suministro del vital líquido.
El gobierno de López Obrador, materialmente, lo borró del proyecto original de la presa de El Zapotillo y en el Decreto Presidencial del 22 de diciembre de 2022 para la toma de acciones que conlleven la entrega de agua a 17 municipios del estado con garantía hasta el 2070, tampoco aparece la ciudad que presenta ejemplos de crisis hídrica. A pesar de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López estuvo en León, a fin de asegurar que el gobierno de la 4T, apoyaría a la zapatera para la atender esa necesidad y derecho humano, la promesa no se refleja en los acuerdos. Ante la actitud, organizaciones de civiles de leoneses solicitaron por medio de “juicios de amparo”, sea retomado el proyecto original de El Zapotillo para que le entreguen agua a la ciudad de León.
En la antesala de las elecciones presidenciales para el próximo año, con el escándalo producido en el Poder Judicial en el proceso de selección de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, derrotó en el pleno del 2 de enero a la magistrada propuesta por Palacio Nacional para integrarse a la Corte de la Nación, Yazmín Esquivel Mossa, quien con el apoyo publicitado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretendió presidir la Judicatura pero no refrendó el blasón académico, por lo que se socializado, posible plagio de la tesis que presentó para obtener el título de abogado en la UNAM.
En esa lucha por la máxima instancia encargada de la Administración de la Justicia en México, se desveló con mayor fuerza la importancia del Poder Judicial, antes, durante y después de las presidenciales del 2024; el destino del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la aprobación del Plan “B” de AMLO para hacerle enmiendas a las leyes secundarias; aunque sin reforma constitucional en materia electoral para sustituir el INE por INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), la supra instancia que prepararía los comicios federales y estatales, reduciría los consejeros y fijaría manera de elegirlos, y quitar los tiempos en radio y televisión, sería la SCJN, “guardián” de lo legal para evitar excesos del Ejecutivo. La 4T vivirá en el ojo de la judicatura hasta septiembre 2024.
Cuando se consideraba que la primera batalla del año estaba tomando la dirección ambicionada por los mexicanos que se manifestaron en las calles en defensa del INE rumbo a la definición de la permanencia o no de la 4T en poder de la República; una primera fase que los opositores de Morena, voceros y varios grupos de analistas dijeron que la elección de Lucía Piña como presidenta, resultaba a su vez la “Primera Derrota” del presidente López Obrador y su partido en el arranque del nuevo año.
Sin embargo, sobrevino en la madrugada del pasado jueves 5 de enero lo inesperado: el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de División y DEM, Luis Cresencio Sandoval González, informó por la tarde que, por medio de un operativo sorpresa llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y fuerzas policiacas del estado de Sinaloa, se consiguió la captura o recaptura de Ovidio Guzmán López, quien con sus tres hermanos, Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, son líderes-herederos- del Cartel de Sinaloa o Cartel del Pacífico. El detenido en su rancho de Jesús María en la entidad, conocido como El Ratón, “opuso resistencia” y fue inmediatamente remitido a la ciudad de México.
Con esa decisión del Jefe Nato de las Fuerzas Armadas de México, posiblemente desvela el nuevo trato a la delincuencia organizada o tal vez una nueva Estrategia de la Federación para enfrentar la violencia y el suministro de la seguridad pública. Los hechos como su impacto mediático entre los diversos sectores de la sociedad, recrearon la serie de dudas sobre sus objetivos, inmediatos o mediatos y del diagnóstico respecto del momento que viven los mexicanos en la inseguridad ¿Dónde están parados y hacia dónde dirigen los esfuerzos de Estado?
Y quizá lo “carente” con esa incursión del segundo jueves negro para la detención de Ovidio Guzmán “El Ratón” acusado de narcotráfico por la autoridad de la Unión Americana, resultó que en las 32 entidades de la República no fueron “vinculados” a esas nuevas acciones contra los delincuentes planeadas por la Federación, al igual que sus municipios. El estado de Guanajuato que está desde hace tres años en primer lugar nacional en homicidios dolosos, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez, no se tiene información necesaria para saber si se aplicará ese proyecto del gobierno de AMLO con la finalidad de “enfrentar” a los criminales pertenecientes a los cárteles o grupos que vienen operando en los 46 municipios. Por cierto durante la primera semana de enero del presente 2023, han asesinado 74 personas con disparos de armas de fuego en 20 municipios: León, Celaya, Salvatierra, Salamanca, y otros.
Se requiere que la población nacional conozca qué iniciaron las fuerzas armadas y la GN con esta determinación de AMLO porque la repuesta compensatoria revelada por medio del secretario de la SEDENA, resultó violenta pues cobró vidas de personal militar como de la organización criminal; el parte de los hechos fue presentado por Cresencio Sandoval, aunque carece de evaluación mesurada y sobre todo qué sigue porque la consolidación y la restitución del orden social por la paz, todavía no se ha glosado ni tampoco existen visos de que pudiera hacerse pronto.
Al Calce. Una interpretación concebida por la presencia de los Jefes de Estado de los países norteños, fue que la orden de detención de Ovidio, hijo de Joaquín “El Chapo” que cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, USA, fue el resultado de la “presión ejercida” por el gobierno del estadounidense, Joe Biden, quien junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Ciudad de México desde este lunes 9 hasta el miércoles el 11 de enero, estarán participando durante la X Cumbre de los Líderes de América del Norte.
Si se toma en cuenta que la atención de la seguridad debe hacerse de forma orbital, entonces no se debe de soslayar que los estados-países, deberán estar vinculados con la finalidad atenderla de manera puntual.
Topografía.
Planimetría. La fronda indebida
En San Miguel de Allende, entre prestadores de servicios turísticos y usuarios, hay la gran duda sobre qué intereses se protegen desde la esfera estatal en torno al transporte turístico que circula en las calles de la ciudad patrimonio de la humanidad, pues de forma impune no cumplen con las condiciones esenciales de seguridad y confrontan abiertamente a las autoridades municipales, seguros de una fronda que les proporciona la Dirección General de Transporte del Estado.
Las unidades de servicio turístico son tuteladas por esta dirección del Gobierno del Estado y se encuadran dentro de la esfera de administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, la cual corre el riesgo, como lo ha hecho ya la morenista Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con sus desastres por la carencia de mantenimiento y supervisión al transporte público Metro, de ver afectada su carrera en pos de la candidatura a la Gubernatura del estado por el PAN, si de repente resulta algún accidente trágico en estas unidades que reciben refrendos y permisos de circulación sin las adecuadas revistas mecánicas o apego a las condiciones que exige la Ley de Movilidad estatal, según se asegura en los corrillos del sector turístico.
En San Miguel de Allende comparten esta opinión las autoridades municipales. El alcalde priista, Mauricio Trejo Pureco, espera que “no se tape el pozo después del niño ahogado”, pues ya denunció públicamente el "mal estado del transporte turístico" que no cae en la esfera de la supervisión municipal. Los turibuses sobrepasan los años que la ley marca para su circulación y aun así se les refrendan los permisos desde el estado, se denuncia.
Libia Dennise García Muñoz Ledo, que hasta ahora ha guardado silencio respecto del problema, tarde o temprano deberá informar qué sucede en torno a la Dirección General de Transporte del Estado, entidad que parece ajena a su deber, ahí desde su rincón…
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