Reorganización de la Policía Municipal de Irapuato con base al trabajo coordinado con la Federación y Estado
Debido a la experiencia ganada con las fuerzas armadas y organismos paramilitares legalmente constituidos, es que los “ajustes de personal” resultan casi imperceptibles o en el último de los casos los relevos son del Alto Mando y raras veces es de mandos medios; aunque se insiste que se aplican golpes de timón, sin embargo, resultan el gatopardismo - cambiar para no cambiar-, a lo sumo, derivan en las estrategias. El Gobierno Municipal de Irapuato que preside, Lorena Alfaro García, impactó con “cambio radical” a dar de baja 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la finalidad de profesionalizar la corporación.
El golpe ya fue dado, se espera ahora que la administración municipal, ofrezca la información necesaria, a fin de que los irapuatenses tengan una idea más clara del plan general y de las ventajas que representa la medida que movilizó la ciudad durante la cual se emplearon la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para que durante los trámites para las liquidaciones no se salieran de control, mientras los expolicías pedían información. El gobierno tendrá que ofrecer garantías de que habrá una mejor policía.
Cuando se habla de la inseguridad en los municipios no se incorporan al debate ni las carencias de las localidades ni tampoco la obligación del Estado Mexicano, sino de señalar que los hechos suscitaron en tales o cuales lugares. De inmediato se pide a la autoridad municipal que haga su parte, pues es el primer respondiente; así, el gobierno de La Fresera está tratando de reforzar la estructura policial para tener elementos más confiables, comprometidos, con una buena actitud y que den resultados.
Lo que la alcaldesa panista, Alfaro García, consideraba responderle a la gente con una “verdadera policía de proximidad, cercana y sensible”.
Ayer, martes 4 de octubre, luego de marcarse el hito, hubo diversos tipos de manifestaciones, del personal femenino y masculino renunciado, y de los inconformes con una medida de esta naturaleza, porque creen que podría debilitarse la policía municipal con este recorte considerable. Amén de los infaltables opositores o quienes producen “fuego amigo”.
Un dato relevante en esta cuestión es que la corporación irapuatense tiene un estado de fuerza de 900 elementos, si se van 100 le quedarían 800 a la SSC para de avanzar en su proceso de reestructuración en manos del relativamente nuevo titular, Ricardo Benavides Hernández.
Desde el inicio de la administración municipal con la alcaldesa panista, Lorena Alfaro, el 10 de octubre pasado la “piedra en el zapato” o el tema que sus gobernados exigían era seguridad por el alto índice de delitos que se estaban cometiendo en el segundo municipio más importante del estado de Guanajuato; sin soslayar la criminalidad que se reprodujo en la plaza. El problema inmediato que enfrentó el gobierno municipal del trienio 2021-2024, resultó la irregularidad administrativa en que estaba inmersa la corporación policiaca, como la falta de profesionalización de una parte de su personal, que a la postre posibilitaron esas cien bajas.
El motivo de más peso: los separados eran trabajadores de confianza que “no aprobaron sus exámenes de control y confianza”. Por otro lado, de los 100, muchos ocupaban “plazas operativas” pero trabajaban en lo administrativo, lo cual representaba un problema serio mandarlos a las calles como operativos estando en las oficinas; se podría comentar que fue una herencia del pasado, del sexenio de Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de la fresera, quien fue electo y reelecto a un segundo periodo.
También, desde ese octubre de 2021, se empezó a trabajar con los otros gobiernos, federal del presidente Andrés López Obrador y estatal del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, la concepción de una nueva fuerza paramilitar de Irapuato. De acuerdo a la información obtenida, el golpe de timón se planeó y acordado por las partes, incluso inteligencia de la Federación.
Al calce. Para quienes aprovecharon la ocasión ofreciendo sus fobias y filias de que sobrevendrá la anarquía en el manejo del personal de la policía de Irapuato, la autoridad municipal reveló que envió un mensaje de tranquilidad a quienes se quedaron, no habrá más movimientos; la academia se mantendrá y continuara con el reclutamiento permanente.
Topografía.
Planimetría. Excesos del poder administrativo
Ya lo habían dicho algunos juristas cuando se formuló la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato por parte de los diputados del Partido Acción Nacional: había apartados que eran susceptibles de invalidez, por trastocar derechos fundamentales. Aun así, como en muchos otros productos legales, poco les importó a los integrantes de la bancada mayoritaria e impusieron sus criterios en ley y la publicaron.
Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, y declaró la invalidez de un par de disposiciones combatidas: primero, en las fracciones V de los artículos 8, 11, 13, 15 y 17, respectivamente, se preveía que, para ser juez de justicia cívica, facilitador de juzgado cívico, secretario, defensor de oficio de juzgado cívico y médico de juzgado cívico debería cumplirse con el requisito de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; un exceso, pues se infringía el derecho para acceder con igualdad a los cargos públicos.
En segundo término y la más importante para los ciudadanos del estado de Guanajuato, los panistas impusieron en el artículo 66, fracción III, establecer como infracción en materia de seguridad ciudadana el usar las áreas y vías públicas sin contar con autorización. Los ministros de la Corte determinaron que esto, a todas luces, resultaba contrario a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, reunión y asociación, ya que pedir autorización para el uso del espacio público era una exigencia que constituía una censura previa de los mensajes y que haría depender su difusión de una decisión de las autoridades administrativas. El poder de la burocracia.
Este punto es toral, pues las autoridades municipales, primordialmente, tenían el poder de exigir a los ciudadanos solicitar el uso de los espacios públicos antes de ocuparlos y si no lo hacían, eran sujetos de sanciones y se les impedía su uso. Ya partidos políticos, por cierto, denunciaron las prohibiciones para uso de los espacios para sus actos, por ejemplo.
Ahora bien, la decisión de la Suprema Corte permite poner bajo lupa otras medidas gubernamentales que podrían ser limitativas a derechos ciudadanos, como la reglamentación de las manifestaciones, pretendida de forma indirecta a través de protocolos recomendados por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que la autoridad municipal abordara marchas y otras manifestaciones.
La determinación, tomada antes de que asumiera el cargo el actual procurador, Vicente Esqueda, en muchos municipios no fue acatada. Secreto a voces, en varias direcciones jurídicas, hubo oposición a este protocolo, pues contenía algunas medidas, que, a decir de ellos, era una manera de regular el derecho de libertad de asociación, expresión y reunión. En otras palabras, aseguraban que era un riesgo “reglamentar los derechos humanos desde los municipios”.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofrece una ventana u oportunidad a Vicente Esqueda Méndez para aclarar a los municipios que los protocolos sólo deben regir el actuar de los servidores públicos ante las manifestaciones, no establecer mecanismos limitativos a los ciudadanos. Además de que debe revisarse toda la normativa emanada a nivel municipal que se funde en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, a fin de que esté armonizada con la Constitución federal y los criterios de la Corte.
Y en el Congreso del Estado, deberá de anotarse una raya más al tigre de la inconstitucionalidad.
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