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¿Fobia? Sí, a un fiscal por encima de los Poderes

Opinión
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Arnoldo Cuéllar publicado en www.poplab.mx

Decisión de Sinhue para otorgar más poder a Zamarripa, diluye cualquier posibilidad de autonomía de la Fiscalía 

Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.

Con un sesgo autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión, no de persecución ni forense.

Incluso, hay tendencias a nivel mundial que plantean la necesidad de que los servicios periciales tengan autonomía, a fin de dotar de mayor certeza a la procuración de justicia, lo que difícilmente se verá en el oscurantismo que priva en Guanajuato esta materia.

El gobernador no puede atribuir una crítica razonada y argumentada a la “fobia”; pues entonces habría que pensar que su decisión de convertir a Carlos Zamarripa en un zar de la procuración de justicia obedece a una “filia”, a un deseo personal, a una amistad o quizá a una complicidad.

Hay que recordar que estamos hablando de una Procuraduría de Justicia que sigue practicando la tortura, 10 años después del caso Palomo, el ganadero asesinado por policías ministeriales mientras lo interrogaban por el delito de abigeato.

Incluso una procuraduría de derechos humanos tan tibia como la de Raúl Montero ha emitido recomendaciones por tortura que se quedan en el nivel de los agentes que la practican, sin atreverse nunca a recomendar al jefe de la institución, Carlos Zamarripa, probablemente por temor reverencial, aunque quizá también por connivencia.

Estamos frente a una procuraduría que sigue resolviendo casos emblemáticos como el de los niños asesinados en San Miguel Allende, bajo la prueba confesional, justamente la que se iba a erradicar en el nuevo sistema penal acusatorio.

Y qué decir del caso Leonardo Reyes, el migrante asesinado en San Miguel de Allende por policías estatales bajo el mando de Alvar Cabeza de Vaca, a quien Carlos Zamarripa no ha molestado ni con la petición de un citatorio para los presuntos homicidas.

Nos encontramos, además ante un procurador de justicia, lo era hasta hace tres meses, que ha sido duramente cuestionado por el incremento de la violencia, la actividad delictiva y la impunidad en el estado de Guanajuato, que ha visto como sus indicadores se hunden a niveles nunca registrados en el pasado.

No es posible que el actual gobernador pretenda cerrar los ojos ante una situación de esa magnitud.

Por si algo faltara, en las últimas semanas ha surgido evidencia periodística que sugiere la existencia de acciones u omisiones de la estructura que encabeza Zamarripa que tuvieron como efecto solapar la actividad criminal del capo que surgió y se fortaleció en Guanajuato justo esos mismos años que el procurador acentuaba su poder: José Antonio Yépez, El Marro.

No es nuevo. Ya en 2017, un jefe de zona militar, el general Arturo Velázquez Bravo, hoy jefe de seguridad física de Pemex, había señalado la impunidad absoluta con la que operaba Yépez, quien no tenía una sola orden de aprehensión en el estado, pese a su largo historial criminal, los asesinatos asociados al robo de combustible y el volumen de huachicol que manejaba. Ni siquiera se le había considerado entre los objetivos “más buscados” del Estado.

Así que la desconfianza no es gratuita, ni tampoco puede ser confundida con una simple “fobia”. Por lo pronto queda clara la fuerte vinculación entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el fiscal Carlos Zamarripa, lo que de entrada niega cualquier posibilidad de autonomía.

Con la entrega de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía, el gobernador refuerza los lazos de su gobierno y del PAN con Carlos Zamarripa, eliminando cualquier residuo del espíritu con el que emergió la idea de una entidad autónoma que pudiera incluso procesar a los ejecutivos en funciones.

No hay fiscalía autónoma, en cambio si hay una superprocuraduría que ya denota un ascendiente sobre los otros poderes. Ya lo vimos en el Legislativo, convertido en un simple validador del fiscal.

Esta ominosa situación no puede ser buena para un régimen democrático y un sano equilibrio de poderes. Que lo escuche quien pueda y quien quiera.