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Por el Estado ...

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* Con información de Edith Dominguez, Martha Silva y Carmen Pizano A un año de su entronizamiento como primer fiscal general autónomo del estado de Guanajuato, el ex procurador Carlos Zamarripa Aguirre quien está por cumplir 11 años al frente de la institución persecutora de delitos, enfrenta una grave crisis de credibilidad y de cuestionamientos por su baja eficiencia, la hosca respuesta a las víctimas de delitos y hasta acusaciones de violentar la ley. El huracán de señalamientos, que se suman a los que no han amainado por su ratificación en 2018 por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su designación como primer fiscal en 2019, ha obligado a Zamarripa a dar la cara, hacer anuncios de capturas masivas que de todos modos no detienen la ola de violencia y hasta a reunirse con colectivos de víctimas para aceptar las omisiones de sus colaboradores. No es para menos, la actitud de los fiscales regionales y agentes del ministerio público con los familiares de las víctimas de desaparición forzada ya motivó un rosario de quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, una instancia más bien tibia que no se ha erigido en contrapeso ante las desviaciones de la Fiscalía. Por si algo faltara, la ex alcaldesa de León Bárbara Botello, la única priista que ha gobernado ese municipio en los últimos 30 años, denunció a la Fiscalía por violaciones a la ley de Amparo y se quejó de que Carlos Zamarripa encabeza una persecución política en su contra que no cesa. Además, en las últimas semanas, el titular de la FGE ha acumulado otros señalamientos, como por haber permitido la fuga del menor de edad Juan "N", presunto responsable de la muerte de cuatro adolescentes en Cuerámaro que fueron arrolladas de manera dolosa. Ha fallado retroalimentación de informacion, reconoce el Fiscal Los padres, hermanos, familiares de los hoy ausentes mostraron al Fiscal General Carlos Zamarripa relatos de la revictimización, omisiones, falta de interés de los agentes de la Fiscalía en buscar a los “presentes”, ahí Zamarripa Aguirre lamentó los maltratos de su personal, dijo que dio instrucciones para que no se repitan, sin especificar más. Por primera vez, a decir de algunos presentes, Zamarripa se acercó a los familiares al reconocer una deuda en la retroalimentación de información con los guanajuatenses desaparecidos y sus familias, “yo reconozco que estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel institucional para poder estar encontrando a cada una de las personas que son denunciadas”. Sin embargo, este reconocimiento de fallas no lo habría hecho en público. La exigencia de las familias fue clara, no más victimización, “esperamos hechos”. Pidieron trabajar hombro con hombro con autoridades para localizar con vida a los ausentes, y que estos “regresen a casa en el menor tiempo, (que haya) justicia, que cese la crisis de agonía que nos tienen en estado de desesperación, que (los agentes) hagan su trabajo”. Por su parte, las autoridades se comprometieron hacer tres mesas de trabajo: de legislación, búsqueda e investigación y atención a víctimas, donde estén todas las dependencias gubernamentales. La Fiscalía dijo que incrementarán en 30 funcionarios la plantilla de Subfiscalía de Desaparecidos, darán prioridad a las pruebas de genética por las fosas que se han encontrado aunque no han sido reconocidas como tales. La última información publicada al 31 de diciembre, en los últimos 5 años se estiman 50 cuerpos localizados en estos lugares. El asesor del colectivo, el académico y periodista Fabrizio Laurosso, dijo que según datos de Transparencia, de 2012 a 2019 en el estado, de más de 16 mil personas desaparecidas, el 93% ha sido localizada, ello habla que “al 31 de diciembre, (habría) mil 34 personas desaparecidas, pero falta (contabilizar) la cifra negra, se estiman más”; sumando a que el registro anterior hasta el año 2012 no se sabe qué pasó con esos casos. Dijo también que las cifras son necesarias para dimensionar el problema y ayuda a tejer patrones. Alto Comisionado de la ONU recomiendó acciones inmediatas La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a través de su representante Denisse González Núñez recomendó opere de forma inmediata la Comisión Estatal de Búsqueda, que la Fiscalía General de Guanajuato presente un plan de investigación para los agentes del ministerio público y policías ministeriales que hayan tenido omisiones u otras quejas para evitar revictimización y comenzar un “nuevo camino hacia el encuentro de los desaparecidos”. La ACNUDH solicitó se generen las condiciones de seguridad para los familiares que han recibido amenazas al visitar las instalaciones de Fiscalía y ofreció ayuda en la creación de la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, además de colaborar en las mesas de trabajo donde lo requieran. Tras la reunión de este jueves en Irapuato, José Gutiérrez, represente de colectivo A Tu Encuentro, confirmó que la ONU identificó disfunciones serias, la existencia de un vacío institucional y recomendó atender a las víctimas y localizar a los desaparecidos; destacó que Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, se comprometió a que de ser necesario se hará por decreto la Comisión de Búsqueda. Botello denuncia "persecución política" del PAN y del fiscal Bárbara Botello Santibáñez, ex presidenta municipal de León, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la violacion de una orden judicial federal, además, públicamente denunció ser víctima de persecución política. En rueda de prensa este miércoles, acusó al gobierno panista (encabezado por Diego Sinhue Rodríguez) de actuar con misoginia en su caso y de "judicializar la política". Advirtió: "Si algo me pasa a mí o a mi familia, responsabilizo (al fiscal) Carlos Zamarripa y al gobierno de Guanajuato". La licenciada presentó a través de sus abogados, una denuncia ante la FGR por el delito de violación a un auto de suspensión definitivo (de orden de aprehensión por el delito de peculado, al presuntamente contratar empresas fantasma por 1.5 millones de pesos durante su administración). Dicha suspensión fue concedida dentro de la serie de amparos promovidos por Botello en el transcurso de su defensa. Además, dio a conocer que hay otra carpeta de investigación por el delito de tortura, por el operativo que culminó con su captura, en mayo del año pasado. El abogado Alejandro Ochoa describió cómo se realizó la captura de su clienta, omitiendo los protocolos básicos, como es que los agentes se identifiquen como autoridad, se aseguren de la identidad de la persona y muestren la orden de aprehensión. Como nada de esto ocurrió, Bárbara confesó que pensó que era un secuestro. Las autoridades responsables en la denuncia de Botello son las señaladas en dicho juicio de amparo: el fiscal estatal anticorrupción y el asesor de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, de quienes al momento no se especificó el nombre. Por su parte, Bárbara Botello dio lectura a un posicionamiento donde recordó cómo fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que actuaron "con lujo de prepotencia y brutalidad", "apartados totalmente de la legalidad", por lo que hay una denuncia "contra quien resulte responsable" por tortura, malos tratos, vejaciones, y/o violación a garantías individuales, además de la carpeta por violación al auto de suspensión definitiva. " En Guanajuato, el Estado de Derecho es vulnerado por un gobierno totalitario, que aplica la justicia selectiva, que persigue a sus enemigos políticos y que deja impunes a los delincuentes", lamentó, y mencionó que esa "obsesión y saña" con que es objeto de persecución, "son dignos de mejores causas, como el combate a la inseguridad" que asola en estos días a Guanajuato. Posteriormente, respondió a las preguntas de la prensa, dijo por ejemplo, que esperó "estar tranquila" para luego presentar la denuncia, aunque reconoció que durante estos meses ha sido "amenazada" de diferentes formas, pasado por situaciones "vergonzosas" aunque no especificó cuales, sabiendo también que sus acusadores, Carlos Zamarripa y Diego Sinhue, titulares de la Fiscalía y del Gobierno del Estado, podrían "activar" alguna de las 39 demandas promovidas, solo como castigo por atreverse ella a hacer esta denuncia pública. También responsabilizó a ambas autoridades de lo que pueda pasarle a ella o a su familia. Durante la conferencia de prensa, Bárbara aceptó que hubo un pacto de silencio, se reservó con quién, para "bajar" sus redes sociales y dejar de cuestionar lo que llamó "gobierno autoritario", pacto que se ha roto, por lo que teme por su seguridad y de su familia. Familias de desaparecidos también denuncian al fiscal La Fiscalía General de Guanajuato tendrá que responder a las 15 quejas que presentaron el miércoles familiares de personas que han desaparecido en Guanajuato bajo los ojos electrónicos de las miles de cámaras de videovigilancia y la tecnología del Proyecto Escudo, para el que se destinaron 2 mil 700 millones de pesos, que hasta hoy no han demostrado su valor ante la sociedad. Entrevistado previo a su encuentro de este jueves, José Gutiérrez, titular del colectivo “A Tu Encuentro”, detalló las 15 quejas que presentaron: una es contra la subfiscal región Irapuato Claudia Mota, dos contra la subfiscalía de Celaya y las 13 restantes en contra los ministerios públicos y policías ministeriales de la Fiscalía General y porque en “todas” hay un desaseo en su integración e investigación. “Las quejas se hicieron en general, excepto una, se hizo en contra de la Fiscalía y en contra de la fiscal regional Claudia Mota por el trato que le dio a una de las familias y la información”, en un caso que implicó la desaparición dos jóvenes y al día siguiente que los familiares presentaron denuncia uno fue localizado muerto, y sin pruebas y evidencia científica la funcionaria les dijo que “probablemente su hijo se escapó porque tuvo algo que ver en el asesinato de este muchacho y a lo mejor está es la línea de investigación”. “Dos quejas (se presentaron) porque siguen renuentes a entregarnos algunas carpetas, tenemos una cita pendiente en Celaya porque tenemos más de dos meses que solicitamos carpetas y no nos las han entregado”. Siguió: “las 13 son de la revisión a las carpetas (entregadas), la falta de apego al protocolo por la Fiscalía, no solicitar información de manera oportuna, adecuada, el trato que han recibido las familias... todas las carpetas que nos entregaron están incompletas, presentan algunas anomalías, algunas traen copias o archivos de otras carpetas, algunas de ellas de archivos de homicidios, refleja una terrible desorganización de la Fiscalía, si fue adrede (o) por una estrategia de darnos archivos sin sentido, revela la falta de seriedad en atención a las víctimas... aparte, las familias ha llevado otra información y no se ha integrado a la carpeta”. Ejemplificó una falla del personal a cargo de Zamarripa Aguirre, en el acta de lectura de derechos, donde el personal debería explicar los 22 derechos, “a esta familia le dan su acta de lectura de derechos a las 12:37 y a las 12:38 (cierran), está en el oficio donde se levanta la declaración; solo les están dando un papel a firmar y con eso (la fiscalía) está justificando (una) pésima calidad, los pésimos documentos que nos entregaron por parte de la fiscalía y fue el tema central de las quejas”. “Esperamos que la Procuraduría de Derechos Humanos sí investigue, sí haga las recomendaciones necesarias en los temas de personas desaparecidas, no solamente de la investigación, lo cual es muy grave y permite la impunidad, pero sí, en el tema de la atención a víctimas que también la Fiscalía adolece” explicó Gutiérrez. Además dijo que las acciones engañosas continuaban, porque nombran como “atenciones personalizadas (pero) en realidad lo que han ido con las familias son policías ministeriales que van a echar mentiras”. Fallece mujer de Irapuato sin localizar a su hija Los ojos de María del Refugio se cerraron este miércoles 22 de enero, ella no logró volver a ver a su hija Gabriela Johana Ríos Blancarte, de 17 años de edad, luego de que el 27 de mayo de 2019 hombres armados irrumpieran en su domicilio y se la llevaron con lujo de violencia a bordo de una camioneta de color dorado. Pese a que recibieron una amenaza cuando estaban en las instalaciones de la Fiscalía en Irapuato, (“Salte de ahí, no sigas con tu denuncia”), no se amedrentaron. Aún así, la Alerta Ámber fue activada por la Fiscalía 15 días después y a petición de su progenitor, quien al asesorase en México, le indicaron que la solicitara porque al ser Gabriela menor de edad, debía de activarse de manera inmediata. El pasado 21 de enero la joven cumplió 18 años de edad y los pasó lejos de sus familiares y amigos, el próximo día 27 cumplirá 8 meses que fue sustraída de su casa en presencia de su familia. A raíz de ello, a María del Refugio le dio una embolia que le paralizó la mitad de la cara, se le llenó de pus y aunque la operaron, le siguió un paro respiratorio y la tuvieron que entubar, le detectaron neumonía y finalmente falleció. “Al denunciar le (llamaron y) dijeron "sabemos que estás en la Fiscalía, salte de ahí y no sigas con tu denuncia", es decir; alguien de la Fiscalía estaba pasando información o está infiltrado, la señora desarrolló problemas de salud que hoy le quitaron la vida sin encontrar a su hija, es terrible y eso lo tiene que escuchar el fiscal y él tomará la decisión de cómo va querer reaccionar” explicó José Gutiérrez. Por ello solicitarán a Carlos Zamarripa se haga una mesa de investigación y búsqueda, así como la mesa de atención a víctimas “imprescindibles en Guanajuato por el tema de la violencia pero también por el desempeño de la Fiscalía”, donde participe el fiscal, el órgano interno de control, el Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca, el acompañamiento de la ONU con las familias y los asesores de los colectivos, para analizar caso por caso, omisión y fallas en la atención de las víctimas y no se repitan. 35 recomendaciones de DDHH por desaparición forzada en 2019 Por el delito de desaparición forzada de personas, donde participaron policías, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado emitió 35 recomendaciones durante 2019 por 17 personas en Celaya, 9 en Comonfort y 9 casos en Cortazar, donde la Fiscalía deberá iniciar una investigación. El organismo ordenó también se inscriba a los familiares en el Registro de Víctimas para que accedan a la reparación integral del daño, se otorgue atención médica y psicológica y se les proporcione un trato digno, sensible y con calidez. Además, de que inicien las investigaciones administrativas contra los policías municipales, y los directores de seguridad pública de estos municipios deberán dar una disculpa pública institucional y deberán brindar las garantías para que no se repitan los hechos. Reaparición para anunciar "logros" Después de semanas de no tener apariciones públicas y en medio de las críticas por el trabajo de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre hizo su reaparición el lunes en una rueda de prensa para presumir la detención de 24 presuntos, en un periodo de cinco días, a quienes relacionó con los delitos de homicidio, extorsiones y desaparición de personas. Incluso, mencionó que 13 de ellos pertenecen a un grupo delictivo y los 11 restantes al cártel antagónico, sin precisar la información con los nombres de las organizaciones delictivas. En la conferencia, el fiscal estuvo acompañado de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien también se le ha reprochado el significativo aumento de la violencia en los últimos años. Frente a los medios de comunicación, el fiscal general aseguró estar disponible para responder a todos los cuestionamientos, aunque cuando llegaron las preguntas relacionadas con los malos tratos que reciben las familias de personas desaparecidas, limitó sus respuestas a una condena y advertencia de despido a funcionarios que incurran en estas prácticas, sin precisar las prometidas investigaciones a los servidores públicos que criminalizan y revítimizan, como lo prometió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres ante las familias. Preguntas sobre la presunta muerte de la hermana de José Antonio Yépez, alias "El Marro", el número de expedientes abiertos por malos tratos de los servidores públicos de la Fiscalía, el número de investigaciones de personas desaparecidas, también se quedaron sin respuesta. Durante la entrevista, donde abordaría los temas que no quiso responder en la rueda de prensa limitada a dar información sobre las personas detenidas, apenas mencionó que si no tenía datos claros sobre el número de personas desaparecidas es porque en el 90 por ciento de los casos se localiza a las personas en menos de 24 horas. Se descarta reclasificar terrorismo en caso Cuerámaro Consultado previo a la reunión de este jueves en Irapuato, y apenas unos días después de que familiares de las 17 personas de Cuerámaro inculpadas de terrorismo manifestaran estar confiados en que pronto saldrán libres sus seres queridos, el fiscal general sostuvo que no habrá reclasificación del delito y seguirán con el proceso judicial. La confianza para obtener la libertad de las 17 personas detenidas por las protestas para exigir justicia por la muerte de cuatro menores de edad se dio luego de la reunión que familiares sostuvieron con el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico. Sin embargo, para Carlos Zamarripa no hay marcha atrás en la clasificación de los actos como terrorismo, por los daños causados a la presidencia municipal de Cuerámaro y dos domicilios particulares. "Habrá de llevarse a cabo la persecución del proceso, no tenemos por qué hacerlo (reclasificar el delito de terrorismo)", sostuvo el fiscal.

Cuatro niñas cayeron del juego mecánico conocido como 'The Show' en la feria en la feria estatal de León. Al parecer las menores resbalaron en el juego y cayeron, lo que les ocasionó lesiones leves en diversas partes del cuerpo, por lo que rápidamente fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil en el lugar, y más tarde llevadas en una unidad médica a un hospital particular. Protección Civil del Estado descartó luego de una verificación física del juego, que el accidente se haya ocasionado debido a alguna falla mecánica o mala manipulación del operador. Por lo que las investigaciones se abrieron para deslindar responsabilidades. Se desconoce qué pasó a las menores que resbalaron a la misma vez. Serán las investigaciones las que arrojen qué fue lo que sucedió en realidad. El accidente sucedió la tarde del miércoles proximadamente a las 16 horas y las víctimas fueron identificadas como Sofía y Elisa de 12 años , además de Ana y Michel de 11 años. También hay testigos que indicaron que las menores dijeron haber sufrido lesiones debido a que se golpearon al caer durante el funcionamiento del juego. Y sus familiares también dijeron que todo había sido causado por una mala manipulación del operador del juego.

Se compromete la Fiscalía General del estado a dar seguimiento a los casos de personas desaparecidas y y será hoy cuando comiencen los trabajos de la Comisión Estatal de búsqueda A su salida de la reunión con familiares de desaparecidos, el Fiscal General, Carlos Zamarripa dijo que cada caso de desaparecido en Guanajuato es diferente y algunos están vinculados. Comentó "hemos hablado de las generalidades, cada uno de los casos tiene particularidades algunos pueden ser vinculantes y otros son hechos para cada uno de los casos, ya no quiero generalizar, daremos respuesta a cada uno de ellos". Zamarripa agregó que se siguen todos los protocolos y que se ha encontrado que un gran numero de quienes han sido denunciados como no localizados la mayoría están con vida. Apuntó que también se han abierto expedientes a funcionarios de la fiscalía cuyo trato no fue el adecuado. "Más allá del número que se me pregunta, todos los casos donde se detecte una anomalía por la atención recibida, habrá de investigarse" , dijo. La reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Irapuato con los colectivos de familias de personas desaparecidas, Zamarripa les informó que una de las acciones a emprender aparte del seguimiento de cada caso es la duplicidad de personal en el Ministerio Público y el nombramiento de una fiscal que va a coordinar las agencias. Esto, dijo permitirá la retroalimentación con las víctimas indirectas, el colectivo y las familias e interesados en general. También se dijo que por la tarde de este jueves se va a comenzar a trabajar con la creación de la Comisión Estatal de búsqueda, acuerdo que se llevó a cabo con las familias de desaparecidos y secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala.

Es paradigmático para un presentador de noticias como el empresario y dueño de TV Guanajuato Jorge Rodríguez Medrano que, siendo de alguna manera un portavoz de la labor periodística o de las noticias que son productos del ejercicio del periodismo, reciba un fallo en su contra en el juicio que emprendió, acusando de daño moral a un periodista y a un ciudadano promotor de la transparencia y el acceso a la información pública, como el que acaba de emitir una jueza de lo civil del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato. Lo es todavía más porque los criterios expuestos por la jueza que emitió la sentencia en este caso fueron exactamente los mismos por los cuales en junio de 2014, hace casi seis años, Jorge Rodríguez Medrano quedó exonerado de una acusación por difamación que fue hecha en su contra por el entonces presidente municipal de San Miguel de Allende, el priista Mauricio Trejo Pureco. En ese entonces, el alcalde de San Miguel de Allende y Rodríguez mantenían un diferendo derivado de una competencia de televisoras, pero desde su función y en uso de su cargo como alcalde, Trejo impidió el acceso de reporteros y camarógrafos del canal de Rodríguez a una sesión del Ayuntamiento, y también forcejeaba con este mediante la asignación discrecional de la publicidad oficial, contratada con recursos del erario municipal. Pero la demanda de Trejo fue motivada por un desplegado publicado en ocasión de una visita del entonces presidente Enrique Peña Nieto al estado, en el cual Rodríguez Medrano denunciaba amenazas y un bloqueo informativo de parte del edil. En la audiencia por este asunto, la jueza Liliana Martínez Sandoval resolvió desestimar la difamación, palabras más, palabras menos, de esta manera: “La libertad de expresión y el derecho a la información son elementos fundamentales de una sociedad democrática, y limitarlos afecta no sólo a los directamente involucrados, sino a una amplia sociedad que tiene también derecho de recibir información. “La Constitución General de la República y otros ordenamientos e instancias internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos consignan que una sociedad que no está bien informada no es suficientemente libre, y que las personas que desempeñan funciones públicas tienen derecho a la intimidad en menor medida, al ser sujetos del escrutinio público por la actividad que ellos mismos eligieron, en aquéllas que son del interés de la sociedad”. Casi seis años después, sumados estos argumentos a diversas jurisprudencias y criterios que en estos años ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema (libertad de expresión y derecho a la dignidad de la persona), otra jueza de lo civil -ahora en la ciudad de Guanajuato- determina que no se acreditó el supuesto daño moral alegado por el empresario de TV Guanajuato y toda su familia (todos demandantes en un proceso que acumuló seis expedientes) del que acusó al abogado y activista por la transparencia Roberto Saucedo y al periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, director del portal PopLab. Como se sabe, ambos -y otros varios periodistas de diversos medios, incluyendo a la que escribe- publicamos una investigación documentada con información obtenida de diversas instancias gubernamentales a través de solicitudes de acceso a la información hechas por Saucedo. Esta información evidenciaba posibles irregularidades y un presunto conflicto de interés en asignación de contratos publicitarios y contratación como funcionarios municipales del empresario Rodríguez Medrano y de sus hijos, mientras su esposa Silvia Rocha era regidora en el gobierno municipal de Guanajuato. Por otro lado, documentó que sucesivos alcaldes de Guanajuato -incluyendo al actual- han sido omisos en cobrar decenas de millones de pesos por derecho de vía pública a la cablera en la que, coincidentemente o no, se transmiten los canales de TV Guanajuato. Los detalles de estas investigaciones publicadas son harto conocidas, quizás más por la reacción mediática del empresario y la posterior demanda por daño moral. Con todo, a las autoridades involucradas (el gobierno municipal de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato) parecen no hacerles mella alguna, puesto que las anomalías ni se corrigieron, ni se ha cobrado el daño al erario, y se incrementó el recurso por publicidad para el empresario, así el nivel de cinismo oficial. Por todo ello, amerita resaltar por todo lo alto expresiones contenidas en la sentencia de la jueza Circe León López, quien en principio cita uno de los criterios de la SCJN sobre la libertad de expresión y opinión: “El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos”. La jueza da un importante valor de prueba de que las opiniones o publicaciones hechas por el activista y el periodista demandados tienen un sustento periodístico. Pero además, que este sustento es a su vez respaldado por documentos, informes de auditoría y datos obtenidos de la autoridad. Y todavía más: la jueza concluye que, por ser una persona con actividades de interés público, Jorge Rodríguez Medrano está sujeto a un escrutinio más amplio que si un particular en sus actividades privadas. Lo mismo determina de sus familiares demandantes, justo por esa participación que, según lo prueban los documentos oficiales y también públicos, han tenido en la administración municipal y en los hechos revisados por la Auditoría Superior del Estado, por ejemplo. “En ningún caso deberá considerarse que existe daño moral o intromisión en su derecho al honor por….las imputaciones de hecho o actos que se expresen con apego a la veracidad y sean de interés público”, dice el Código civil del estado. ¿Y cuál es el interés público? Para no olvidarlo, para ponerlo de nuevo sobre la mesa: una regulación adecuada y el fin de la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial que ejercen los gobiernos en turno, para acabar con la perversa censura, el premio y castigo desde el poder. El que sea. Ah, sí: y que el gobierno de la ciudad de Guanajuato ya cobre los más de 80 millones de pesos que una cablera ha dejado de pagar por años, en lugar de incrementar impuestos, o que el Sistema Municipal de Agua Potable (Simapag) elimine el indebido cobro del IVA por un servicio básico. Saber es derecho de todas y todos.

Encuestas a la carta A poco más de un año de haber iniciado sus periodos de gobierno, los alcaldes de más de la mitad de los municipios del estado han mandado a realizar encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos con relación a su desempeño, su percepción sobre el funcionamiento de las distintas áreas de su administración y, por supuesto, para medir sus posibilidades para buscar la reelección en 2021. Hemos visto deambular por el estado a casas encuestadoras locales, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, levantando y facturando mediciones de todos los colores y sabores: domiciliarias, telefónicas y en redes sociales. Gobierno del estado ha levantado varias encuestas, con distintas empresas, buscando desesperadamente al médico que le diga que sus males son los de una gripe normal y que de ninguna manera se trata de una pulmonía. Los alcaldes han mandado a hacer encuestas y casi en paralelo, luego de los malos resultados que obtienen, refuerzan sus equipos de comunicación o bien despiden a sus voceros. Los presidentes municipales tienden a pensar en automático que “están trabajando bien”, pero lo que falla es la “comunicación de sus logros y acciones”. Por ende, desde hace varias semanas comenzó la rotación de los directores de comunicación en municipios como Celaya, Salamanca, Yuriria, Cuerámaro, etc. El propio Diego Sinhue ya hizo su primer cambio en el área colocando a Alan Márquez como zar en materia de comunicación e imagen, y regresando a Angélica Aguilar a las tareas administrativas que aparentemente nunca dejó. Sin menospreciar la importancia de las calificaciones de encuestas, hay cuando menos 4 factores adicionales a tomar en cuenta para evaluar las perspectivas de reelección de los presidentes municipales. Evidentemente se trata de factores, internos, externos, de coyuntura y estructurales. Respaldo de sus respectivas dirigencias partidistas Es de suponer que la mayoría de los alcaldes emanados de Morena y PVEM serán postulados nuevamente por sus líderes de partido. Los alcaldes del PRD ya se reeligieron una vez. No podrán repetir, pero tienen en sus manos el derecho adquirido de nombrar a sus sucesores. La posibilidad de mantener el registro, de conseguir escaños en el congreso local, de mantener y en su caso incrementar el monto de las prerrogativas del IEEG, depende de que los presidentes municipales de los partidos minoritarios pisen el acelerador y aceiten sus estructuras de movilización de voto para alcanzar los porcentajes requeridos. Si las dirigencias partidistas de dichas fuerzas tratan de negar la reelección de alguno de sus alcaldes, deben acumular un nutrido expediente de motivos y causales, encontrar fórmulas de compensación y rezar tres padres nuestros. Muchos de dichos alcaldes provienen de otros partidos. Su nivel de lealtad hacia el membrete que les permitió obtener la candidatura en el año 2018 no es a prueba de balas. Conocen y han ejecutado la traición, por lo que con la mano en la cintura operarían en contra si les propinan un desaire en la definición de candidaturas en las elecciones de medio periodo. Por otro lado, los presupuestos de dichas alcaldías pueden apoyar a los aspirantes de municipios vecinos con el objeto de consolidar un dominio regional e ir sentando cabezas de playa para una futura expansión. Para ello se requiere del respaldo y buena disposición de los alcaldes en funciones. Con ellos todo, sin ellos nada. Criterios de paridad de género Pero la dinámica en el PAN y el PRI es distinta. Por ser los partidos políticos con el mayor número de presidencias municipales en la bolsa, el primer filtro que deben pasar los presidentes municipales panistas y priistas para alcanzar la reelección es el tamizaje de género que impone el IEEG con respecto a los niveles de intención de voto. Como se recordará, en el proceso electoral anterior los partidos políticos postularon candidatos en tres bloques de alta, mediana y baja rentabilidad electoral. En el primer bloque los partidos debieron inscribir 8 candidatos hombres y 8 candidatas mujeres. En el segundo bloque postularon a 8 candidatos varones y 7 mujeres. En el tercer bloque se aplicó la ecuación inversa, para dar un total de 23 varones y 23 mujeres por partido. En el PAN, para la definición de candidatos en 2018, el entonces gobernador Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, precandidato a la gubernatura, con astucia y malicia, desmontaron la estructura electoral que había creado Fernando Torres Graciano a lo largo de los años, jugando con los deseos de reelegirse de los alcaldes, para luego negarles dicha posibilidad, argumentando en muchos casos la “necesidad de atender los criterios de equidad de género del IEEG”. Como se recordará, en 2015, aunque ya no estaba al frente del Comité Directivo Estatal del PAN, Fernando Torres pudo impulsar e imponer a perfiles afies para que obtuvieran la nominación del blanquiazul para muchas presidencias municipales. De 26 alcaldes panistas electos ese año, más de la mitad estaban en la buchaca del fernandismo. Uno a uno, fueron abandonando a Fernando Torres para sumarse a las filas del naciente “dieguismo” debido a una promesa y una expectativa. La promesa: más presupuesto de parte del gobierno de Miguel Márquez para sus municipios. La ilusión: la posibilidad de obtener la bendición para buscar la reelección en 2018. Con la deuda de más de 2 mil millones de pesos contratada por Miguel Márquez en 2017 para fortalecer el programa IMPULSO (en realidad una estrategia de mercadotecnia para programas de gobierno y no tanto una política pública), el gobernador le cumplió a los alcaldes. Muchos municipios azules gozaron de presupuestos extraordinarios para enfrentar el proceso electoral en ciernes en mejores condiciones. Obras largamente esperadas finalmente pudieron arrancar e inaugurarse. El estado vivió de hecho un boom de obra pública en esos años. Pero “la puerca torció el rabo” cuando llegó la hora de definir a los candidatos del PAN a las presidencias municipales. De los 26 alcaldes panistas, solo a 7 se les permitió buscar la reelección: Juan Rendón en Dolores, Héctor López Santillana en León, Ricardo Ortiz en Irapuato, Antonio Arredondo en Salamanca, Miguel Ángel Sánchez Escutia en Apaseo el Alto, Juan José García en Pénjamo e Ysmael Pérez en San Francisco del Rincón. En otros municipios, para mantener la alianza con alcaldes y liderazgos azules, se propició la postulación de esposas, hermanas o hermanos de dirigentes o presidentes municipales panistas. Esos serían los casos de Manuel Doblado, Romita, Victoria, Acámbaro, San Miguel de Allende y Tarandacuao. El panismo de Guanajuato acuñó una suerte de nepotismo de equidad de género. Miguel Márquez y Diego Sinhue pueden alegar que a ningún alcalde del trienio 2015-2018 le prometieron la reelección por anticipado a cambio de que traicionaran a Fernando Torres y cambiaran de bando para apuntalar la candidatura a gobernador de Diego. Aunque hay varios exalcaldes que alegan que dicho compromiso sí existió. En todo caso se trató de una hábil estratagema y engaño que funcionaron a la perfección. Con el respaldo abrumador que Miguel Márquez consiguió para Diego de parte de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, dirigentes partidistas y poderes fácticos del estado, el gobernador pudo negociar con el CEN del PAN la abolición de las asambleas de activos para pasar a un proceso de designación por dedazo de los candidatos panistas. El principio del fin de la candidatura para gobernador de Fernando Torres empezó con la posibilidad de los alcaldes para ser reelectos. El fin de la carrera política de dichos exalcaldes fue haber confiado en que Miguel y Diego les permitirían reelegirse, ya que muchos de ellos no fueron reclutados en gobierno del estado, o bien obtuvieron posiciones medio pelo y muy por debajo de sus expectativas. Incluso varios de ellos fueron excluidos de los procesos de renovación de los comités municipales panistas. Para la cita electoral de 2021 los jefes estatales azules aplicarán la misma jugada de pizarrón. Convencerán a los alcaldes de no definir candidatos por medio de asambleas. Agitarán frente a ellos la zanahoria de más presupuesto para proyectos de obra pública y la posibilidad de obtener la preciada reelección si se disciplinan y otorgan un cheque en blanco. De los 5 mil millones de deuda que Diego obtendrá vía fast track, luego de torcerle el brazo de manera pública a Alejandra Gutiérrez, presidenta de la comisión de Hacienda en el congreso local, 1,400 millones irán en programas de concurrencia peso a peso para los municipios. Ambos sexenios, el de Miguel Márquez y el de Diego, se parecen como dos gotas de agua. Mismos secretarios de gabinete, mismas políticas en materia de seguridad, mismas formas de operar políticamente, idénticas fórmulas para la selección de candidatos, mismas estrategias financieras y de procuración de fondos. Vivimos, en efecto, un Marquismo sin Márquez. Aunque debido al protagonismo del exgobernador, algunos de sus enemigos más acérrimos señalan que estamos frente a un Marquismo sin Diego.
Posicionamiento frente a la opinión pública Las encuestas son fotografías de momento. Nos dicen qué posición ocupa un corredor en un determinado momento de una carrera de 20 kilómetros. Cambiando de analogía deportiva, una encuesta municipal, a estas alturas, nos dice cómo va el marcador en un partido de futbol en el minuto 30. Todavía faltan 60 minutos por jugarse. Además, las encuestas municipales que han circulado en medios de comunicación, redes de WhatsApp, oficinas gubernamentales y partidos de oposición, suelen tener un sesgo. Fueron mandadas a hacer, confeccionadas y distribuidas con un fin propagandístico o de descalificación. Son muy pocas las mediciones verdaderamente neutras con las que contamos. Pero haciendo un análisis comparado de los estudios demoscópicos que hemos podido recopilar, verificando la seriedad de casas encuestadoras y comprobando la fuente emisora, hemos podido recopilar el siguiente concentrado de calificaciones de encuesta que han obtenido los alcaldes de Guanajuato. Se presentan en forma de rango, pues de varios municipios se cuenta con más de una encuesta. La pregunta que se tabuló y que forma parte de los cuestionarios de la mayoría de las mediciones es ¿Del 1 al 10 qué calificación le da al presidente municipal? Las respuestas que se obtuvieron por municipio fueron las siguientes:
Escala normalmente utilizada en opinión pública para leer las puntuaciones que obtienen los funcionarios de gobierno en encuestas a población abierta PUNTAJE EVALUACIÓN MUNICIPIOS Más de 8 puntos EXCELENTE · Moroleón Entre 8.0 y 7.5 puntos MUY BIEN Entre 7.4 y 7.0 puntos BIEN · San Francisco del Rincón · San Felipe Entre 6.9 y 6.5 puntos REGULAR · Pénjamo · León · Purísima · Salvatierra Entre 6.4 y 6.0 puntos MAL · San Miguel de Allende Entre 5.9 y 5.5 puntos MUY MAL · Silao · Irapuato · Acámbaro · Valle de Santiago · San Luis de la Paz Entre 5.4 y 5.0 puntos PÉSIMO · Guanajuato · Dolores POR DEBAJO DE LA ESCALA POR DEBAJO DE LA ESCALA · Salamanca · Celaya · Cuerámaro
Solo se obtuvo los registros de 18 municipios. Se tiene conocimiento del levantamiento de encuestas en por lo menos 10 municipios más, pero los gobiernos municipales las tienen guardadas a piedra y lodo, muy probablemente debido a que obtuvieron calificaciones reprobatorias. Finalmente, de los restantes 18 municipios, los más pequeños y de menor peso poblacional, no hay indicios de que se hayan mandado a hacer mediciones. Ni por parte de los presidentes municipales, ni por parte de sus adversarios de otros partidos políticos. A simple vista es posible identificar algunas constantes. Los municipios de Salamanca, Celaya y Cuerámaro, que se encuentran al final de la tabla, tienen problemáticas similares. En los tres ha habido marchas y manifestaciones multitudinarias. La marcha de estudiantes en Celaya, convocada para protestar por el asesinato de varios estudiantes a manos de la delincuencia, concluyó con una exigencia de diálogo público que atendió la presidenta municipal Elvira Paniagua. La marcha a la que convocaron familiares de tres jovencitas asesinadas en Cuerámaro a finales del año pasado no fue atendida por la alcaldesa Ana Bueno, lo que derivó en el incendio de la casa del presunto responsable de la muerte de las menores y el saqueo y vandalización de la casa de la presidenta. Las presidentas municipales de los tres municipios enfrentan contracampañas en redes sociales: memes, videos y grabaciones difundidas por WhatsApp. Las tres presidentas han removido a sus coordinadores de comunicación social, responsabilizándolos en parte de la mala imagen que tienen ante la opinión pública. El número de proyectos de obra pública terminados o en ejecución en Salamanca, Celaya y Cuerámaro es inferior al récord que dejaron los exalcaldes Toño Arredondo, Ramón Muñoz y Moy Cortés, respectivamente. En los tres casos hay cabildos divididos y fracturados en donde las presidentas han tenido que emplearse a fondo para lograr la mayoría que requieren para sacar acuerdos de cabildo. En los tres municipios las presidentas municipales han tenido conflictos con los regidores de su propio partido, mostrando una resistencia férrea para llegar a acuerdos y concesiones. Los tres municipios han sido tocados por el fantasma de la corrupción o el dispendio. Al principio de su mandato, Elvira Paniagua se vio envuelta en una polémica en medios y redes sociales por su interés de subir su salario de acuerdo con la recomendación que hiciera el congreso local sobre las percepciones que debían recibir los funcionarios municipales. Betty Hernández, presidenta municipal de Salamanca, en un proceso sui géneris de compra de luminarias, estuvo varios meses contra las cueras enfrentando acusaciones de corrupción. Ana Bueno en Cuerámaro, tuvo que hacer frente a acusaciones de nepotismo, ampliación y remodelación de casas y propiedades, y actos de corrupción de sus más cercanos colaborares. Curiosamente en Celaya y Cuerámaro hay una presencia constante de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y/o de la Secretaría de Acción de Gobierno del CDE del PAN “operando” para sacar adelante acuerdos que den gobernabilidad a los municipios. Pero dichos emisarios solo administran los conflictos, sin llegar a soluciones de largo plazo. Más tardan en llegar a los municipios a resolver una crisis, que el tiempo que tardan las presidentas municipales en volver a pelear con sus regidores. En todo caso la intervención de funcionarios de la Secretaría de Gobierno siempre deja insatisfechos a Tirios y Troyanos.
Por el contrario, los municipios con las mejores calificaciones de encuesta tienen características opuestas a los municipios que están al final de la tabla. Los presidentes municipales de Moroleón, San Felipe y San Francisco del Rincón, a pesar de tener cabildos con regidores de todos los partidos, con habilidad política, han construido mayorías duraderas que les permiten sacar acuerdos con rapidez. Tiene un volumen de obra pública superior al de sus antecesores, gracias a una adecuada estrategia de gestión y procuración de fondos. No se han visto inmersos en escándalos de corrupción, o no al menos en casos que llegaran a medios de comunicación o redes sociales. Dos de ellos (los alcaldes de Moroleón y San Francisco del Rincón) ya habían sido alcaldes, lo que evitó que pasaran por la curva de aprendizaje de muchos de sus pares. Lalo Maldonado de San Felipe, venía de ser regidor, lo que permitió tener un conocimiento de las entrañas de la administración municipal. Además, se rodeó de asesores externos con los que va generando escenarios para la toma de decisiones. Todos ellos tienen un trato cercano con la gente, no solo para escuchar, sino para resolver demandas. La presencia de gobierno del estado en dichos municipios es mínima. Ni para construir, ni para destruir. Quizá en Moroleón es mayor la presencia de gobierno del estado, pero curiosamente juega en favor de alcalde perredista Jorge Ortiz, quien es además el alcalde mejor evaluado de todo el estado de Guanajuato. Pero ello se debe a la hábil estrategia de cabildeo y acercamiento de Jorge con liderazgos azules, como el del propio Miguel Márquez. A pesar de que hubo otros factores adicionales que inclinaron la balanza, es significativo que incluso Diego Sinhue haya preferido asistir al primer informe de gobierno de Jorge Ortiz en Moroleón y que no haya ido al informe de Elvira Paniagua en Celaya, realizados el mismo día y casi en el mismo horario.
¿Combatir a Morena? Sabemos que el Gobernador y su primer círculo, por formación académica, antecedentes familiares, trayectoria política y convicción personal, tienen un odio genético hacia Andrés Manuel López Obrador. Pero en la elección pasada el surgimiento de Morena en muchos municipios ayudó a debilitar al PRI. En varias plazas en donde imperaba el bipartidismo PRI-PAN, los candidatos de Morena les restaron votos a los candidatos tricolores ¿Cómo por qué el PAN va a frenar a Morena si dicho partido divide el voto anti PAN evitando que se conforme una mayoría electoral que le quite el primer lugar en las preferencias? Definitivamente no salen las cuentas. Los futuros compromisos nacionales de Diego Sinhue (y del exgobernador Miguel Márquez) con Marko Cortés para arrebatarle el control del congreso federal a Morena no concuerdan con la lógica político-electoral de los municipios de Guanajuato. ¿Se tiene que auspiciar el crecimiento de Morena en todos los municipios? Como en muchos otros frentes políticos, las medidas de aplicación general no sirven. Se deben diseñar estrategias diferenciadas ¿Qué debe hacer el PAN con relación al crecimiento de Morena en varios municipios? En algunos casos se debe alentar su crecimiento, pues divide la votación a favor de los candidatos del PRI, beneficiando al PAN, permitiendo que se convierta en el tercio más grande. Es justo lo que pasó en la campaña para gobernador en 2018. Como se recordará, Juan Ignacio Torres Landa quedó solo 7 puntos por debajo de la votación que obtuvo Miguel Márquez en la campaña para gobernador de 2012. Pero en la elección del año antepasado, Diego ganó con un amplio margen debido a que la mitad del electorado que no vota por el PAN se dividió entre dos candidatos, Ricardo Sheffield de Morena y Gerardo Sánchez del PRI. En otros municipios, al ser fuerzas totalmente marginales, los candidatos de Morena se les puede ignorar lisa y llanamente. Pero en otros municipios, se les debería perseguir con fiereza. En dichos municipios los candidatos de Morena deben ser perseguidos como conejos, pues tienen muy buenas posibilidades de alzarse con la victoria. El bipartidismo PRI-PAN está tan desgastado que se abre la posibilidad de que surja un tripartidismo encabezado por Morena. Es un fenómeno que ya hemos visto en el pasado. El bipartidismo PRI-PAN derivó en un tripartidismo con fuerzas emergente como el PRD o el PVEM en varias plazas. El crecimiento de Morena en el estado de Guanajuato debe ser operado de manera quirúrgica por parte del equipo de Diego. El problema es que por el momento en el equipo del gobernador no parece haber hábiles cirujanos, sino torpes carniceros que para quitar el “tejido en enfermo” son muy capaces de quitar la extremidad completa. Hay cierta resistencia de parte de Gobierno del Estado para ajustarle las cuentas a varios alcaldes que se la pasan dando tumbos. Los operadores de gobierno del estado piensan que deben ponerse del lado de sus alcaldes, sin importar los errores en los que incurren. Pasaron de ser personajes ajenos y distantes a la vida interna de los municipios, a ser alcahuetes de actos de corrupción, omisiones y sinsentidos de muchos presidentes municipales azules. ¿Qué debe hacer Morena para enfrentar esta coyuntura? En primer término, terminar de desfondar al PRI. Tal y como lo mencionó Alejandro Arias, principal operador electoral de Ruth Tiscareño, delegada en funciones de presidenta del PRI de Guanajuato, en una entrevista premonitoria que dio hace unas semanas al periódico Correo. El PRI aún puede caer en sus preferencias electorales si no es capaz de poner un freno a sus divisiones internas. En las elecciones de 2018, el PRI siguió siendo la segunda fuerza a nivel municipal, aunque en la pelea por la gubernatura cayeron al tercer lugar. Es factible que el mal desempeño, escándalos y corrupción de los actuales alcaldes priistas dificulte que el PRI vuelva a ganar en los municipios que gobierna actualmente. El PRI tiene una tasa de retención de municipios muy baja en los últimos procesos electorales. Ruth Tiscareño, Yulma Rocha y Alejandro Arias tendrán que hacer una operación con precisión de cirugía laser para recomponer al PRI guanajuatense. Los propios criterios de paridad de género del IEEG les ayudarán a deshacerse de alcaldes problemáticos. Pero no será suficiente. Morena pude desbancar al PRI como segunda fuerza a nivel municipal. En segundo lugar, Morena debe empezar a tejer una alianza con el PVEM. Si en la próxima elección Morena reemplaza al PRI como segunda fuerza en el estado, la suma aritmética de los votos del partido verde y Morena permitiría al partido de AMLO ganar por lo menos la mitad de las diputaciones federales en disputa. Tal y como ocurrió con la alianza entre el PRI y el PVEM en la elección del 2015. A pesar de las diferencias internas de las dos corrientes internas de Morena Guanajuato, el partido de AMLO tendrá algunas ventajas innegables. Una estructura de movilización de voto (conformada por los Servidores de la Nación que comanda el super delegado Mauricio Hernández Núñez), en una elección en donde la movilización será crucial, debido a las bajas tasas de participación que normalmente se presentan en las elecciones de medio periodo. Un nutrido padrón de beneficiarios a movilizar, extraídos de los programas sociales de la 4T. El presupuesto de 5 presidencias municipales sumadas las prerrogativas que recibirán en año electoral como segunda fuerza en el estado. Pero lo más importante: el virus de la alternancia que se puede expandir debido al clima de inseguridad que asfixia al estado. En suma, las posibilidades para que los alcaldes en funciones se reelijan depende de su habilidad para ganar el respaldo de sus dirigencias partidistas, de que puedan pasar el tamiz de género de la legislación electoral, que puedan mejorar sus calificaciones de encuesta y de que construyan una estrategia electora adecuada para capitalizar en su provecho el conflicto entre el PAN y Morena en la entidad. Hay que cuadrar muchos círculos, pero no se trata de una tarea imposible. Quizá el principal problema que tendrán que superar es el enojo de amplios sectores del electorado de sus respectivos municipios. La mayoría de los alcaldes de Guanajuato no solo están reprobados, están muy abajo en las preferencias y siguen cayendo. En el Guanajuato bronco de principios de esta década, que las redes sociales han bautizado como MATAJUATO, podemos parafrasear al escritor y poeta español Francisco Umbral de la siguiente manera: la democracia natural del Guanajuato profundo consiste en linchar a un alcalde. Que cada quien vaya escogiendo al que tenga más a la mano.

Los derechos a la libertad de expresión y de la información se antepusieron al derecho al honor en la primera demanda por daño moral que atendió el Poder Judicial de Guanajuato. El periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas y el activista por la transparencia Roberto Saucedo Pimentel ganaron las demandas que promovió en su contra el empresario televisivo Jorge Antonio Rodríguez Rocha y su familia. La sentencia en primera instancia se emitió este martes, donde además de absolver de las acusaciones a Cuéllar Ornelas y Saucedo Pimentel, la juez Cigüeña Circe León López condenó al dueño de TVGuanajuato a pagar los gastos y costas del juicio. Después de 19 meses de litigio, la juez especializada en extinción de dominio resolvió que los demandantes no acreditaron el daño moral que alegaron en las demandas que presentaron desde mayo 2018. Jorge Antonio Rodríguez Medrano, así como su esposa Silvia Rocha Miranda, sus hijos: Jorge Alberto, Héctor Alejandro y Laura Edith, además de María Fernanda Denise Uribe Ramos, esposa de Héctor Alejandro, demandaron de Roberto Saucedo Pimentel el pago de 850 mil pesos por daño moral. En el caso de la demanda de Rodríguez Medrano contra el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas fue por los mismos 850 mil pesos por daños y perjuicios, pero se sumaron otros 12 millones por el daño moral. Para la resolución se realizó un análisis entre el derecho a la Libertad de Expresión, el derecho a la Información contra el derecho al Honor. Origen del litigio Investigaciones periodísticas, alimentadas con las respuestas de acceso a la información pública que promovió Saucedo Pimentel, sobre los millonarios contratos que recibió Rodríguez Medrano y su familia del municipio de Guanajuato originaron las demandas que incluyeron al periodista Arnoldo Cuéllar, al dirigir en ese momento el medio de comunicación Zona Franca, donde se publicaron las notas. Durante los primeros meses de 2018 se publicaron una serie de investigaciones que evidenciaron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a Jorge Antonio Rodríguez y su familia, además de tener a algunos de ellos en la nómina municipal, mientras su esposa Silvia Rocha se desempeñaba como regidora del ayuntamiento. Los beneficios para Jorge Antonio Rodríguez también quedaron expuestos cuando se evidenció que durante años el gobierno municipal no cobró a la empresa Telecom, cablera que transmite la señal de televisión de TVGuanajuato, el derecho de uso de la vía pública por el cableado. Un año después de que se presentaron las demandas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (Aseg) terminó con la auditoría al municipio de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), en la que concluyó el órgano fiscalizador que hubo pagos duplicados, servicios inexistentes y aviadurías para favorecer a la familia Rodríguez Rocha. Después de haber sido demandados por la vía civil, Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar presentaron ante la ASEG una denuncia de hechos para que se realizara una auditoría por los millonarios contratos a Jorge Antonio Rodríguez. El órgano fiscalizador comprobó lo que ya se había denunciado públicamente en las investigaciones periodísticas: el daño al erario por 5.5 millones de pesos. Finalmente, en el Poder Judicial también terminó ya el proceso en primera instancia que favoreció al activista y al periodista. El empresario televisivo ahora está condenado a pagar los gastos y costas que tuvieron que pagar durante el juicio Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar.

Un comando armado ingresó en una vivienda del municipio de Irapuato para ultimar a balazos al menos a tres personas en el interior. Esto sucedió en la Colonia 12 de diciembre aproximadamente a las 20 horas de este martes. De acuerdo a los reportes preliminares se supo que las personas entraron de forma violenta a la vivienda ubicada en la calle Cosmopolita, ahí asesinaron a tres personas, se dieron a la fuga en por lo menos 2 vehículos, los vecinos llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar las fuertes detonaciones. Al lugar llegaron agentes municipales y autoridades para acordonar la zona en espera del personal ministerial para iniciar con las investigaciones y dar con el paradero de las de los responsables.

De acuerdo a datos oficiales, Guanajuato es el estado con mayor crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto (PIB), esto en la última década, a la par el estado también es primer lugar en más asesinatos en el país. De acuerdo a. los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 4mil 494 homicidios. Y si esta cifra se compara con estados con problemas de narcotráfico o donde hay guerra de Cárteles de las drogas como Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero, no es el caso de Guanajuato, en el estado los especialistas dicen que la violencia se debe a peleas por el mercado de drogas en pequeñas dosis, narcomenudeo y también por el 'huachicoleo' esto de acuerdo a lo que publica BBC News Mundo y El Universal. Destaca que el caso de Guanajuato es una muestra de lo que sucede en el resto del país que en 2019 registró 34mil 582 homicidios, el mayor número en su historia, un aumento de 2.5% con respecto al 2018. BBC destaca que las organizaciones que disputan en el estado de Guanajuato son el cártel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Santa Rosa de Lima dedicada al huachicoleo, también señala la opinión del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sobre esta situación a la que dice "el estado necesita mayor respaldo del gobierno general y sobre todo de la guardia nacional", pues actualmente en la entidad se cuenta con 4mil elementos pero están mal distribuidos y permanecen en sus cuarteles asegura el gobernador. Esto lo comentó a medios locales "de nada sirve tener bases de operación con los elementos guardados, necesitamos que salgan a vigilar a hacer operativos". Por su parte el Gobierno Federal argumenta que el poco apoyo es por parte de las autoridades de Guanajuato, pues apenas el mes de diciembre el presidente López Obrador dijo que el Gobernador de Guanajuato es uno de los que pocas veces va a las mesas de trabajo de seguridad que se realizan todos los días, en esta reunión se atienden problemas de seguridad cotidianos y están presentes representantes del Ejército y de la Marina así como autoridades estatales y federales.

Con información e imágenes de Edith Domínguez La construcción del desarrollo Cucursola en la Sierra de Santa Rosa se ha basado en permisos otorgados por el municipio de Guanajuato durante las administraciones de Edgar Castro Cerrillo y de Alejandro Navarro Saldaña. Aunque Sergio Fernando Ascencio Barba, diputado federal panista y propietario del fraccionamiento, aseguró que avanza apegado a la normativa vigente en materia ambiental y municipal, para justificar los trabajos en la Sierra de Santa Rosa presentó solo un documento emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el que se le autoriza la tala de dos encinos de 0.52 metros cúbicos en una superficie menor a una hectárea. El desarrollo en el predio conocido como La Rosita abarca 6.7 hectáreas de una zona boscosa; sin embargo, el municipio emitió un permiso de uso de suelo habitacional, que el diputado federal ha utilizado para cambiar en tres ocasiones el proyecto. Originalmente el inversionista pretendía la construcción de un hotel y un centro de convenciones, luego ante las autoridades municipales comenzó el trámite para un fraccionamiento residencial, incluso comenzó a ofrecer los predios a la venta sin tener la autorización del municipio. El último cambio consiste en construir cabañas en 49 lotes para después rentarlas a través de plataformas como Airbnb, anunció Sergio Fernando Ascencio. Desde 2015, año en el que compró Ascencio el predio en Santa Rosa, se ha cambiado el proyecto, pero lo que sigue firme es la resistencia de la comunidad a otorgar agua de la Presa de Peralillo que abastece no solo a Santa Rosa, sino a otras tres comunidades. Las contradicciones del inversionista y las autoridades municipales han quedado evidenciadas desde el momento en que un representante de la empresa Loma de Irapuato, propiedad de Sergio Ascencio, buscó a los integrantes del Comité del Agua para que firmaran un nuevo convenio, después del primer cambio al proyecto, pero ante la resistencia social, ahora las autoridades determinaron que no era necesario un nuevo documento y validaron el que ya había firmado el Comité Rural para ceder agua al hotel. Sin embargo, uno de los integrantes del Comité denunció que el desarrollador consiguió su firma con engaños, pues le pidieron que plasmara su nombre en el documento porque el propietario de Cucursola dotaría de infraestructura a la comunidad. Contrario a las promesas que escucharon integrantes del Comité del Agua y la delegada de Santa Rosa, Blanca Angélica Cabrera, Sergio Fernando Ascencio comentó a POPLab que no hay ningún compromiso de apoyar a la comunidad con el arreglo de un camino y una pila, pues él pagará por el agua que va a extraer de la Presa de Peralillo. Ante la resistencia de habitantes de la comunidad para ceder el agua al proyecto del diputado federal, el director de Desarrollo Social y Humano del municipio, Marco Campos Briones, manifestó que si la comunidad no entrega agua al desarrollo del empresario irapuatense tampoco habría nuevas tomas para los habitantes de Santa Rosa. "Si fuera no al servicio del agua (para Cucursola) que porque no alcanza, entonces ningún otro ciudadano de la zona podría crecer o desarrollarse". En entrevista con Sergio Ascencio Barba insistió en que los trabajos los ha hecho con total respeto a las normativas. Recordó que, en el año 2015, previo a la compra del predio La Rosita, tuvo el acercamiento con el Comité del Agua de Santa Rosa y con el entonces delegado, Jaime Aguilera, para garantizar que le dotaran de agua para el desarrollo que pretendía: un hotel y un centro de convenciones. “En mi vida he hecho un negocio chueco y no voy a ser así… Es un proyecto grande, ecológico, que se está respetando toda la ecología”, sostuvo. En su oficina de Irapuato, Ascencio Barba mostró a POPLab todos los permisos que ha tramitado para el desarrollo inmobiliario, aunque la mayoría son únicamente del municipio de Guanajuato. A pesar de tratarse de un predio que está inmerso en la Sierra de Santa Rosa, una extensión de casi siete hectáreas con arbolado, el municipio de Guanajuato bajo la dirección de Juan Carlos Delgado Zárate emitió un uso de suelo “habitacional”, lo que permite al diputado federal panista seguir con los trámites del resto de los servicios sin consultar a las autoridades ambientales estatales y federales. Sergio Ascencio afirmó que para la lotificación y marcar los que serán accesos a las cabañas no taló árboles; sin embargo, el propio municipio pidió que implementen medidas de impacto ambiental con la reforestación que incluye la donación de 60 árboles. “Nosotros vamos a hacer un plan de reforestamiento (sic), tenemos un compromiso con la ciudadanía”, manifestó el legislador panista. De fraccionamiento residencial a cabañas para Airbnb Con permiso de uso de suelo habitacional que otorgó el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña, Sergio Ascencio anunció que el nuevo giro del proyecto Cucursola es construir cabañas en 49 lotes para después rentarlas a través de Airbnb. Sin permisos para la venta, la hermana del legislador panista, Ana Isabel Ascencio, comenzó a ofrecer los predios en 3 mil pesos el metro cuadrado, a través de Facebook. Sin embargo, en entrevista, Ascenso Barba dijo que ya no tiene la intención de vender los terrenos a particulares, sino él mismo construir cabañas para después rentarlas por días o semanas. “Si alguien está diciendo que ya están en venta es una equivocación porque no es así…Todo está en orden, yo no hubiera hecho la inversión si no tuviéramos el permiso”. La falta de un permiso para venta fue confirmada por el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, quien no descartó que se pueda multar al legislador panista por ofertar terrenos. “Al punto que usted me menciona (permiso para vender) no cuenta con un permiso de venta, es la parte conclusiva de todo ello, donde la autoridad municipal le estaría facultando para poder hacer contratos de compra-venta, escrituraciones, enajenaciones con terceros que son los que habitarían este lugar”, precisó Delgado Zárate. Sergio Ascencio no descartó que pudiera vender algunos terrenos a particulares, después de inaugurar Cucursola como un espacio de alojamiento rentado a través de plataformas digitales. El desarrollador insistió en que el proyecto que tiene en la Sierra de Santa Rosa es amigable con el medio ambiente, además de que generará empleos y desarrollo a los habitantes de las comunidades rurales. Incluso, Ascencio Barba mencionó que el potencial en la Sierra de Guanajuato ya fue reconocido por otros empresarios como Ricardo Betancourt, quien compró un predio al lado de La Rosita para un posible desarrollo turístico. Betancourt es el dueño del parador Sangre de Cristo. Sin nuevo convenio, Simapag avala toma de agua de Peralillo A pesar de que representantes de la empresa Loma de Irapuato tuvieron un acercamiento con los integrantes del Comité del Agua para que firmaran un nuevo convenio, después de cambiar el proyecto de hotel a fraccionamiento residencial, ahora el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) avaló que el líquido de la Presa de Peralillo llegue a Cucursola. “Se hicieron estudios, Simapag nos dijo que había agua suficiente”, aseguró el dueño del desarrollo. Los acercamientos de representantes de la empresa de Sergio Ascencio con la comunidad quedaron documentados, en donde se escucha al arquitecto a cargo de la obra proponer la firma del nuevo convenio con el Comité del Agua, incluyendo compromisos del empresario como la rehabilitación de un camino y la construcción de una pila que beneficiara a toda la comunidad. El ofrecimiento que hizo el representante de la empresa, así como la petición para que el Comité del Agua firmara un nuevo convenio quedó olvidado. El diputado federal Sergio Ascencio desconoció cualquier tipo de promesa con los habitantes de la comunidad para apoyar con infraestructura a cambio de agua de la presa. Sostuvo que la única infraestructura hidráulica en la que invertiría sería para el complejo que él está desarrollando en la Sierra de Santa Rosa. Dijo que, aunque ya tiene los tubos que conectan Cucursola con la Presa de Peralillo, de continuar la resistencia de la población para ceder el agua al desarrollo, tomará el líquido de una bocamina que está dentro de su predio. “Ahorita no se está tomando agua de la presa, nosotros tenemos agua porque tenemos una bocamina: la bocamina del Durazno está al interior del predio y tiene mucha agua”. Denuncia integrante de Comité engaño para firmar convenio Eugenio Sánchez es, legalmente, integrante del Comité del Agua de Santa Rosa, aunque en la práctica tiene 15 años que no ejerce sus funciones. El habitante de Santa Rosa denunció que fue con engaños que lo hicieron firmar el convenio para dotar de agua el hotel del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, pues a él le dijeron que era un documento en el que el empresario irapuatense se comprometía a invertir en infraestructura para el beneficio de la comunidad. En una visita que hizo POPLab a Santa Rosa, Eugenio Sánchez explicó que desde el 2004 renunció ante el presidente del Comité, Francisco Granados, a su función como tesorero del Comité por asuntos personales, y aunque de palabra le fue aceptada la renuncia, ante el Simapag el nombre de Eugenio Sánchez figura como integrante. Mencionó que cuando el empresario comenzó con el proyecto del hotel en la Sierra lo buscaron para que firmara el convenio, y lo hizo, pero porque le prometieron que habría infraestructura hidráulica para la comunidad. Las promesas que hicieron los representantes de Loma de Irapuato frente a habitantes de Santa Rosa se quedaron sin concretar porque el dueño de la empresa, el diputado federal, insistió en que no tiene la obligación de destinar recursos propios para el desarrollo de la comunidad porque él ya va a pagar la cuota que estableció el Comité rural del agua.

El empresario inmobiliario y diputado por el PAN Sergio Fernando Ascencio Barba ha pasado a la ofensiva para defender el desarrollo turístico y habitacional que realiza en casi 7 hectáreas ubicadas en la Sierra de Santa Rosa, una de las últimas reservas forestales que sobreviven en la entidad y donde se origina el abasto histórico de agua para la ciudad de Guanajuato y la única fuente del líquido para las comunidades serranas. Para tratar de refutar la investigación periodística de la reportera Carmen Pizano, publicada en POPLab y reproducida en sitios como Pie de Pagina y Julio Astillero, el diputado Ascencio, quien además es integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso de la Unión, exhibe la portada del oficio número GTO.131.1.2/0022/16 emitido por la delegación estatal de Semarnat el 22 de enero de 2016 y rubricado por el delegado Israel Cabrera Barrón. Sin embargo, cuando se tiene acceso al documento completo, queda claro que es un trámite totalmente ajeno a lo que quisiera justificar el legislador: la autorización para desmontar un predio de seis hectáreas, instalar caminos internos, lotificar y construir 49 cabañas que originalmente fueron pensadas como hotel, después como fraccionamiento residencial y a últimas fechas como espacios de renta por plataformas de Internet. Un oficio donde únicamente se expide una "constancia de verificación" para un aprovechamiento forestal limitado a retirar dos encinos, con un volumen de madera de 0.52 metros cúbicos en una superficie de 0.83 hectáreas, es decir el 12 por ciento de la superficie que se quiere desarrollar, no puede significar ninguna "autorización" para nada. ¿Porqué el diputado exhibe ese documento, a todas luces insuficiente, en redes sociales, ante los agentes inmobiliarios a los que quiere interesar en su desarrollo y frente a los medios de comunicación? ¿Probablemente porque es lo único que tiene? Quizá sí y quizá no. Con ese trámite lo que parece intentar el avispado empresario pero no tan buen guardián de la legalidad es extraer la jurisdicción del ámbito federal para remitir sus trámites a sus terrenos de confianza: el estado y el municipio, donde se mueve a sus anchas. Ascencio Barba consiguió allanar a medias el problema del abasto de agua para su desarrollo con pleno respaldo del ex director de Simapag, José Lara Lona, quien fue el artífice de un primer convenio con la comunidad de Santa Rosa para que le fueran prometidos 2 mil 100 metros cúbicos de agua al mes a título gratuito según reza un primer convenio firmado entre Ascencio Barba y la comunidad a través de su delegado, en ese entonces Jaime Aguilera, y tres representantes del comité de agua potable de la comunidad, del que tengo una copia en mi poder. En esas fechas, marzo de 2017, el empresario irapuatense planeaba construir "un centro de convenciones y un módulo de setenta habitaciones", para las que obviamente no contaba con autorizaciones de ningún tipo, pues en el camino cambió de proyecto y finalmente fue hasta 2019, ya con la administración del panista Alejandro Navarro, que logró la validación del municipio para construir no 70 habitaciones, pero si 49 cabañas. Llama la atención que el contrato de cesión de derechos de uso y aprovechamiento de una significativa cantidad de agua en un lugar que no tiene abundancia de ella sobre todo en el estiaje, se realizara "a título gratuito", siendo que Ascencio Barba planeaba un negocio en toda forma cuyas utilidades vendrían a recibir un subsidio directo de los empobrecidos habitantes de las comunidades serranas. Los compromisos a los que se obliga el empresario son risibles: "contar con una cisterna de almacenamiento" que es lo mínimo que debes tener cuando te regalan 2 millones 100 mil litros de agua al mes; se obliga también a "tramitar y obtener" junto con el cedente un proyecto de ampliación de infraestructura consistente en un tanque de almacenamiento y la regularización de una planta potabilizadora, a cargo del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, es decir, otro subsidio. Con una generosidad digna de mejor causa, Ascencio se obliga "a cubrir la parte proporcional" de los gastos de energía eléctrica y mantenimiento del pozo que le surtirá su agua gratuita. Solo eso faltaba, que los comuneros, además de regalarle el agua, le pagaran hasta los gastos fijos de sus costos de operación. No se entiende un convenio con esas características sin un importante apoyo político para el empresario, traducido en presiones o en "convencimiento" de los representantes de la comunidad. Así, cualquier hace negocios exitosos. Hoy las cosas empiezan a complicarse. En primer lugar porque el nuevo gobierno de la República puede ser menos complaciente que su antecesor para permitir violaciones impunes de la ley en una zona de regulación federal. Ya Víctor Manuel Toledo, el titular de Semarnat, ha mostrado que está muy lejos de la laxitud de sus predecesores, como se vio en la explotación minera que se pretendía en Cerro del Gallo, justo en la misma zona serrana en su extremo norte. En segundo lugar porque durante todo este tiempo la comunidad ha logrado informarse más y mejor sobre sus derechos y sobre las implicaciones de entregar su agua al desarrollo inmobiliario de Ascencio, lo que supone que han empezado a cuestionar los acuerdos que realizó el anterior delegado y los miembros del comité de agua. En tercer lugar, porque Ascencio quiere ser candidato del PAN a la alcaldía de Irapuato y este parece ser el peor momento para que exhiba un talante autoritario, venal e irrespetuoso de la ley, si es que quiere sacar su inversión a bayoneta calada. En todo caso debería tomar una opción: no se puede ser empresario depredador y político popular al mismo tiempo. Con estos antecedentes, veremos en los próximos meses como evoluciona un proyecto que, según se menciona en los corrillos de la presidencia municipal de Guanajuato, tiene el visto bueno "del Paseo de la Presa". Aunque ahora más bien habría que decir: del "G 100".

La Opinión de Vicente Esqueda Mucho antes del arranque, de la campaña presidencial del 2018, el ahora presidente López Obrador, se manifestó en contra de la compra del avión Boeing 787, conocido como el avión presidencial y al que se le puso como nombre, José María Morelos, como el héroe nacional. Ya en campaña, dijo que lo vendería y, sin embargo, ya pasó más de un año de gobierno, no lo pudieron vender, gastaron 30 millones de pesos por guardarlo sin usar en Estados Unidos, y López Obrador dijo este fin de semana pasado, que haría un sorteo de la lotería nacional, con 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno. Aunque suena a broma, van enserio con hacer esta rifa, lo que ha generado, muchísimas burlas en redes sociales, medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este gobierno está acorralado en el problema, de no haber podido vender el avión rápido, por lo que ahora nos sale con esta ocurrencia; aunque el presidente diga lo contrario y quizás tiene razón, porque ha resultado una pantalla, para ocultar y minimizar muchos otros temas. Lograron que el avión y sus memes, fueran el centro de conversaciones; mientras que asuntos importantes, como las caravanas de migrantes centroamericanos detenidos por la guardia nacional, el desabasto de medicinas, la desaparición del seguro popular y el tema de salud no resuelto, el enfrentamiento público entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y una propuesta de reforma en materia judicial, que ha generado múltiples preocupaciones, son sólo algunos ejemplos. No debemos engancharnos en todo lo que se nos diga, así venga de quien sea, incluido el Presidente, hay que informarnos, revisar y analizar. Esto de la rifa del avión presidencial, se parece a una película, y este gobierno, sólo nos dice, lo que quiere que aparezca en pantalla.

Desaparecidos: Zamarripa los planta; Huet lo justifica; Montero busca salir en la foto; * Sergio Ascencio, el diputado que se pasa las leyes por el arco del triunfo. Por Arnoldo Cuéllar Ornelas, Publicado en www.poplab.com 1. El calvario de los familiares de desaparecidos, agravado por el Estado Era el funcionario cuya presencia más importaba y decidió no estar. Otra vez. Carlos Zamarripa parece burlarse de quien lo ratificó en el cargo y le dio todo su respaldo político, incluso jugándose su propia popularidad, para hacerlo Fiscal General del Estado: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Pasó primero con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que por ello decidieron cancelar una reunión en la que estaba presente el titular del Ejecutivo, pues definieron que “sin los cuatro no hay trato”, en referencia al propio Sinhue, al alcalde de Guanajuato, al rector general de la UG y al escurridizo fiscal general. Ahora, de nueva cuenta, Carlos Zamarripa deja solos al gobernador y al secretario de gobierno, en la mesa donde se daría cuenta del difícil camino que han seguido quienes padecen la desaparición de un familiar al acudir a las ventanillas del ministerio público. Hace no mucho, incluso una alta funcionaria como la fiscal regional de Irapuato, Claudia Mota Ávalos, los trató con desdén y prepotencia, negándose a recibirlos como colectivo y queriendo regresar a la fórmula del “caso por caso”, la misma que no ha funcionado durante los años pasados porque, sencillamente, no hay carpetas de investigación y las pocas que hay están plagadas de faltas al debido proceso. Las complicaciones, la mala atención y las vejaciones que han sufrido estas familias ya fueron escuchadas por Luis Ernesto Ayala y por Diego Sinhue Rodríguez, sin embargo, no las ha atendido el fiscal Zamarripa quien tiende a convertirse en un funcionario inalcanzable, como si su rango ya no estuviera sujeto a los controles del sistema democrático. ¿Derecho de audiencia? Eso podrá existir para los funcionarios terrenales, pero no para Carlos Zamarripa, quien decide unilateralmente y sin rendir cuentas a nadie a dónde va y con quién va. Para ello los diputados de Guanajuato ya le dieron nueve años de poder garantizados y ni siquiera a ellos debe responder. Inventó un viaje a los Estados Unidos del que nadie sabe nada, si era o no oficial o si aún se encontraba de vacaciones, para justificar su ausencia en la reunión de las familias de desaparecidos con el gobernador. Al día siguiente ya estaba en su oficina instalando a un “consejo externo de consulta” integrado por cinco ciudadanos elegidos por el propio fiscal y su equipo sin ninguna intervención precisamente “externa”. ¿Alguien quiere saber para qué servirá ese consejo? Exactamente, para nada. Un día antes de la reunión con el gobernador y probablemente “desde Estados Unidos”, el fiscal que ya ni siquiera puede ser calificado de carnal pues queda claro que el gobernador no le merece muchas deferencias, ordenó la publicación de un boletín de prensa enumerando las acciones que han tomado para atender a los familiares de los desaparecidos, algo que correspondería más bien a los propios colectivos que se sienten desatendidos, ninguneados y que por ello se han visto obligados a organizarse. Sin embargo, el Fiscal no es el único que le hace al tío Lolo en este caso. Ahí está el cada vez más triste papel de la “comisionada de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana”, Sophia Huett, cuyo papel original era el de resolver las lagunas de información que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca propiciaban casi intencionadamente, pero que ha devenido en una simple justificadora de las actitudes de ambos. Tras la ausencia del fiscal en la reunión con víctimas, Huett salió a oficializar una mentira: que las familias habían pedido expresamente que Zamarripa no estuviera. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la misma a la que teóricamente pertenece la comisionada, saben que la presencia de Zamarripa fue demandada por los colectivos. La pregunta que surge es relevante: ¿no sería más importante valorar la actitud del gobernador Diego Sinhue de iniciar una línea de apertura con víctimas de violencia que tratar de salvar la imagen de Zamarripa por su inasistencia? O, lo que es lo mismo, ¿para quién trabaja Sophia Huett? Y hay más. Tras mantener una ausencia tan prolongada como la de Zamarripa y quizá peor aún por su papel de “defensor del pueblo”, el procurador de los derechos humanos más anodino que ha tenido Guanajuato decidió no quedarse atrás en la batalla de las vanidades y emitió un comunicado de prensa para hacer patente que “está en la jugada” al haber atendido solo en 2019, siete casos de desaparición forzada de personas ¡a manos de policías! Vaya noticia se tenía guardada Raúl Montero de Alba, que al recibir señalamientos y quejas de los colectivos de familiares por la cerrazón de sus funcionarios, saca a presumir treinta y cinco recomendaciones para esos siete casos, de a cinco por caso, algunas tan relevantes como “inscribir a los familiares en el registro de víctimas”, o “proporcionar atención médica y sicológica”, o “instruir investigaciones administrativas a los responsables”, o “instruir a los titulares de Seguridad Pública para que colaboren en la integración de las investigaciones ministeriales”, o “girar instrucciones para emitir una circular dirigida a los servidores públicos para pedirles, en síntesis que se porten bien y actúen con apego a la ley”, o “dar cursos de derechos humanos”. Habría que puntualizar que estamos hablando de un delito de lesa humanidad, no de un simple abuso de poder. Las recomendaciones de Montero ni siquiera incluyen la formulación de una denuncia de oficio ante la Fiscalía General del Estado y tampoco informa si de esos siete casos existen ya carpetas abierta y cuál ha sido la suerte de estas. Todo eso, solo en siete casos de las decenas que se tienen registrados. Solo con el gobernador se reunieron colectivos que agrupan 60 casos de desapariciones. En el conteo de la Comisión Nacional de Víctimas, Guanajuato registra más de 650 casos de desaparición de 2007 a la fecha. Los siete casos de Montero no son irrelevantes, máxime porque se trata de delitos cometidos por elementos de corporaciones policiales de Celaya, Comonfort y Cortazar, donde el delito es agravado por ser el perpetrador un servidor público. Sin embargo, deja mucho que desear que venga el dizque ombudsperson de Guanajuato a presumir que ha actuado en el diez por ciento de las denuncias que fueron llevadas ante el gobernador y en el uno por ciento de las que se tiene conocimiento en los dos últimos sexenios. Zamarripa, Huett, Montero, todos ellos funcionarios de áreas sensibles del estado cuyo trabajo es estar en contacto con quienes ven violentados sus derechos, parecen perdidos en la guerra de las vanidades y la inútil preocupación de no querer perder la figura, sin darse cuenta que esta se encuentra desde hace mucho por los suelos y que la única manera de levantarla es dando resultados y no emitiendo justificaciones inútiles a estas alturas. 2. El diputado azul que quiere echar a perder Santa Rosa a espaldas de la ley Sergio Ascencio Barba es un joven con suerte. Primero lo apadrinó en su veloz carrera empresarial uno de los pioneros del nuevo urbanismo residencial de Guanajuato, su abuelo Fernando Barba, el desarrollador de Villas de Irapuato. Después le dio por la política y sin tocar baranda consiguió que el PAN le obsequiara una candidatura muy seguro al Congreso Federal, dejando en el camino a muchos prospectos con larga carrera partidista. Ahora, incursiona en la ciudad de Guanajuato con un conjunto entre turístico y residencial justo en el corazón de la sierra de Santa Rosa y su privilegiada posición de empresario y político le ha abierto las puertas del intrincado camino de la burocracia para facilitarle permisos, trazas y dotación de servicios para un proyecto que de ser exitoso terminará por acabar con lo mismo que vende: la tranquilidad, la paz y la belleza de uno de los últimos pulmones de Guanajuato, de por si amenazado por la sequía, los incendios forestales, la voracidad minera y la explotación ilegal de la madera. El diputado, que teóricamente debería ser un celoso cumplidor de la ley, máxime por su filiación panista pues este partido está tratando de construirse como la oposición más creíble a Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de incumplir el marco normativo del país, encontró la manera de eludir disposiciones legales. Mediante una consulta a la delegación de Semarnat, cuando la encabezaba el hoy diputado local verde Israel Cabrera, logró una anuencia para un "aprovechamiento forestal", con ese trámite, abrió la puerta del municipio de Guanajuato y del Sistema de Agua Potable, bajo la responsabilidad de Edgar Castro y José Lara Lona, para recibir las primeras autorizaciones y una factibilidad de servicio de agua, en ese momento para un hotel. Con el panista Alejandro Navarro y su director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, se le han abierto las puertas del paraíso y está a punto de iniciar la construcción de cabañas. Entre el 14 de junio y el 22 de agosto del año pasado, quedaron allanados todos los trámites, incluyendo la autorización de Impacto Ambiental, para la edificación de 49 cabañas en régimen de condominio. La principal medida de mitigación es la donación de 60 árboles de 2.5 metros de altura. Al sacar el tema de la jurisdicción federal, pese a tratarse de una reserva forestal, la suerte del fraccionamiento que el diputado piensa comercializar mediante la aplicación de Internet Airbnb, en tanto va colocando los lotes, de los cuales ya circulan folletos promocionales, las cosas se facilitaron. Y no es para menos, Ascencio Barba es uno de los principales aspirantes a la candidatura a alcalde de Irapuato por el PAN, presentándose además como candidato externo, lo que ayuda a paliar el desgaste de ese partido en uno de los municipios más violentados de Guanajuato. Así que, favor con favor se paga. En segundo o tercer plano queda la reserva forestal de la sierra de Santa Rosa y la suerte de sus habitantes que verán mermadas sus de por sí exiguas reservas de agua con un proyecto de turismo seudoecológico que lo único que hará será abrir la puerta a la depredación comercial de ese macizo boscoso. Mientras tanto, la autoridad federal, en manos de funcionarios provisionales a cargo de Semarnat y Profepa, simplemente escurren el bulto. Nadie les ha dado facultades ni los ha ratificado y saben que lo que más les conviene es no moverse. Así que, en Guanajuato, la Cuarta Transformación, cualquier cosa que signifique, es solo algo que ocurre en una galaxia muy muy lejana. Aquí solo truenan los chicharrones del PAN y sus aliados empresariales.

Dos personas murieron y al menos 8 resultaron lesionadas en un ataque armado a un bar de la ciudad de Celaya. Aproximadamente a las 2 de la madrugada de este domingo fue cuando un hombre armado descendió de un vehículo y comenzó a disparar en el interior del bar 'La Shula' , inmediatamente se movilizaron las autoridades de gobierno municipal, el estado y la Guardia Nacional, alrededor del inmueble donde sucedió el ataque para recopilar todo tipo de evidencia y dar con los responsables. Sin embargo no se han dado más detalles sobre el hecho tras el peritaje que se inició ahí en el lugar y se desconoce también el motivo del ataque y quiénes fueron los responsables.

El director de Seguridad Pública del municipio de Dolores Hidalgo J. Marcos Venegas García fue atacado por arma de fuego la madrugada de este sábado. Su estado de salud es estable pero con diagnóstico reservado. Esto de acuerdo a lo que Informa el gobierno municipal de Dolores Hidalgo a través de un comunicado. Detallan que el ataque sucedió en la Colonia Mariano Belleza cuando Venegas García viajaba a bordo de la unidad de la policía. Sujetos armados dispararon en contra de la unidad. El comunicado explica "esta mañana el comisario J. Marcos Venegas García, director de Seguridad Pública de este municipio, al encontrarse fuera de sus funciones, lamentablemente sufrió un atentado. Hasta el momento se mantiene estable pero con diagnóstico reservado". Continua, "reprobamos enérgicamente todo acto de violencia y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para resguardar la paz y tranquilidad en nuestro municipio". También da a conocer que se está trabajando en coordinación con las autoridades estatales y federales sobre este caso y la seguridad de los ciudadanos en general.

Un alumno de secundaria fue lesionado con arma de fuego al interior del plantel educativo debido a que uno de sus compañeros llevó dos armas. Esto sucedió el jueves pasado. Fue en la pierna derecha donde presentó una quemadura leve de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Educación de Guanajuato. El lesionado se encuentra fuera de peligro. El adolescente que llevaba las armas las mostró a otros compañeros y alguno accionó el gatillo. La Fiscalía General del estado Investiga al responsable del disparo. Por su parte la Secretaría de Educación de Guanajuato dio a conocer que se activó el protocolo de actuación ante la presencia, portación o uso de armas o drogas en el entorno escolar en la secundaria Guatimurac de Acámbaro. A través de un comunicado informa que de manera inmediata autoridades escolares dieron aviso a la Fiscalía General del estado para realizar las acciones correspondientes. Y es que la portación y uso de armas y drogas implica la aplicación de medidas disciplinarias y denuncias. Detalla "siempre en proporción de los hechos y a las circunstancias con el fin de asegurar la integridad de los alumnos". Agrega "en Guanajuato estamos trabajando al interior de los centros escolares con programa sobre la formación humana de maestros, alumnos y padres de familia para la sana convivencia de la comunidad educativa. La autoridad también hizo hincapié en que es urgente que los padres de familia se involucren en la formación de sus hijos con el fin de generar ambientes de paz y armonía en todas las comunidades educativas.

León, Guanajuato; 17 enero 2020.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió durante 2019, 35 Recomendaciones por 7 casos de desaparición forzada de personas. De este total, fueron 17 para Celaya, 9 para Comonfort y 9 para Cortazar, derivadas de hechos en los que participaron elementos policíacos. La resolución del organismo destinada a las autoridades municipales constituye por sí misma una forma de reparación, en virtud de que en ella se reconoce la grave violación a los derechos humanos cometida en agravio de los quejosos. Del contenido de las Recomendaciones notificadas, las autoridades deberán: • Inscribir a los familiares en el Registro de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 bis, fracciones II y III de la Ley General de Víctimas, con el objeto de que puedan acceder a una reparación integral del daño en torno a la gravedad de los hechos aquí expuestos. 2 • Previo consentimiento, se proporcione a los familiares atención médica y psicológica que requieran para el tratamiento que se desprenda directamente del caso concreto, proporcionándoles un trato digno, sensible y con calidez. • Se instruya a quien corresponda, a fin de que se inicie, o bien, se determine a la brevedad y conforme a derecho, la investigación administrativa en contra de los funcionarios de Seguridad Pública Municipal. • Una vez que notificadas las autoridades municipales, se instruya a los titulares de Seguridad Pública para que ofrezca una disculpa pública institucional y se brinden garantías efectivas de no repetición. • Girar instrucciones a los titulares de Seguridad Pública de los municipios, a efecto de que se colabore ampliamente en la integración de la investigación ministerial. Para ello, se deberán atender con oportunidad todos y cada uno de los requerimientos que sean formulados por la Procuraduría General de Justicia, a fin de lograr encontrar el paradero de los agraviados. • Se giren las instrucciones respectivas para emitir una circular dirigida a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de llevar a cabo detenciones arbitrarias. • Diseñar e impartir un curso integral sobre sobre derechos humanos a todos los servidores de Seguridad Pública, con el fin de que los operativos en los que intervengan se conduzcan con respeto a la dignidad de las personas y salvaguarden la vida, integridad y seguridad de las mismas. 3 • Designar al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo para dar seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones. Este organismo notificó recientemente las resoluciones a las autoridades involucradas en los hechos. DESAPARICIÓN FORZADA ES UNA VIOLACIÓN GRAVE La desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos humanos, y por su lesividad ha sido considerada como una afrenta a toda la humanidad, que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerada como un crimen de lesa humanidad. Se define por tres elementos acumulativos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona; la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por consentimiento y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual México forma parte, considera que estos actos constituyen una afrenta y una grave ofensa a la dignidad de la persona y es una práctica contraria a los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados que forman parte de la Convención se deben comprometer a no practicar, permitir o tolerar estas acciones; sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito; prevenir, sancionar y erradicar este tipo de hechos y tomar medidas 4 de carácter legislativo, administrativo, judicial y de cualquier índole que contribuyan a eliminar su práctica. AGILIZAR TRABAJO LEGISLATIVO EN LA MATERIA La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha participado en la Mesa de Trabajo que convoco el año pasado el Congreso del Estado para el análisis de las iniciativas en materia de víctimas, desaparición forzada y declaración especial de ausencia. Entre algunos aspectos que el organismo señaló para la reflexión y discusión parlamentaria, fue la necesidad de que la legislación local contenga expresamente lo establecido en la Ley General, como es lo relativo a la efectividad y exhaustividad; la debida diligencia; el enfoque diferencial y especializado; el enfoque humanitario; gratuidad; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no revictimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de vida y verdad. Así como la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, bajo un organismo colegiado como lo es el Sistema Nacional establecido en la Ley General en sus artículos 44 y 45. ATENCIÓN A QUEJAS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS Por otra parte, es importante señalar la necesidad de instrumentar políticas públicas encaminadas a la búsqueda e identificación con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición. En este sentido, el organismo reconoce el anuncio realizado este jueves por las autoridades estatales, colectivos y defensores de 5 derechos humanos así como por familiares de las víctimas para avanzar en la construcción de mecanismos encaminados al propósito arriba señalado. Además la Oficina del Ombudsperson guanajuatense se mantendrá atenta a los alcances de los acuerdos anunciados y atenderá a los familiares de las víctimas que consideren que por actos de acción u omisión de las autoridades, se hayan vulnerado sus derechos humanos. Finalmente, según las últimas cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas era de 61 mil 637 personas no localizadas y 85 mil 396 localizadas, siendo un total de 147 mil 33 personas.

En Guanajuato se va a crear una Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas. Este fue uno de los acuerdos a los que llegaron hoy familiares de personas desaparecidas y el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. En la reunión se acordó también que se va a establecer una mesa permanente de trabajo con familiares de las víctimas y se contará con un recurso de 10 millones de pesos para apoyar a quienes buscan a sus familiares desaparecidos estos para rubros como alimentación o educación. El secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala comentó lo anterior al término de la reunión de autoridades y familiares de desaparecidos. Efectuada en el centro de Convenciones de Guanajuato, la reunión también tuvo el acuerdo de que mañana se vuelve a tener otra reunión con el presidente de la junta de gobierno del Congreso del estado, a quién le van a pedir que se agilicen los procesos en la Ley de Atención a Víctimas. Ayala dijo que en la tarde de este jueves, participaron unas 60 personas y dijo que uno de los objetivos de instalar las mesas de trabajo permanentes, es para saber exactamente cuál es la cantidad de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato.

Familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato se quejaron por los malos tratos que han sido que han sido víctimas por parte de la Fiscalía del Estado y en particular por el Ministerio Público. A través de un comunicado, los colectivos pidieron un alto a la simulación y un trato digno a quienes acuden a las autoridades por no saber dónde se encuentran sus familiares. Señalaron que en la última semana se han incrementado los malos tratos. Detallan "se empezó a hostigar a las familias con llamadas y visitas personales, así después del comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia el día de ayer en el que señala el 'fortalecimiento de acciones de búsqueda y localización de personas'". Los colectivos tienen que se acabe con la simulación y se trabaja e investiga con todo el aparato de Justicia para localizar a sus seres queridos. Agregan "las familias de personas desaparecidas enfrentan una situación de tortura y revictimización constante al no saber el paradero de sus seres queridos, y ante la ineficiencia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato en la pronta actuación y respuesta inmediata, la falta de investigación y la criminalización de las víctimas de desaparición ha llegado al punto de no reconocer a las familias como víctimas indirectas de este terrible flagelo, ocasionando la falta de apoyos que son obligatorios por parte del Estado". Y es precisamente la tarde de este jueves cuando el gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo platicará con los integrantes de los colectivos "justicia y esperanza" y a "tu encuentro" que se conforman por familiares de personas desaparecidas en la entidad.

La tarde de este miércoles se tiñó de sangre en Guanajuato con 12 ejecuciones. Ocurrieron en Tarimoro, Celaya y Apaseo el Grande. Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando en Tarimoro acribillaron a 6 hombres y a una mujer, ellos se se encontraban en el interior de un negocio nombrado 'grúas El Güero' y hasta ese lugar arribó un comando armado que ingresó para ejecutarlos. Este negocio se ubica sobre la carretera Celaya -Tarimoro a la altura de la comunidad La salud. En la ciudad de Celaya dos personas fueron ejecutadas en una pensión de tráilers en la zona del eje Juan Pablo Segundo; ahí no solamente ultimaron a las personas, sino que también les prendieron fuego a 2 unidades que se encontraban en el lugar. En la misma ciudad de Celaya pero por la mañana dos personas fueron localizadas sin vida en un baldío en la Colonia Progreso- Solidaridad, ambas tenían impactos de bala. Por su parte en Apaseo el Grande también ultimaron a un hombre con arma de fuego.

Los panistas afines a Diego Sinhue y “Charlie” Alcántara se preparan para asaltar el poder en el estado de Guanajuato. Po David Saucedo, publicado en www.poplab.com En esta segunda entrega sobre los Ángeles de Charlie haremos una breve descripción y análisis del entorno en el que se mueven los precandidatos afines al gobernador Diego Sinhue y a Juan Carlos Alcántara, su polémico jefe de gabinete. Revisaremos algunas características que comparten en la pelea que libran de manera individual y colectiva por la obtención de cargos de elección popular con miras a la elección de medio periodo. En entregas posteriores emprenderemos un análisis regional de los principales perfiles con base en la copiosa información que empieza a surgir sobre tan singular grupo político. Los Ángeles de Charlie rápidamente están provocando el surgimiento de apologistas y detractores dentro y fuera del PAN. La angelología panista de este sexenio (angelología: parte de la teología dedicada al estudio de los ángeles) nos muestra que no solo hay ángeles. También hay arcángeles (Miguel Márquez) y serafines (precandidatos más cercanos a Diego Sinhue que a Charlie Alcántara). Pero en todo caso, todos ellos forman parte de la corte celestial que nos gobierna y que con razón o sin ella, consideran que tienen la fuerza y los atributos necesarios para conservar el poder. Las alas de Aldo Márquez Si duda Aldo Márquez, es el ángel mayor y uno de los capitanes de los ejércitos del cielo azul estatal. Fue beneficiado con la creación de una nueva subsecretaría para él solo: la subsecretaria para el desarrollo humano de la SEDESHU, absorbiendo algunas de las funciones que ya realizaban las otras dos subsecretarías ya existentes. De igual modo, la presidencia del comité municipal del PAN en León le fue entregada recientemente a Antonio Guerrero Horta, hombre leal e incondicional de Aldo, con quien trabajó en la SEDESHU. Aldo es sin duda el ángel más consentido por Charlie Alcántara. Aldo además goza de todas las confianzas de Diego Sinhue, y junto con Charlie y su hermano Alan Márquez conforman el primer círculo del gobernador de Guanajuato. Muchas de las decisiones más importantes de este sexenio tienen su origen en los conciliábulos que realizan mañana, tarde y noche y con los que tratan de contrapesar la fuerza y experiencia acumuladas por Juanita de la Cruz, secretaria particular del Gobernador y por Héctor Salgado, secretario de Finanzas. La agenda de Aldo, sus apariciones públicas, el cortejo a la militancia panista leonesa, sus publicaciones de Facebook, apenas disimulan su trabajo de posicionamiento con miras a la obtención de la candidatura del PAN a la alcaldía de León. El propio alcalde Héctor López Santillana ha sido forzado paulatinamente a invitar de manera regular a Aldo a eventos, primeras piedras e inauguraciones en donde el Subsecretario de Desarrollo Humano de la SEDESHU no tendría por qué estar. Sin cuidar las formas y los egos, Aldo ha empezado a eclipsar el sol de López Santillana para hacer brillar su propia estrella. Aunque desde el punto de vista de opinión pública, Aldo no prende y no levanta. Todas las encuestas que se han realizado en la ciudad de León marcan que Aldo Márquez tiene porcentajes de conocimiento de menos de 5%. Algo difícil de creer en alguien que goza de un jugoso presupuesto, que además ejerce sin consultar y sin rendir cuentas con quien en teoría es su jefe: Gerardo Morales, secretario de la SEDESHU. Lo que es más, pareciera que el plan B de Aldo es justamente convertirse en el titular de la SEDESHU, una vez que Gerardo parta hacia su exilio dorado, que los jefes estatales tienen preparado para él como candidato del PAN a la alcaldía de Dolores. Pero el principal objetivo para Aldo sigue siendo la alcaldía de León. Aldo y su grupo cero piensan, aparentemente con razón, que la marca PAN sigue siendo muy fuerte en la ciudad zapatera. Bastará con que Aldo sea designado candidato del PAN para que en automático suba entre 25 y 30 puntos de golpe. Y en efecto, eso mismo ha sucedido con otros candidatos azules en el pasado. Por ello, a pesar de su mediocre desempeño en redes sociales, de sus discurso vacío y lleno de lugares comunes y del descuido en su alimentación que le ha comenzado a provocar sobrepeso, Aldo va que vuela para la candidatura del PAN en León. Pero nunca nada es tan simple en el municipio más poblado de Guanajuato. Hay demasiado tiradores azules que desean la candidatura a la alcaldía. La ambición, la avaricia, el menosprecio a la breve trayectoria de Aldo, los muchos enemigos que empieza a tener Charlie a todo lo largo y ancho del estado, son el caldo de cultivo para una contracampaña de alto vuelo. Además, de acuerdo con todas las encuestas, Fernando Torres Graciano es el candidato del PAN mejor posicionado en León. Pero Diego Sinhue por nada del mundo permitirá que Torres Graciano llegue a la presidencia municipal de dicho municipio. Ello significaría un segundo aire y el resurgimiento del torresgracianismo. Vicente Esqueda sería secretario de ayuntamiento. Jorge Espadas estaría en el cabildo. Libia Denisse ocuparía una cartera importante, como la de desarrollo social. El presupuesto municipal de León apuntalaría grupos panistas disidentes en otros municipios. Es decir, el infierno en la tierra para los Ángeles de Charlie. Otros aspirantes que han levantado la mano no parecen estar construyendo candidaturas viables. La multimencionada incorporación de Juan Carlos Muñoz al patronato de la feria de León pareciera más un intento del Gobernador para generar una candidatura de sombra para Aldo. Es decir, se asemeja más un ardid para tapar la postulación de su subsecretario, para de ese modo direccionar los golpes y el desgaste hacia el heredero de Transportes Castores. Por otro lado, el activismo de personajes como Rolando Alcantar, Christian Cruz, Alejandra Gutiérrez, etc., parecen más fintas para conseguir un repechaje. Es decir, el uso de la vieja táctica de pegarle a la piñata para ver si suelta algunos dulces. Habrá que recordarles a tantos precandidatos que ya no estamos en época de posadas. Para aspirar seriamente a la alcaldía de León se requiere una ingeniería financiera construida de la mano de los dueños del dinero. Una inversión publicitaria digna del nombre, un porcentaje razonable de conocimiento a población abierta, padrinos mágicos, una estrategia político-electoral y de posicionamiento, etc. ¿Quién de los suspirantes antes mencionados está tomando en serio el reto y generando una estructura para alcanzar estos objetivos? Por tanto, solo hay tres candidatos reales a la alcaldía de León y uno verdadero. Juan Carlos Muñoz podría cumplir los requisitos, pero en esta coyuntura fue elegido solo como sparring. Fernando Torres no podría ser candidato, porque ello abriría la puerta para él y su grupo para disputar candidaturas en el 2024. De modo que el candidato real, seleccionado de manera un poco prematura, sería Aldo. Pero eso no significa que tenga el camino pavimentado a la alcaldía. La construcción de esta candidatura dejará muchos heridos, situación que empieza a ser una nota distintiva del gobierno de Diego Sinhue. Los problemas no se resuelven, se administran. Los heridos no sanan, se detienen las hemorragias, pero siguen sangrando internamente. Si Aldo Márquez y Charlie Alcántara resisten la dura contracampaña que preparan sus adversarios internos en su contra (basada en rumorología), el siguiente paso será sortear la difícil aduana que significará una contracampaña a población abierta con memes y videos burlescos en redes sociales, apelando al conservadurismo y los más bajos prejuicios de la sociedad leonesa. Entre otras cosas, justo en eso consisten las contracampañas. El resultado final de la disputa por la candidatura del PAN en León dependerá del temple y fuerza de Aldo y Charlie. Serán tratados con dureza extrema. La misma con la que ellos han tratado a otros contendientes y compañeros de armas. Ya lo dijo Winston Churchill alguna vez: la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. De ellos depende si quieren pelear buscando una alcaldía o si desean vivir cómodamente gozando una secretaría. Hay de dónde escoger. El arcángel Miguel Pero Aldo no es el único ángel. Hay muchos otros, municipio por municipio. El primer obstáculo que tendrán que sortear los Ángeles de Charlie para obtener sus ansiadas candidaturas es la posición que asumirá el exgobernador Miguel Márquez frente a determinadas plazas y candidatos. En el proceso electoral anterior, Márquez vetó a aspirantes como Omar Gregorio Mendoza, en Pénjamo o Roberto Carlos Terán en San Luis de la Paz. Y no fueron los únicos. En Abasolo, Apaseo el Grande, Silao, etc., hubo volteretas inesperadas. Aunque Rolando Alcántar, Charlie y el propio Diego pasaron largas horas armando, planchando y cerrando acuerdos políticos para presentar las listas de candidatos a la comisión permanente estatal y nacional panistas, cuando dichas listas llegaron a manos de Miguel Márquez y su primer círculo, fueron tachoneadas y modificadas de manera sustantiva. Charlie, Alan Márquez y Aldo Márquez han dicho en público y en privado que esa historia no se repetirá. Que si bien es cierto que el exgobernador Miguel Márquez metió mano en la composición de las listas de candidatos en la elección anterior, eso no volverá a suceder. El primer círculo de Diego Sinhue aspira a impulsar a candidatos propios y leales con los que darán forma y verá la luz por primera vez en Guanajuato un “dieguismo” de cepa. Por lo menos en el proceso de renovación del consejo estatal del PAN y de las dirigencias de sus comités municipales, hicieron honor a su palabra. El ex gobernador no tuvo vela en ese entierro. A pesar de que muchos panistas lo buscaron para pedirle que no permitiera que Charlie y Román Cifuentes los dejaran fuera, en lo fundamental Miguel Márquez se abstuvo de participar en dicho proceso. Está por verse si Márquez se mantendrá al margen de la selección de candidatos panistas para las elecciones intermedias. Todo parece indicar que los miguelistas saldrán bien librados de los primeros cambios y enroques que se avecinan en el gabinete de Diego Sinhue. Se percibe que los secretarios que están haciendo maletas son los que conforman la “legión extranjera”, es decir los personajes que el propio Diego trajo de fuera y que definitivamente no han dado el ancho. Aunque el miguelismo incrustado en el gobierno estatal sigue incólume, la apuesta de Charlie y sus ángeles consiste en ir trabajando el relevo generacional de manera paulatina, velada y sin sobresaltos. Permitirán que el ex gobernador siga cosechando premios y reconocimientos, mientras ellos irán ganando espacios en secretarías, subsecretarías, direcciones generales y en candidaturas a puestos a elección popular en las elecciones de 2021. Aunque amplios sectores del panismo guanajuatense siguen en el desempleo y poco a poco han comenzado a hacer ácidas críticas en contra de Charlie Alcántara, el jefe de gabinete considera que el encono que se está generando en su contra podrá diluirse con el reparto de espacios con la lenta pero segura incorporación a la nomina de gobierno. Es la misma amarga medicina que Miguel Márquez le recetó a la estructura panista durante la primera mitad de su mandato. La mantuvo en el desempleo durante dos largos años. Cuando llegó el momento de enfrentar a Fernando Torres Graciano en la pelea por la candidatura para gobernador, Márquez abrió la llave de la nómina estatal para minar las aspiraciones de Fernando y fortalecer el proyecto de Diego Sinhue. A pesar del impulso parricida de Charlie en contra Miguel Márquez, el jefe de gabinete está siguiendo y aplicando la misma táctica del exgobernador. Está dejando fuera de la jugada a muchos panistas, pero irá por ellos cuando sea necesario planchar y obtener el apoyo electoral para sus ángeles. El narco en campaña Pero así como habrá ángeles sin alas en la siguiente elección a celebrarse en el estado de Guanajuato, también veremos algunos demonios con cuernos haciendo de las suyas. Tal y como ha venido documentando el grupo de operaciones especiales de la Marina, con apoyo de una unidad reducida pero eficaz de agentes de la DEA, el narco lanzará candidatos en algunos municipios del estado de Guanajuato. No sería la primera vez. Tanto en gobierno del estado, como en gobierno federal saben que actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima tienen el control de varios municipios en varias de sus facetas: manejo de fondos de obra pública, contratación de narco-empresarios para las fiestas patronales, control de direcciones de policía municipales, compras gubernamentales, etc. Y es aquí donde los Ángeles de Charlie pueden sufrir otros descalabros. El jefe de gabinete selecciona a sus ángeles con criterios demasiado laxos y subjetivos: lealtad aparente, empatía y simpatía. Excelentes criterios para organizar una fiesta o para formar un club social. Pero habrá plazas en donde se necesitará candidatos que no solo tengan sexapil y carisma. Celaya, por ejemplo, va a requerir un perfil de guerra. Un candidato que esté dispuesto a matar y a morir para construir la ansiada paz y que no le tiemble la mano para aplicar soluciones prácticas pero inconfesables para apaciguar el municipio. En la elaboración de las listas de candidatos a las presidencias de los comités del PAN pesó la dinámica interna, la filiación de grupo, los equilibrios entre las distintas corrientes y el nivel de lealtad hacia los dirigentes estatales. Pero no se tomó en cuenta el factor externo, es decir, no fueron seleccionados perfiles con el conocimiento o las capacidades para enfrentar a la oposición. El resultado: hay municipios que no gobierna el PAN en donde los presidentes de partido no han dado una sola conferencia de prensa, declaración de contrapeso hacia los gobiernos de oposición. En las elecciones de 2021 será necesario postular candidatos con temple y energía en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya en donde la inseguridad está fuera de control. Aunque en los Ángeles de Charlie hay algunos buenos perfiles, ninguno tiene experiencia y conocimiento en temas de seguridad. Lo más cerca que han estado de una conflagración armada es mirando narcoseries en Netflix ¿Qué se requiere? Candidatos que aguanten las amenazas y presión de los cárteles. Que no cedan el control de las direcciones de policía. Que no salgan corriendo a comprarse un vehículo blindado luego de la primera amenaza que reciban. Pero gobierno del estado también debe empezar a tomar decisiones. Debe, aunque sea a nivel interno, hacer un diagnóstico sobre cómo enfrentar a la narcopolítica. Los distintos cárteles de la droga ya están perfilando candidatos en Manuel Doblado, Villagrán, San José Iturbide y Acámbaro ¿Qué va a hacer a Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del estado? ¿Nuevamente van a dejar que candidatos con ligas con los cárteles se conviertan en presidentes municipales, para después tratar de combatirles congelándoles sus cuentas bancarias? ¿Van a repetir esquemas que no han funcionado? Es más fácil inhabilitar y privar de sus derechos políticos a candidatos, impidiendo que aparezcan en la boleta, que desaparecer ayuntamientos ya constituidos. Disminución de la intención de voto del PAN Hay varios municipios en los que se transitó de un bipartidismo a un tripartidismo o multipartidismo. Es decir, el PAN difícilmente alcanza votaciones de 50%. Hace apenas algunos años, en varios municipios, ganar la contienda interna equivalía a ser presidente municipal en automático. Pasaron esos tiempos. Ahora es crucial que los candidatos de Acción Nacional sean capaces de sacar votos sin depender exclusivamente de la fuerza de la marca. Y allí está el detalle. La mayoría de los Ángeles de Charlie no pintan en encuestas, no tienen ejercito de tierra y tienen poco trabajo de campo realizado. Por otro lado, ya hay otra marca que también jala votos. La marca AMLO permitió en la elección pasada que candidatos de MORENA alcanzaran flujos de votación inimaginables hasta hace poco. Quienes deseen impedir el avance de los Ángeles de Charlie tienen un factor a su favor. En muchos municipios de Guanajuato suele decirse que la política es como en la iglesia: el que no tiene padrino, no se bautiza. Pero hay que agregar que quien tenga un poderoso padrino tarda mucho tiempo en empezar a caminar por sí solo. Y en efecto, la mayoría de los Ángeles de Charlie tiene un bajo posicionamiento en encuestas a población abierta. En las encuestas que se levantaron en el segundo semestre del año, solo algunos alcaldes en funciones y dos candidatos afines a Charlie, cuentan con un posicionamiento real entre el electorado. Todos los demás son unos ilustres desconocidos. Sus posibilidades para resultar electos dependen de la fuerza de la marca PAN. Y la mayoría de los Ángeles de Charlie jalan hacia abajo la votación azul, no le aportan nada. Esa es en parte, una de las razones por las que un número nutrido de Ángeles de Charlie fueron colocados en distintos cargos en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la dependencia que conocen más Charlie y Aldo. O quizá lo justo sea decir que es la secretaría que desconocen menos. Mediante apoyos sociales y manejo de padrones de beneficiarios se pretende fortalecer la presencia mediática, electoral y política de los panistas afines al gobierno estatal. No será una tarea sencilla, pero no carece de lógica dicho esfuerzo. Cualquiera que sea el destino final de los Angeles de Charlie, tienen un espacio garantizado en la nómina estatal. Si pierden o si se alzan con la victoria en la pelea por las candidaturas de 2021, de cualquier manera, tienen su futuro garantizado. Puede ser más o menos luminoso, pero cuentan con un paracaídas. Están en la cuerda floja, pero caminan en ella con arnés y red de protección. Es la principal enseñanza que pueden aprender del gobernador Diego Sinhue. Su derrota en la búsqueda de la alcaldía de León a la postre le permitió ganar la gubernatura. Es la principal habilidad que se debe desarrollar en la política. El complejo, arriesgado y siempre difícil arte de caer parado.
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