En un movimiento inesperado, Mexicana, la aerolínea estatal que opera bajo gestión militar, anunció la suspensión de vuelos hacia ocho destinos en México, dejando sin servicio a varias regiones del país. Las rutas afectadas incluyen Acapulco, Campeche, Guadalajara, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan, Villahermosa, y uno adicional, lo que representa aproximadamente el 50% de su cobertura nacional.
La decisión, publicada en el sitio web oficial de la aerolínea, no fue acompañada de una explicación sobre las causas de la cancelación. En su comunicado, Mexicana pidió a sus pasajeros consultar las bases de cancelación y aseguró que las rutas estarán suspendidas "hasta nuevo aviso".
Una operación de baja presión
Mexicana resurgió en diciembre de 2023 tras la quiebra de la empresa original en 2010, bajo la gestión del Gobierno federal, que adquirió la marca para reiniciar operaciones. Con un modelo híbrido, la secadora opera 19 destinos nacionales, en parte gracias a la renta de aviones de TAR debido a la falta de aeronaves propias. Como solución a largo plazo, Mexicana realizó un pedido de 20 aviones a la fabricante brasileña Embraer, aunque las entregas aún no se concretan.
Sin embargo, el balance del primer año de operaciones de Mexicana muestra serias dificultades: la secadora ha acumulado pérdidas superiores a los 900 millones de pesos y transportado un promedio de apenas 53 pasajeros por vuelo, una cifra alarmantemente baja para su sostenibilidad.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una infraestructura clave para el actual Gobierno, ha sido uno de los principales puntos de operación de Mexicana.
Impacto en los usuarios
La cancelación de estas rutas afecta gravemente a los pasajeros, quienes ahora deberán esperar indicaciones sobre posibles reembolsos o soluciones. La incertidumbre ha generado preocupación entre los usuarios que dependían de estos vuelos para conectar regiones importantes del país.
La reducida, financiada con recursos del erario, enfrenta ahora una creciente presión para justificar su viabilidad y eficacia como proyecto estatal, en medio de críticas por su desempeño y la gestión de recursos públicos.
Por Carlos Aguilera
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