En una respuesta contundente, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), legisladores del Frente Amplio por México, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se unieron para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. de la Nación (SCJN). Esta acción busca impugnar la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman un total de 15 mil 800 millones de pesos.
El documento presentado destaca que la eliminación de estos fideicomisos, aprobada en el proceso legislativo, podría tener consecuencias devastadoras para los derechos fundamentales y los principios democráticos. Los legisladores argumentan que la medida propuesta podría ocasionar daños irreversibles a las personas que trabajan en el PJF.
Los diputados señalaron que durante el proceso legislativo se cometieron violaciones, destacando la modificación de la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Pleno del Senado, sin el quórum necesario, afectado así el derecho a la representación y participación.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, enfatizó la necesidad de esta acción para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento de la impartición de justicia. Por su parte, Marco Antonio Mendoza, vicecoordinador, detalló que detrás de la desaparición de los fondos existe una maniobra destinada a debilitar al PJF.
El coordinador parlamentario resaltó la importancia de mantener los recursos para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, así como para la infraestructura de nuevas salas. También hizo hincapié en la necesidad de garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por los ahorros generados, que están en riesgo de desaparecer.
En apoyo a la gestión de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, los legisladores destacaron su papel fundamental en la conducción del Poder Judicial, considerado como pilar de la democracia.
Los diputados argumentaron que algunos fideicomisos están compuestos por aportaciones voluntarias y que al devolver estos fondos a la Tesorería de la Federación, se estaría realizando una confiscación. Subrayaron que no ajustar la ley para devolver las aportaciones a los trabajadores constituiría una apropiación indebida de sus recursos, castigando así a un sector de servidores públicos.
Por Salvador Sánchez
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