La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dejó en claro que su estado no será una opción para los migrantes que lleguen desde Estados Unidos, en medio de las amenazas del presidente electo Donald Trump de implementar un plan de deportaciones masivas. Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 y ha reiterado su intención de deportar a un millón de personas indocumentadas como parte de su estrategia migratoria.
Ante este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha implementado una estrategia intersecretarial para mitigar el impacto de estas medidas. Como parte de este plan, Sheinbaum ordenó la creación de 25 nuevos albergues en los estados fronterizos, con capacidad para albergar a 2.500 migrantes cada uno. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), será responsable de coordinar estos centros de atención temporal.
Chihuahua no será un "albergue"
Sin embargo, Maru Campos dejó claro que Chihuahua no participará plenamente en estas acciones. En una entrevista para Radio Fórmula, enfatizó que en su estado los migrantes serán únicamente procesados y luego enviados a sus lugares de origen. “No son albergues, son Centros de Procesamiento. Los vamos a recibir, procesar, tomar sus datos y los vamos a mandar a sus estados y municipios. Si les llamamos albergues, ellos se van a quedar, y definitivamente en Chihuahua no hay opción para los migrantes”, afirmó.
Campos, quien no participó en una reciente reunión virtual entre Rosa Icela Rodríguez y los gobernadores fronterizos, subrayó que Chihuahua no cuenta con la infraestructura ni las condiciones para convertirse en un punto de permanencia para migrantes.
Deportaciones masivas: una política controvertida
Durante su campaña, el equipo de Trump mantuvo ambigüedad respecto al número de deportaciones, pero el senador JD Vance, su compañero de fórmula, propuso una cifra inicial de un millón de personas. Esta postura ha generado críticas por los retos legales, logísticos y humanos que implica. Los expertos advierten que una medida de tal magnitud podría provocar la separación de familias, desestabilizar comunidades y agravar la crisis migratoria tanto en México como en Estados Unidos.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos alertan sobre el impacto devastador que esta política tendría en los migrantes y sus familias. Organismos internacionales también han señalado la necesidad de atender esta crisis desde un enfoque de derechos humanos y cooperación internacional.
Mientras tanto, la estrategia del gobierno mexicano busca enfrentar el reto migratorio con una red de apoyo limitada, dejando claro que algunos estados fronterizos, como Chihuahua, mantendrán posturas más restrictivas.
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