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La reciente orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial provocó una nueva confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum negó estar en desacato, argumentando que no ha sido notificada sobre la suspensión definitiva que ordena eliminar dicha reforma. Además, Sheinbaum anunció que denunciará a la jueza Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura por presuntas “irregularidades” y consultará al Congreso si es viable que una jueza dicte tal orden. Aunque insinuó que podría presentar un juicio político en su contra, afirmó que no interferirá más allá de lo mencionado.
Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, recordó que tanto las autoridades como los ciudadanos deben respetar las leyes, defendiendo la importancia de preservar la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes en un Estado constitucional. . Piña alertó sobre los peligros que enfrenta México ante la politización de la justicia, advirtiendo que la reforma judicial compromete el derecho a una justicia imparcial y al respeto de los derechos humanos.
Los constitucionalistas han advertido que el incumplimiento de las órdenes judiciales podría desencadenar una crisis constitucional en el país. Según los expertos, resulta inédito y alarmante que una presidenta se niegue a eliminar una publicación en el Diario Oficial, ya que, en un Estado democrático, desobedecer resoluciones judiciales podría constituir un delito.
El pasado 17 de octubre, la jueza Nancy Juárez, del estado de Veracruz, ordenó a la presidenta Sheinbaum y al director del Diario Oficial, Alejandro López González, retirar el decreto de reforma judicial publicado en septiembre bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. . Especialistas señalan que, ante decisiones adversas, un gobierno democrático debe acatar la sentencia primero y luego impugnarla judicialmente, lo que aún no ha ocurrido en este caso.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que el no catar una resolución judicial constituye un delito y que el Ejecutivo ha dejado claro que no planea cumplir si la decisión no le favorece. Agregó que este tipo de actuaciones no corresponde a un gobierno democrático, poniendo a México al borde de una crisis constitucional.
Finalmente, Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del mismo instituto, lamentó que el mensaje que envía el gobierno es que "la política está por encima del derecho", situación que, en sus palabras, es preocupante y poco común en una democracia.
Por Angel Soto
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