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Exigen a gobierno investigar si acoso a periodistas y activistas se paga con recursos públicos.

Opinión
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Carmen Pizano, publicado en www.poplab.mx 

En un documento con cientos de firmas de individuos y organizaciones, también se responsabiliza al gobernador si la violencia contra ambos gremios escala.

Frente a las sistemáticas agresiones a periodistas y activistas a través de redes sociales desde cuentas anónimas, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato difundió un manifiesto en el que se exige al Gobierno de Guanajuato otorgar medidas de protección. Además, se pide que sea el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien inicie una investigación al interior del gobierno para que se determine si hay o no funcionarios operando la campaña de desprestigio.

En el documento que ha sumado más de 350 firmas, entre periodistas, activistas, organizaciones y medios de comunicación no solo de Guanajuato, sino de varios estados del país, también se responsabiliza al gobernador si la violencia contra ambos gremios escala.

La exigencia para que Rodríguez Vallejo investigue al interior de la administración estatal, al presumirse que desde ahí está orquestado el ataque, se basa en que desde las cuentas que encabezan la campaña se desprestigio se defiende al Gobierno de Guanajuato.

Ilustración de Pinche Einnar

 

Entre los seis puntos descritos en el pronunciamiento se involucra la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que, actuando de manera independiente y diligente, investigue estos hechos.

Al Congreso de Guanajuato se le pide incluir en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas las agresiones en el ámbito digital.

Los seis puntos del pronunciamiento

  1. Exigimos al Gobierno de Guanajuato colaborar con el Mecanismo Federal para otorgar medidas de protección para quienes integran el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y en su caso otorgar medidas en lo local. Responsabilizamos al Gobernador en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.

  2. Las cuentas que encabezan la campaña al mismo tiempo defienden al Gobierno de Guanajuato, por ello exigimos al Gobernador que inicie una investigación al interior de su Gobierno que determine si hay o no funcionarios operando la campaña, y en caso de ser así, que emita una sanción.

  3. El Consejo Estatal de Protección está obligado a establecer una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en la atención de las causas de las agresiones, incluidas las digitales.

  4. La Fiscalía General de la República debe investigar los hechos constitutivos de delito a través de la FEADLE, llegando hasta la sanción de los responsables y cumpliendo el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

  5. Pedimos que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inicie una investigación por estos hechos, actuando de manera independiente y diligente; haciendo, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes.

  6. Exhortamos al Congreso de Guanajuato que incluya en la Ley, en calidad de agresiones a las campañas de acoso selectivo en el ámbito digital, cuando éstas intenten limitar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las agresiones

Las agresiones comenzaron en el año 2018, cuando el Colectivo recibió mensajes intimidatorios, hecho que llevó a organizaciones nacional como Propuesta Cívica y CIMAC, así como a organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Article 19 y el Committee to Protect Journalists a pronunciarse y enviaron una carta al entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez, para que se implementaran medidas de protección. Los hechos se denunciaron sin avance en las investigaciones.

Desde febrero 2019 comenzaron con la campaña permanente de ataques en la red social Twitter de desprestigio y acoso selectivo en contra Verónica Espinosa, Kennia Velázquez, Arnoldo Cuéllar, Raymundo Sandoval y Saúl Arellano.

 

“Como parte de esta campaña, el 06 de abril una usuaria de Twitter creó la lista denominada “Huachicoleros” en la que incluye a varios integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión, lo que constituye un acto de criminalización del trabajo que realizan”, se narra en el pronunciamiento.

 

Sin embargo, no es el primer caso en el que se comenten actos de criminalización en contra de activistas y periodistas, pues durante las campañas electorales del 2018 se difundió un video desde una cuenta anónima de Facebook en la que se ligaba al portal de noticial El Salmantino con grupos de la delincuencia organizada. Estos hechos fueron documentados por la Red Rompe el Miedo coordinada por Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Datacivica.

Otro evento de ataque digiral estuvo dirigido contra el activista Raymundo Sandoval, luego de se usurpara su identidad en Twitter con la dirección @ray_sandoval, ocurrido el pasado 26 de abril. Sandoval ya había cambiado su usuario a @colectivodhpaz, sin modificar el ID y los datos de la cuenta original.

 

“Estos hechos, calificados como “impersonation atack” (ataque de usurpación) por parte de Twitter, fueron suficientes para que la cuenta fuera suspendida a petición de Sandoval. El afectado ha solicitado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEDLE) que inicie una carpeta de investigación por el delito federal “uso indebido o usurpación de identidad” (artículos 221, 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Por estos mismos hechos, Sandoval ha sido incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación Federal”.

 

El caso más reciente de ataques contra activistas se dio contra los ecologistas de la plataforma "Salvemos el humedal" con una campaña de desprestigio. Por lo anterior ha generado una preocupación en el Colectivo, al considerar que se trataría de una estrategia oficial para acallar las críticas al proyecto "City Center".

El Colectivo ha exigido una respuesta contundente por parte del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La organización Article 19 ha documentado 81 agresiones contra la libertad de expresión en Guanajuato del 2009 al 2018. En el último año el número de agresiones documentadas fueron 25.

El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato está integrado por 30 personas entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se conformó en el 2014 e impulsó la creación de una legislación para proteger a ambos gremios.

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