En días recientes se anunció un nuevo acuerdo en materia migratoria entre México y Estados Unidos, en el que se autorizarán más de 64 mil visas de trabajo para migrantes, que se suman a las 66 mil que se tienen programadas emitir en el próximo año fiscal. Cabe señalar que en este acuerdo se especifica que de estas nuevas 64 mil visas, 20 mil serán destinadas a centroamericanos y haitianos, el resto para personas que regresarán a Estados Unidos después de haber trabajado ahí los últimos tres años fiscales.
Por otra parte, Estados Unidos comenzará a gestionar la migración de 24 mil ciudadanos venezolanos desde aquel país y se deja de aceptar a quienes intenten ingresar por la frontera mexicana salvo que se pueda comprobar presencia en el país antes de la emisión de dicho acuerdo. Para ello, el gobierno mexicano aceptó que de manera temporal algunos migrantes sean retornados dentro de nuestras fronteras bajo el ordenamiento de “Título 42” que permite al gobierno de Estados Unidos restringir el acceso a sus fronteras por el riesgo sanitario causado por la pandemia de COVID-19.
Se trata de una decisión que vale la pena analizar desde varias aristas. Por una parte, el anuncio de las visas de trabajo temporal adicionales se da en parte como resultado de la interacción binacional, desde la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Washington, hasta la promesa estadounidense echa dentro de la Cumbre de las Américas este año en Los Ángeles.
Si bien se trata de una acción loable, no empieza a atender tanto las cifras de desocupación laboral de los Estados Unidos, como la de población migrante que intenta ingresar a ese país. Tan sólo el año pasado, la patrulla fronteriza registró 1.7 millones de detenciones, cifra superada ya para este año fiscal. Por ende, ese remedio está abismalmente lejos de convertirse en una solución.
Desafortunadamente, nunca se ha reconocido oficialmente la labor del migrante, no obstante, proyectos como el relacionado con infraestructura anunciado por el presidente Joe Biden ponen al descubierto la enorme interdependencia entre la industria de los servicios y la mano de obra migrante, ante la imperiosa necesidad de reavivar los sectores productivos tras la pandemia.
El flujo de personas en la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido también en una emergencia humanitaria que ahora incluye a ciudadanos de países centroamericanos, del Caribe y Sudamérica quienes, gracias a los convenios de política internacional inequitativos, son removidos hacia el interior de nuestras fronteras, volviéndolos una población altamente vulnerable.
Penosamente, seguimos sin encontrar soluciones definitivas para una necesidad no reconocida ni aceptada más allá de nuestras fronteras, sólo respuestas temporales, de muy poco impacto y lejanas de una perspectiva de derechos humanos.
Azul Etcheverry Aranda
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