Justicia a periodistas en Guanajuato ¡Justicia para Ernesto Méndez! Seguridad Pública para todos
Efectivamente, el tercer periodista asesinado en el sexenio 2018-2024, Ernesto Méndez Pérez, suscitó en el territorio con el más alto nivel de violencia del país, porque el estado de Guanajuato ha permanecido en el primer casillero nacional por la consumación de homicidios dolosos. Sin embargo, el responsable de la Seguridad Pública es el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Mientras la violencia reflejada con asesinatos, ejecuciones, extorsiones, secuestros y trata de personas, invaden los pavimentos de los estados y municipios, la Federación y entidad, comentan que luego de haber recibido sus administraciones desde 2018, consideran firmemente que las estrategias aplicadas en seguridad están funcionando a pesar del incremento constante de la inseguridad acompañada de impunidad. El asesinato de Méndez Pérez resulta la ocasión para que se haga justicia con un rasgo importante, la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde es titular Carlos Zamarripa, y actúe con plena autonomía del Ejecutivo.
También para que se reconozca en dónde estamos parados en materia de seguridad pública, para que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, haga ajustes en su administración, en especial en la Secretaría de Seguridad estatal en donde, Alvar Cabeza de Vaca, aún no aparece con la gran Estrategia que ofreciera durante la campaña el gobernador, la que señaló la estaban confeccionando en las oficinas de su jefe de seguridad. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció tácitamente las deficiencias de su Estrategia, creando -para ajustar- la Fuerza Especial Antihomicidios.
En consecuencia, mientras las autoridades no se ocupen por cumplir el mandato legal, vincularse, se tendrá un escenario nacional donde las organizaciones criminales pueden actuar libremente. No habrá ningún sector de la población en los 32 estados de la República que no sea afectado, incluso la clase política. En este escenario de las ejecuciones de los comunicadores, no debe levantar solamente la ola de condenas de parte de los gobiernos, se deberá hacer justicia, pero sobre todo de proveer seguridad en particular a quienes han sido los más golpeados.
Y es que la agresión a periodistas en la entidad con los 3 asesinatos sumados, Israel Vázquez en Salamanca, registrado en 2020, Ernesto Méndez en San Luis de la Paz este martes pasando por la causa de Enrique Sosa, el ex camarógrafo de la TV del gobierno de Guanajuato, no son hechos aislados, conforman el gran paquete de violentaciones contra los trabajadores de la comunicación de más de 60 casos compilados que son considerados riesgosos debido a su tarea, desde agresiones físicas hasta amenazas; aunque se cree que ocurrieron un total superior de ataques, pero que no fueron registrados.
La parte más delgada del hilo son hostigamientos, amenazas veladas, insultos y tentativas contra la libertad de expresión que, por lo general, se generan y se reproducen desde las oficinas oficiales y pasan como agresiones “toleradas”, que se espera las soporten quienes trabajan a favor de la opinión pública. La condición que se ha considerado una “especie de normalidad” para las personas por ser parte de ese gremio.
Cuando se hizo la “Concertacesión PAN-PRI” que le permitió a partido conservador tomar el poder estatal con Carlos Medina Plascencia, con su primer caso fallido del gobierno estatal, pretender cambiar la capital del estado de Guanajuato de La Cañada a la Presa de la Purísima, la nueva capital, el exgobernador llamó a los periodistas: “los perversos”; raíz histórica de la acción autoritaria del gobierno local de Guanajuato.
Antes, siendo presidente municipal de León, Medina, ordenó reprimir a jóvenes y periodistas en la Concha Acústica del Parque Hidalgo donde se llevaba a cabo una reunión para recordar el 2 de octubre, represión a los estudiantes en Tlatelolco, en la Ciudad de México, durante el 1968.
Topografía.
Agrimensura. En penumbras
Si alguien sabe dónde quedó finalmente la termoeléctrica de ciclo combinado, por 4 mil 500 millones de pesos, que prometió para el estado de Guanajuato, al principio del sexenio, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, puede pasar por favor a informarlo a Paseo de la Presa, pues es honda la preocupación en el Ejecutivo estatal por la insuficiencia energética que hay en la entidad por cortes eléctricos de la paraestatal.
Este jueves, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, puso en la mesa de la opinión pública su malestar por la serie de apagones recurrentes que se han presentado en diversas partes del estado, afectando la producción industrial y el abasto de energía en los hogares guanajuatenses. El problema atañe totalmente a la CFE, pues a decir de la Superintendencia, aunque se cuenta con una red suficiente de abasto, hay problemas en su mantenimiento.
No queda claro si el tema es derivación de las restricciones que ha generado la “pobreza franciscana” que ha ordenado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha descobijado las operaciones esenciales de diversas instancias gubernamentales o es otro el tipo de problema que no ha permitido a la CFE “constancia” en el abasto, como exige el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que ve el problema como parte de las debilidades en la región a la hora de buscar inversiones foráneas.
De paso, dio un dato también revelador, aunque este de tipo natural, Guanajuato es el estado en la posición número 4 en el ranking de tormentas eléctricas. Eso también incide en la red eléctrica.
Por esta razón el mandatario guanajuatense anda tras la paraestatal para que ofrezca soluciones reales al problema de abasto energético, ahora que se ha ido cerrando por obstinación presidencial la posibilidad de inversiones en energía limpia y sean pausado los proyectos de generación que se tenían en marcha en el norte del estado.
La otra gran pregunta que hará al equipo de Manuel Bartlett es sobre el destino de la Central Ciclo Combinado “Salamanca”, que aportaría una capacidad neta estimada de 927 MW, con inversión de 627.3 millones de dólares, de la cual ya nada se supo. El alcalde salmantino, César Prieto, también ha estado pidiendo datos sobre el proyecto, al que, según le informaron, le cortaron las alas porque no le gustó al director de la CFE la intervención que originalmente tendrían los inversionistas privados en el proyecto; esto, sumado a las restricciones financieras que fueron impuestas con la COVID-19 como chivo expiatorio.
Dicen las malas lenguas que esos milloncejos de dólares que iban a Salamanca reposan en Dos Bocas y que no regresarán.
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