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Foto del escritorLa Noticia al Punto

Rosa de los Vientos del 04 de noviembre de 2022, por Israel López Chiñas



Rechaza Congreso guanajuatense continuidad de militares en las calles a 2028. Los panistas se oponen a AMLO y Morena

El PAN de Guanajuato encontró la coyuntura para tomar la decisión de transitar por la ruta de franca oposición a Palacio Nacional y su partido Morena rumbo al 2024. Con la votación contra la minuta que prorroga la estancia de las fuerzas armadas en actividades de apoyo a la seguridad pública a 2028, se erigió además en el “epicentro” de la lucha nacional de los albiazules debido a su condición de oposición real, porque tiene gobernando la entidad durante tres décadas consecutivas.


Con esta actuación los panistas en el territorio guanajuatense siguen la línea marcada por el dirigente nacional albiazul, Marko Cortés Mendoza, quien atrajo a sus socios a evitar la militarización del país que trata la permanencia de soldados y marinos en las calles del territorio mexicano. Amén de que colocaron a los liderazgos de Acción Nacional del estado en condición de avanzada por la candidatura presidencial del 2024, para la cual el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, se estaría incorporando.



El diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, anotado suspirante a la candidatura presidencial del partido conservador podría ganar el efecto del rechazo a la militarización, que lo estará comentando este viernes en su rueda de prensa en Salón Ruelas del Hotel Posada Santa Fe. Serán entonces dos panistas de Guanajuato con presencia nacional los que resultarían beneficiados, en primera instancia, por la postura a favor de la "línea nacional partidaria". Amén de que el gobernador tiene la posibilidad de designar candidato a la gubernatura gane más confianza.



Con las recomendaciones, sugerencias o amenazadas veladas de parte del encargado de la Política Interna en el país, secretario Adán Augusto López y la invitación del residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, se entendió que la Cuarta Transformación pretendía la especie de “unanimidad” de parte de los 32 congresos estatales a favor de la minuta constitucional para mantener a los militares en las tareas policiacas, cuatro años, luego que termine su periodo en septiembre de 2024. Aunque la “atracción pública” de AMLO a los diputados locales panistas llevaba jiribilla con resultados positivos de las fuerzas armadas en apoyo a las policías, sumó, “no se va a retirar el ejército con voto en contra”. Algo así como el háganle como quieran pero el show continúa.



Se pudo asegurar en su momento luego de la aprobación de la reforma para la extensión a 2028 que la Federación contaba con los congresos locales (veintena) para cerrar la tarea legislativa con la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación por el Representante del Poder Ejecutivo, de AMLO. De acuerdo a tiempos y procedimientos, en el Congreso guanajuatense cuyo Órgano de Gobierno preside, Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador de la bancada albiazul -la mayoría-, estuvieron "pastoreando" esa votación contraria a la minuta federal.


Y por el total de diputados de Morena, primera minoría con 8 de los 36 de la legislatura -de paso rotos en tres grupos- lograron en momentos llamar la atención para exigir el voto a favor tomando como base los totales de homicidios dolosos en el territorio guanajuatense en algunos años y las fuerzas policiacas, estatal y municipal, no están preparados para encarar la delincuencia. La manifestación pírrica que llevó el grupo rojo marrón a la sesión plenaria del Congreso ayer para ejercer presión e impedir la votación contra la continuidad, sirvió sólo para un receso.


Los morenistas que llegaron al Congreso del Estado en calidad de “fuerzas vivas del régimen”, bajo la idea de “reventar” una sesión donde se sabía sería negado el apoyo legislativo guanajuatense a la reforma constitucional para la permanencia de las fuerzas armadas en las calles al 2028, marcaron pauta de su proyecto, fuera del orden democrático, donde no cabe la disidencia, donde no cabe que se piense de otra forma a los designios socializados por el residente de Palacio Nacional.



El griterío, insultos, interrupciones, violencia política de género contra las legisladoras que votaron contra la minuta, hizo "pírrico" el receso porque en la sesión, bajo la directriz del secretario general de Morena en el estado de Guanajuato, el autollamado conflictólogo Jesús Ramírez Garibay- estacionado entre los cercanos a Ricardo Sheffield Padilla, el procurador del consumidor del gobierno federal-, no lograron cambiar la historia y sí mostraron el rostro de la intolerancia que hasta dentro de la propia bancada morenista provocó repudio, acentuándose la división. El tema ya no resultó el debate dentro del poder legislativo sino el golpeteo amedrentador que buscaron desde gayola, la interferencia al trabajo de las instituciones desde la violencia verbal hasta las amenazas directas.


Los morenistas, con esto, lograron dejar de lado el debate sobre la conveniencia o no de que las fuerzas armadas hagan trabajos de seguridad pública en coordinación con las autoridades civiles hasta 2028, o que Guanajuato los necesita porque tiene los números más negativos en cuanto a violencia se refiere en México; a cambio, se cuestiona hasta dónde serían capaces de nulificar cualquier disenso político, si tuvieran el poder para hacerlo.


Al calce. La escandalera dejó en segundo plano otras discusiones de trascendencia, como la incorporación de 12 delitos al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva. La propuesta aprobada en el Congreso del Estado, armoniza lo que en la Constitución federal se marca en la materia. Sin embargo, quedó en el camino la postura en contrario a esta reforma del procurador de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, Vicente Esqueda, quien recordó que hay recomendaciones internacionales contra la medida, posturas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que van contra la prisión preventiva en varios de los delitos ahora incorporados y, al final del túnel, el atropello a la presunción de inocencia.



Una postura firme del procurador Esqueda, que debió ganar mayor relevancia en la discusión parlamentaria, pero la cual se perdió en la rebatinga de los morenistas sobre algo que ya tienen ganado y donde su única pelea era "restringir" la disidencia.


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