La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) se encuentra en una encrucijada legal, después de presentar un oficio en el que expone su incapacidad para acatar la suspensión definitiva impuesta contra la producción de material educativo gratuito por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los detalles en los archivos judiciales indican que la representación de la Conaliteg presentó un oficio en el que reafirma su imposibilidad de cumplir con la mencionada suspensión definitiva.
No obstante, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, ha rechazado esta petición de la Conaliteg. La juzgadora ha argumentado que la SEP está legalmente obligada a adherirse al mandato judicial de suspensión definitiva. En palabras de la juzgadora, "(La Conaliteg) se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva".
Este asunto se enmarca en el contexto del amparo 784/2023, el cual fue iniciado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). El motivo del amparo radica en la alegación de que los materiales educativos no se ajustaron a los planos y programas de estudios vigentes, además de no seguir el procedimiento establecido para su emisión.
La juzgadora había urgido previamente a la SEP a acatar la suspensión definitiva otorgada, a lo que la SEP respondió alegando que no habían sido debidamente notificados. La SEP continuó la producción y distribución de los materiales educativos en cuestión, a pesar de esta orden judicial.
En caso de que la Conaliteg persista en su incumplimiento, la juzgadora destaca que se dará aviso a las instancias superiores y al agente del Ministerio Público de la Federación, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Amparo. La mencionada ley establece sanciones para los servidores públicos que desobedezcan órdenes de suspensión debidamente notificadas, incluyendo penas de prisión, multas, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En resumen, la Conaliteg se encuentra en medio de una disputa legal debido a su negativa a cumplir con una suspensión definitiva contra la producción de material educativo gratuito por parte de la SEP. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) ha presentado un amparo alegando que los materiales no se ajustan a los planos de estudio y no siguieron el procedimiento adecuado. La SEP continuó la producción a pesar de la orden judicial, lo que podría tener graves consecuencias legales.
Por Ricardo Castañeda
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