Tragedia nacional: asesinato de 7 mil 752 niños en un lustro. El estado de Guanajuato, con 856, en el segundo casillero.
Los efectos aviesos de la violencia e impunidad en territorio nacional. A pesar del embarazo diario de las estadísticas, aún falta por conocer las especificidades de los hechos, el “verdadero rostro” de la realidad. Las interpretaciones silvestres de los homicidios dolosos que realizan las autoridades se compactan por entidades federativas y municipios, pero no revisan las causas ni cómo solucionarlos y sólo se detienen a hablar de los sectores cuando incrementan los asesinatos de sus poblaciones.
Las pérdidas más sensibles que sobrelleva la sociedad mexicana son las de sus menores de edad, niñas, niños y adolescentes que han sido asesinados, los inocentes, debido a la carencia de una Estrategia que sirva para combatir la inseguridad y suministrar seguridad pública. De acuerdo con el estudio “Índices de los Derechos de la Niñez 2022”, realizado por los investigadores Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, en el lustro, de junio 2016 a junio de 2021, se reportaron en México 7 mil 752 niñas, niños y adolescentes de cero a los 17 años que “perdieron la vida por lesiones causadas de manera intencional”; el referente oculto.
Al hacer los estudiosos una comparación, precisan, para dimensionar lo que la cifra representa, que la tasa de homicidios de los menores de 18 años, es 2.76 veces mayor al promedio de feminicidios para el mismo periodo, el cual, demuestran, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, es de 1.3 víctimas por cada 100 mil mujeres. Las féminas están en su lucha; sin embargo los niños no tienen defensores ni un movimiento, salvo algún DIF o instancias en defensa de derechos de los niños; pero ese asunto “es más grueso”. Podría ser un aviso para el encargado de la seguridad pública local, Alvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
Una información que, de entrada, además de la violación de derechos de los niños, desvela en lo general la falta de seguridad pública para todos, no la personalizada que ha ganado un lugar con el guarurismo impuesto por la Clase Política, nacional, estatal y municipal, servicio particular que por cierto paga la ciudadanía vía erario público. Además, los encargados de proporcionar esa seguridad no “consiguen” priorizar actividades con base a los sectores sociales más afectados. El presidente, Andrés Manuel López Obrador y los Virreyes en las 32 entidades, deben de pensar ¿Cómo evitar más asesinatos de los niños?
De la información básica se descose que las entidades que registraron las mayores sumas absolutas de asesinatos en ese lustro: en el primer lugar nacional Estado de México, con 943; Guanajuato, en el segundo casillero con 856; Chihuahua, en tercera posición con 581; el siguiente Guerrero, con 525; Michoacán, 465, y Jalisco, con el total de 437 en la sexta posición. Mientras los estados con menos niños asesinados son: Campeche, con seis; Yucatán, 11, Tlaxcala, 26 y Aguascalientes, 27.
El estado de Guanajuato que ha “permanecido” durante casi tres años en el primer nacional como el territorio estatal con más asesinatos se colocó en cinco años, en segundo lugar de homicidios de los menores. Lo que debe de preocupar a las autoridades de los tres órdenes porque -se insiste-, la seguridad pública es cuestión de Estado, en particular al mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez con la cofradía de los 46 alcaldes de Guanajuato.
En el estudio (IDN), los autores, glosan, permite tener claridad sobre la “magnitud de la tragedia que implican los asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de la urgencia de hacer mucho más para prevenir la violencia y, a toda costa, evitar que se llegue al extremo de quitarles la vida”. Un panorama modelado con los referentes oficiales respecto del gravísimo problema que Federación, estados y organizaciones sociales al momento, no logran unificar esfuerzos para atender con posibilidades de éxito contra la llamada “tragedia” de acuerdo con Fuentes y Arellano.
Junto al asesinato de menores de edad se erigió como otro problema, al alza, la ingesta de estupefacientes en los adolescentes y jóvenes, y con ello las adicciones que el sector salud no atina en atenderlos porque posiblemente sus programas son limitados a ciertas actividades o por la falta de equipo de trabajo para la atención y seguimiento hasta la cura.
La multiplicación de problemas en los más jóvenes de la población por ejemplo de Guanajuato, requiere de una acción integral con “sentido de realidad”, empezando por prevenir ataques en lugares donde confluyen.
Topografía.
Agrimensura. Renunció a su representación
La novel diputada del Movimiento Ciudadano, en el Congreso del Estado de Guanajuato, Dessire Ángel Rocha, nos ha mostrado que puede no ser necesaria en Las Enredaderas, pues este jueves, en la sesión del Pleno del Poder Legislativo, prácticamente renunció a su condición de representante popular que le entregó la población a través del voto a su partido, por la vía de la representación proporcional, pues contra derecho y contra su función, tuvo la ocurrencia de ceder la palabra a un asistente a la sesión, entre el público, en acción concertada, pues este traía un megáfono, interviniendo en una sesión que por condición de legalidad corresponde sólo a los diputados.
La diputada emecista, dejó a un lado su papel de representante popular, al permitir que otro dijera lo que a ella le correspondía decir en su nombre, en todo caso. Y este interlocutor fue Juan Pablo Delgado, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, integrante de la organización AMICUS que representa a un grupo de ciudadanos de la comunidad LGTBQ+ y que obtuvo una sentencia de amparo para que el Congreso del Estado asigne recursos del erario para apoyar la defensa de los derechos de este sector.
No queda del todo claro si les ganaron las ansias y por ello reventaron el orden legal, para imponer al Congreso del Estado la voz de Juan Pablo Delgado, o si en franca estratagema ya partidizaron la lucha que hacía la asociación civil AMICUS, que se pinta de "naranja-naranja". Delgado, días antes había convenido con el Congreso del Estado, tras la sentencia, dar seguimiento al proceso legislativo de cumplimiento, con el compromiso del presidente de la Mesa Directiva, Martín López Camacho, detener la reforma legal, cumpliendo la orden del juez, el 15 de diciembre. El compromiso lo publicitaron ambos en redes sociales.
Hay que imaginar qué sucedería si cada diputado se permite la libertad de dar megáfonos a los asistentes a las sesiones y cede la voz que le dieron los votos, a quienes están entre el público. El ejercicio llevaría a pensar que es mejor tener voz directa que representante, con lo cual se daría fin al sistema de representación política en que se sustenta la democracia moderna. A lo mejor en eso cree la diputada Dessire Ángel Rocha.
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