La tormenta perfecta para el maíz mexicano, la 4T antes que fomentar el autoabasto, trajo grano sudafricano
Como una puñalada trapera consideran los campesinos mexicanos la decisión presidencial de abrir el mercado nacional de granos a importaciones de Sudáfrica, cuando la promesa sexenal fue más apoyo al campo y, sobre todo, generar condiciones para alcanzar la autonomía alimentaria, en la producción de uno de los granos originarios de México: el maíz.
Y es que, ante el alza de precios de los alimentos, en una medida desesperada del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de inyectar recursos a la planta productiva nacional y al agro, para generar más alimentos o coberturas de protección, los dejó solos y abrió las fronteras a granos de Sudáfrica y está, por ejemplo, gestando la introducción de carnes de Sudamérica, sin que se cubran las normas oficiales mexicanas que buscan preservar la salud de la población.
Y es que, en buena medida, se afecta a quienes menos tienen la culpa del aumento en los precios de los alimentos: los productores nacionales, pues son factores externos los que han empujado la inflación en su sector y de paso, hasta impedido la producción deseada. Primero, una enorme sequía que ha provocado no solamente pérdidas en cosechas, sino hasta ha anulado ciclos enteros de siembra y cosecha, yéndose en pique la producción de varios granos en algunas regiones del país; sumado a lo anterior, la guerra entre Ucrania y Rusia, principales productores y abastecedores de fertilizantes nitrogenados para México, cerró las importaciones de tan vital elemento para cultivos y elevó por los cielos el precio del poco fertilizante que quedó en el mercado. Ante la crisis, el gobierno de México sencillamente no apoyó a los principales estados productores, sino se enfocó en el sureste con magros recursos.
El otro factor que está en la mesa y se calla desde las esferas del poder público federal, es la afectación al campo mexicano por parte del crimen organizado. Hay más que extorsiones a los agricultores, la cadena productiva está afectada de sobremanera, pues también son extorsionados con los “cobros de piso” hasta los transportistas, desde que salen las cargas hasta que llegan. Lo dice la propia gente del campo y señala que así, es imposible tener productos del campo asequibles para todos, pues los costos que implica la delincuencia organizada, un asunto de competencia federal se carga en el costo al consumidor, pues de otra manera no hay forma de sostener al campo, o tendría que cerrarse la producción.
Por esta suma de factores, amén de las prácticas de los intermediarios o el estrangulamiento que quieren hacerle a los agricultores, los compradores mayoritarios, como Maseca o Mynsa, imponiendo precios que son pérdidas para los campesinos, es la semilla de la indignación ante las importaciones de maíz sudafricano para abastecer al sureste y noreste de México, con la peregrina explicación federal de que es más barato el transporte del grano desde aquellos puertos hasta nuestro país, que el traslado del maíz en los trenes desde la región del Bajío.
Esto es ratificado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que ha informado que “el flete por barco de una tonelada de maíz desde Sudáfrica a la península de Yucatán tiene un costo aproximado de 861 pesos, mientras hacerlo por ferrocarril desde el Bajío cuesta alrededor de mil 656 pesos, es decir, una diferencia de 48 por ciento”.
Así, con el apoyo del gobierno federal, un grupo de empresarios, donde están los productores de las harinas, como los ya señalados Maseca y Mynsa, se han adquirido 400 mil toneladas de maíz blanco sudafricano, eliminándose los aranceles para su importación, que estaban vigentes desde hace más de una década.
Lo que los intermediarios compren a Sudáfrica, dejará de comprarse a los productores nacionales, sobre todo los del Bajío.
Con una producción de 750 mil toneladas de maíz este año, porque las carencia de lluvias y fertilizantes les golpeó severamente, los agricultores guanajuatenses estaban negociando vender el grano con los grandes intermediarios, que se negaban a pagar 7 mil 500 pesos la tonelada. La importación sudafricana "dinamitó esa posibilidad de un precio digno" para ellos.
El Secretario de Comercialización y Cosechas de la Confederación Nacional Campesina en el estado, Héctor Ortega Razo, aseguró que los intermediarios venden a los tortilleros la tonelada en más de 10 mil pesos. Como ha sido en años pasados, ellos se llevan las ganancias y los agricultores las pérdidas y en medio, una administración federal que muy poca atención le ha puesto en el sexenio al campo.
Topografía.
Altimetría. “Hasta atrás los filders”
Quizá el verdadero problema de la Federación no sea falta de voluntad, sino la carencia de los especialistas respecto de los diferentes asuntos que deberá atender.
Para la compleja atención de la inseguridad y la impunidad provocada fundamentalmente por el crimen organizado que la Administración de AMLO prometió desactivar durante el primer año del sexenio 2018-2014, todavía no consigue dimensionar el gravísimo problema nacional, pues hasta este 05 diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 a fin de evaluar la violencia en el país.
Ora sí, aunque no lo crean, ese programa que pretende dar respuestas a las demandas sociales acumuladas durante las campañas electorales y sistematizadas e integradas al Plan Nacional de Desarrollo 2029-2024 para la construcción de la paz social y seguridad, apenas apareció como proyecto para la tercera y última etapa del sexenio; sin embargo, el instrumento de trabajo para atender la inseguridad con base en un diagnóstico, lo remitió el presidente, Andrés Manuel López obrador, 25 días antes que termine 2022. Se podría decir, la esperanza llega tarde.
Se recuerda. El primer secretario de Hacienda de AMLO, Carlos Urzúa, renunció en julio de 2019, después de que fue presentado el primer Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (30 de abril de 2019), aduciendo “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios y la toma de decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Habló con maleta en mano: “No tienen ningún conocimiento de la hacienda pública”, sin convidar los nombres. Los temas del documento: “Honradez y Honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie; y, El respeto al derecho ajeno es la paz”, entre otros.
El nuevo Programa de Seguridad Pública, cardinal de la Administración Federal, que se usará para que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, naveguen con la información suficiente vinculados con las policías de los 32 estados y poli-preventivos municipales demanda la elaboración de un diagnóstico sobre la “violencia de género en el país, identificar a los líderes y testaferros de las organizaciones delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos”. Tarea que dirigirán los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval y de la SSyPC, Rosa Icela Rodríguez. Que harán a peso veloz pues por ahí vienen los peregrinos.
En lo operativo, el programa establece que se tendrá que incrementar la vigilancia en las regiones por las que atraviesan los ductos de Pemex y certificar las cárceles bajo estándares nacionales e internacionales, entre las acciones del programa bianual al que le restan menos de dos años. Los objetivos establecidos: promover la construcción de la paz social; fortalecer la operación de instituciones de seguridad pública; disminuir delitos vinculados a la delincuencia organizada, y mejorar la operación y condiciones de internamiento de personas en los centros penitenciarios.
Por dónde le busque el gobierno que encabeza del residente de Palacio Nacional, tendrá que toparse con las entidades federativas y municipios para sacar adelante el programa que debiera llamarse “Emergente del Quinto Año de Gobierno”. Y tendrá AMLO la necesidad de proporcionar a los estados y municipios, los recursos suficientes para profesionalizar sus elementos policiales, pues operar con las fuerzas federales requiere habilidades y conocimientos para unificar esfuerzos en los operativos.
Planimetría. La chatarrización.
Ante la carencia de seguridad pública y justicia social, la secretaria, Icela Rodríguez Velázquez, presentó en sociedad lo que cree un avance, éxito, de la administración pública federal, la regularización de 892 mil 722 autos ilegales de procedencia extranjera como parte del programa. Un proceso aplicado en varias entidades para que los dueños realizarán la tramitación pagando por ello; proceso que la funcionaria reveló fueron en 139 módulos ubicados en 14 entidades, de los que se recaudaron 2 mil 231 millones 805 pesos. Trabajo coordinado con gobiernos locales.
Se esperan los estudios correspondientes a esta regularización debido a los problemas asociados a los carros chocolates desde conflictos por su internación, el abandono de unidades o lo más grave: se les vincula con actividades ilícitas hasta clientelismo de organizaciones toleradas.
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