En un paso significativo hacia la reforma del Poder Judicial en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes su gobierno enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación. Esta iniciativa busca establecer nuevos lineamientos para la elección de jueces, magistrados y ministros, y se espera que provoque un amplio debate tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria detalló que estas modificaciones pretenden clarificar los procedimientos bajo los cuales se elegirán a los representantes del Poder Judicial. La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de la administración de Sheinbaum por fortalecer la transparencia y el rigor en el sistema judicial mexicano, con la intención de garantizar una mayor imparcialidad en el proceso de selección de jueces y magistrados, y, en última instancia, reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, será la encargada de presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso. La Presidenta subrayó la importancia de esta propuesta, ya que considera que "era necesario enviar estas leyes secundarias para clarificar cómo se desarrolla la elección" de estos funcionarios clave del Poder Judicial.
Sheinbaum explicó que el envío de la iniciativa busca que las reformas sean aprobadas en ambas cámaras del Congreso, señalando que esto marcará un avance en el marco legislativo electoral y judicial. Se espera que la iniciativa genere un profundo análisis y discusión entre los legisladores, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar los impactos de estas modificaciones en la estructura y operación del sistema judicial del país.
Este anuncio reafirma la agenda de reformas estructurales que la presidenta ha venido impulsando desde su toma de posesión, centrada en mejorar la justicia y la equidad en el país. Además, pone en evidencia el interés de su administración por garantizar procesos electorales claros y legítimos en la selección de los operadores de justicia.
Por Salvador Sánchez.
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