Informe o mitin. Morena emplea recinto legislativo para pugnar por alcanzar el Gobierno del Estado en 2024
Divididos y con poco, realmente, qué informar sobre su producción legislativa, dado que, ciertamente, el PAN poco les ha dejado hacer, salvo presentar iniciativas y peticiones para exhortos locales, los representantes de Morena en el Congreso del Estado utilizaron su informe de labores como grupo parlamentario para lanzar puyas al Gobierno del Estado, exigir nuevamente la remoción del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Álvar Cabeza de Vaca, por los altos índices de criminalidad en la entidad y primer lugar nacional en homicidios dolosos.
Ernesto Millán, Ernesto Prieto, Hades Aguilar, Alma Alcaraz, Cuauhtémoc Becerra, David Martínez, Edith Moreno e Irma Leticia González, reunieron, cada uno, a decenas de sus seguidores más fieles en uno de los salones del Congreso del Estado para rendir su primer informe de labores legislativas.
Como invitados de honor, Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el mayoritario, y presidente de la Junta de Gobierno, así como el presidente de la Mesa Directiva y también albiazul, Martín López Camacho, tuvieron que apechugar y escuchar todos los reclamos por no dejar pasar la inmensa mayoría de las iniciativas morenistas, las críticas al gobernador, a la seguridad estatal y hasta las alocuciones sobre el futuro político del estado, cuando los diputados del rojo marrón le hicieron a los augures.
Otra que destacó, fue la senadora Martha Lucía Malú Micher, quien optó por acompañar a sus compañeros de Morena en el Congreso del Estado, antes que reducirse a escuchar el ¡Presidenta! ¡Presidenta!, en el mensaje político del Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Auditorio Nacional. Hasta se divirtió al lado de Luis Ernesto Ayala.
Cada uno de los ocho diputados morenistas, sobre todo en sus redes sociales, jaló para su santo y dio sus propias estadísticas o de plano abordó temas diferentes. Pero no hubo la muestra de un proyecto común y concreto para enfrentar el mayoriteo, ni la exposición de lo que no pudo ser, en aquellas iniciativas negadas o al menos relevar las congeladas.
Juntos, optaron por lo fácil, la propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador o la exigencia de salida de los funcionarios de seguridad del estado, aventurando una futura propuesta para que el fiscal general sea electo en unos años por el Congreso del Estado a propuesta de sus miembros y no del Ejecutivo, ya encarrerados, los legisladores hicieron futurismo y pugnaron porque en las próximas elecciones Morena saque al PAN del Gobierno del Estado.
Y es aquí, donde el informe podría convertirse en un búmeran contra los propios morenistas, pues el acto, en un recinto oficial y con uso de recursos públicos, dejó de ser un acto de rendición de cuentas para caer en la promoción más propia de lo electoral. Sus adversarios, atentos a la jornada, ya revisan el tema, pues a, fin de cuentas, eso de “no somos iguales”, resulta más un eslogan que una certeza.
De remate, el acto, que debió ser pauta a fin de mostrar lo hecho en la adversidad y base para lo futuro en el quehacer legislativo de los morenistas, que siguen sin poder acordar un nuevo coordinador legislativo, se produce en momentos donde Morena, en el ámbito nacional, asume atención mediática, no por sus aportes legislativos, sino por los crecientes escándalos, como el de una persona transexual que tienen en San Lázaro y que divulga pornografía y prostitución en sus redes sociales, dividiendo a las propias minorías sexuales respecto del rol que debió tener en la Cámara de Diputados, yendo su caso, ya, a la Comisión de Ética de la asamblea. O, la información que va fluyendo respecto al uso del Ejército en este sexenio, a partir de los archivos robados a la SEDENA.
A este ritmo, el informe del Grupo Parlamentario de Morena quedará en lo anecdótico, en el mejor de los casos.
Topografía.
Altimetría. Ora es cuando escopeta.
Ante la carencia de reacción de parte de sus opositores, el residente de Palacio Nacional poco a poco está rompiendo el cerco impuesto por el hackeo de información clasificada a la SEDENA. Así el Jefe del partido Morena en poder de la República, está buscando absorber los efectos de las revelaciones al grado de auto denominarse, debido a su estado de salud, una persona que si tiene “bastantes achaques” pero también tiene la “fuerza suficiente para completar la transformación de México”. Y lo usa para avanzar a sus críticos señalando “ya estoy chocheando”.
Antes había estimado que las filtraciones luego del ataque cibernético, un robo de información que no preocupa a su gobierno porque esa “no oculta información” minimizando la extracción de millones de datos de Seguridad Nacional que resguardaba la institución más especializada sobre el tema del gabinete legal.
Sin embargo, una cuestión que emergió también el cierre del mes pasado que todavía la 4T aún no consigue rolinear, es el rechazo de un juez de los Estados Unidos a la demanda de México en contra de los principales fabricantes de armas a quienes acusa de “comercio negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en el territorio mexicano. Una medida para la despitolización en el país.
El gobierno federal, a pesar de haber recreado la propuesta de demanda e interponerla ante el rechazo, no ha logrado revelar su Plan “B”, ni la flamante Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, potosina, Rosa Icela Rodríguez Velázquez ni el General de División de 4 estrellas, baja californiano Luis Cresencio Sandoval González, tienen respuesta para proceder en el supuesto caso de que un tribunal estadounidense desestimara la demanda contra las empresas productoras de las armas. Aunque es menester señalar, el general Sandoval, pues… “anda herido”.
Indistinto de la posibilidad de que esa demanda conquiste su propósito más adelante, a fin de que sirva a los objetivos del Estado Mexicano de encarar la inseguridad desactivando el contrabando de armas de los Estados Unidos a las 32 entidades federativas y sus municipios, desde ahora y por la negativa del Tribunal de Massachusetts, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, deben de buscar y encontrar las medidas para contrarrestar los accesos del armamento de fayuca.
Si bien es cierto que las aduanas en el territorio nacional están en las manos de personal de la Fuerza Armada, también es cierto que en los estados de la República se tiene información respecto del flujo de las armas y su transportación, aunque resulta más complejo detectarlo en estados con una red extensa de carreteras como Guanajuato, con un Puerto Interior con salida y entrada por el Pacifico y Golfo de México.
Condición que representa un reto, pero como el objetivo primordial de la Federación es frenar el contrabando de armas, el vínculo entre los tres órdenes caería como “anillo al dedo” para prevenir y suministrar seguridad pública.
El gobernador en el territorio guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez, tiene la oportunidad de diseñar con sus asesores -“estrategas”- un plan con ese fin, aprovechando las infraestructura del Proyecto “Escudo” y Red C-4 de inteligencia montadas en el Corredor Industrial del Bajío. En el caso, la GN y Fuerza Armada, serían el apoyo.
Aunque sería importante conocer si el veterano secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, resulta capaz de producir un plan general para contrarrestar el contrabando de armas en la entidad.
Ojalá no crea que Silao es el primer puerto marítimo de la entidad, sino la plaza en donde está ubicado el Aeropuerto Internacional del Bajío, y donde se produce una especie de “Nudo Giordano”, debido a las carreteras -internacional y aledañas-, y vías de ferrocarril que confluyen. Podría apoyarlo en esa empresa el fiscal del estado, Carlos Zamarripa.
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