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Los desaparecidos del narco. Guanajuato podría aprovechar hoja de ruta y evitar tortuoso sendero de otras entidades

Opinión
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David Saucedo, publicado en www.poplab.mx

Secuestros con fines de explotación sexual, reclutamiento forzado para nutrir ejércitos de sicarios y surgimiento de narcofosas han disparado los casos de desaparición de personas

Daño colateral

Lamentablemente en los estados del país azotados por la violencia criminal derivada de la guerra de cárteles del narcotráfico, de manera paulatina se van presentando varios fenómenos, llamados eufemísticamente “daños colaterales”, cuya intensidad y recurrencia va escalando de manera directamente proporcional al recrudecimiento de las hostilidades.

El incremento de la tasa de homicidios dolosos, la disminución de la edad de inicio para el consumo de drogas, el aumento de carpetas de investigación por delitos de narcomenudeo, entre otros, son parte del daño al tejido social que provoca la violencia homicida en territorios en donde la inseguridad se ha salido de control. Y este es claramente el caso del estado de Guanajuato. Poco a poco hemos empezado a padecer problemáticas como la que hoy nos tiene reunidos y que ya experimentaron estados como Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Durango desde hace muchos años. Estamos llegando tarde a una cita con el destino, que ojalá nunca, nunca hubiéramos concertado.

Causas de la desaparición forzada

En los estados del país que han padecido durante casi dos décadas el fenómeno de la desaparición forzada de personas, se han identificado y documentado las siguientes causales. Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, fueron arrebatadas de sus núcleos familiares debido a:

  1. Secuestro con fines de explotación sexual. Normalmente perpetrado en contra de jovencitas de escasos recursos, por parte de los cárteles de la droga. La experiencia nos indica que son extraídas de sus hogares para posteriormente ser trasladadas para trabajar en prostíbulos y centros nocturnos de ciudades del norte del país. En el estado de Guanajuato es posible apreciar un patrón que apunta hacia la comisión del delito llamado anteriormente “trata de blancas”. Las jóvenes desaparecidas en municipios como Irapuato, Celaya o Salamanca, normalmente tienen entre 15-25 años. Suelen ser de delgadas y originarias de barrios y colonias de bajo nivel socioeconómico, lo que dificulta que sus familiares tengan acceso a la justicia.

  2. Secuestro con fines de reclutamiento para formar parte de los brazos armados de los cárteles. En general las víctimas de este delito son hombres jóvenes, en algunos casos, menores de edad que son “levantados” por células del narcotráfico para posteriormente ser llevados a campos de entrenamiento en donde son adiestrados, contra su voluntad, en combate y manejo de armas de fuego. Posteriormente son incorporados a los ejércitos de sicarios de los cárteles. Tal y como reconoció recientemente Sophia Huett, vocera de gobierno del estado en materia de seguridad, tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación, como el Cártel de Santa Rosa de Lima han comenzado a reclutar niños y jóvenes para incorporarlos a sus ejércitos de pistoleros y narcomenudistas. Solo le faltó señalar que en muchas ocasiones no es el glamour ni la atracción por la cultura del narco la que provoca el enrolamiento. Comienza a ser cada vez más frecuente en el reclutamiento forzado.

  3. Desaparición de personas que fueron marcadas como objetivos del narco por tener algún tipo de vínculo con cárteles contrarios. El nexo puede ser real o tan solo una sospecha, pero el efecto es el mismo. Muchas personas son secuestradas y en ocasiones torturadas para posteriormente ser asesinadas. Estos delitos no solo son perpetrados en contra de los varones de una familia con el vínculo en cuestión, sino contra la familia completa, como parte de un montaje escénico, mensaje y advertencia para que nadie apoye a cárteles rivales.

  4. Desaparición de origen "mixto", es decir personas que, en primera instancia, se enrolaron de manera voluntaria en el crimen organizado, para posteriormente ser retenidos o secuestrados por sus propios empleadores o bien por los ejércitos de los cárteles rivales.

  5. Desaparición perpetrada por dependencias de gobierno encargadas de la seguridad y procuración de justicia en contra de periodistas, líderes de organizaciones civiles, de derechos humanos y demás figuras públicas que realicen algún tipo de crítica al desempeño de algún gobierno en materia de seguridad. Afortunadamente, en el estado de Guanajuato, no hay registro de que se haya incurrido en esta práctica.

 

Ilustración: Pinche Einnar

 

La “desaparición” de los cárteles

En la entidad hay dos cárteles que se están disputando el control del territorio y ambos incurren en la práctica de la desaparición forzada. Como se ha documentado en reportajes que han aparecido incluso en noticiarios de televisión abierta en horario triple A, organizaciones del narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recurren a la desaparición forzada de manera sistemática para que sus integrantes no sean procesados por el delito de homicidio.

En los campos de adiestramiento de sicarios del CJNG se enseña a pelear, a matar y a desaparecer, cuando sea posible, los cadáveres de las personas que asesinan. La lógica macabra que los guía es que, sin un cadáver, no hay un homicidio como tal que se pueda perseguir. Esa persona en automático se convierte en una persona desaparecida, cuya identificación a la postre, solo se podrá hacer mediante laboratorios de antropología forense.

Como lo saben muchos colectivos y organizaciones de derechos humanos del norte del país, el trabajo de búsqueda e identificación de sus seres queridos termina realizándose en muchas ocasiones en las narcofosas y cementerios clandestinos de los cárteles de la droga.

Debido a los muchos frentes de batalla que el CJNG ha abierto en varios estados del país en contra de organizaciones rivales, dicho cártel requiere constantemente de la incorporación de nuevos elementos a sus ejércitos de sicarios. Para ello ha establecido cuatro modalidades de reclutamiento:

  1. Incorpora a elementos de la policías estatales y municipales que son dados de baja. A aquellos elementos que son separados de las corporaciones por reprobar los exámenes de control y confianza les ofrecen incorporarse a su organización con el doble de sueldo. Se trata de un ofrecimiento muy difícil de rechazar. Para un policía dado de baja resulta difícil encontrar otra ocupación cuya remuneración le permita mantener a su familia.
  2. Reclutamiento mediante "leva", principalmente de jóvenes internados en centro de rehabilitación para el consumo de drogas, comúnmente conocidos como anexos, y de jóvenes de pandillas que pululan en las zonas urbanas de bajos recursos y en comunidades rurales.
  3. Reclutamiento mediante “franquicia”. Los cárteles compran la lealtad de grupos delincuenciales de poca monta y de pandillas ya constituidas. Les dan armas y droga para que realicen actividades en su nombre, pagando una comisión por “ostentar” la marca.
  4. Atracción de jóvenes mediante anuncios falsos de empleo como guardias de seguridad privada.

Es decir, en el estado de Guanajuato, a juzgar por las zonas geográficas en las que se han presentado el secuestro de grupos de jóvenes, es un hecho que el CJNG está recurriendo al reclutamiento forzado para nutrir a sus ejércitos en el estado de Guanajuato. Los levantones de grupos jóvenes que ha venido reportando la prensa están ocurriendo en municipios bajo el control del CJNG.

Por su parte, células del Cártel de Santa Rosa de Lima, con el objeto de reponer la baja en los ingresos producto de la disminución en las ventas de combustible robado, han regresado a sus orígenes. Han retomado la práctica del secuestro, la extorsión, al robo de vehículos de lujo (tres diputados locales y federales han sido despojados de sus camionetas a punta de pistola en la ciudad de Celaya) y al robo de cajeros. Lamentablemente también están realizando el secuestro de mujeres jóvenes de barrios y colonias populares con fines de explotación sexual.

El secuestro de empresarios es redituable, pero tiene el defecto de comprometer la seguridad de las células de secuestradores en dos momentos: al enfrentar el anillo de protección de la persona secuestrada y al momento de cobrar el rescate.

El secuestro de mujeres jóvenes de colonias y comunidades pobres prácticamente no implica riesgo alguno. La transacción económica se puede hacer rápidamente y rápidamente se puede secuestrar a otra persona marcada como objetivo. El secuestro de varias jóvenes realizadas en pocas semanas permite alcanzar “la tasa de ganancia” que se obtendría con el secuestro de un solo empresario o comerciante en el mismo lapso.

La reacción del gobierno

En los estados que han vivido el lacerante fenómeno de la desaparición forzada de personas, la reacción de la autoridad ha sido casi siempre la misma. Se pueden distinguir cuatro momentos diferentes y una evolución que depende del posicionamiento en medios de la problemática y de la presión social que el fenómeno vaya generando.

FASE 1: LA NEGACIÓN. En esta etapa los gobiernos rechazan la existencia de casos de personas desaparecidas. Por ejemplo, niegan la existencia de narcofosas y de bandas dedicadas a la desaparición sistemática de personas. Las organizaciones defensoras de derechos humanos son tildadas de opositoras y promotoras de oscuros intereses políticos. Hay muy poca cobertura de medios de comunicación y en general no existe una legislación, protocolos, ni presupuesto para atender a las familias de las víctimas.

 

En marzo de 2017, el entonces gobernador Miguel Márquez atribuyó los casos de personas desaparecidas a jóvenes que se “fugaron” con el novio o a migrantes que decidían hacer su vida en Estados Unidos.

 

FASE 2: MINIMIZACIÓN. Posteriormente se acepta la existencia de “algunos casos aislados”, pero se frivoliza y menosprecia el fenómeno argumentando que en muchas ocasiones las personas desaparecen por voluntad propia. Se hace comparaciones con otros estados del país, advirtiendo que, en el propio, se trata de un delito de muy baja incidencia. Se acepta la necesidad de hacer algunos cambios cosméticos a la legislación vigente y se empiezan a conformar algunos consejos ciudadanos de carácter consultivo para acompañar el trabajo de las autoridades.

 

VIDEO: “No hay fosas ni restos óseos en Guanajuato”, dice Sophia Huett

FASE 3: ACEPTACIÓN PARCIAL. En esta etapa los funcionarios encargados de la procuración de justicia, finalmente aceptan la existencia del fenómeno. En la mayoría de los casos empiezan a hacer ajustes de sustancia a la legislación vigente para atender la problemática, se realizan talleres y foros de discusión. Hay un avance real y tangible, pero no se destinan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la atención integral del problema. Se incurre en una grave contradicción. Los funcionarios que antes negaban la existencia de casos de desaparición forzada son los mismos que encabezarán los esfuerzos gubernamentales por encontrar a las personas desaparecidas.

FASE 4: ACEPTACIÓN Y ABANDERAMIENTO. Normalmente ocurre cuando se da la alternancia en el gobierno de algún estado y los líderes de oposición han tomado la desaparición de personas como parte de su agenda política y de campaña. Se nombra un fiscal independiente para la atención de la problemática y algunos de los funcionarios que fueron omisos en la atención de la misma comienzan a ser procesados. Se asignan presupuesto a la altura del reto, los antropólogos forenses empiezan a trabajar en las narcofosas y se realizan espectaculares reportajes en medios de comunicación sobre las masacres cometidas y sobre la corrupción gubernamental que las encubrió.

La hoja de ruta que acabamos de describir normalmente se recorre en un lapso de tiempo variable de entre 8 y 10 años en promedio. Es decir, desde el momento en el que se presenta el fenómeno de la desaparición forzada, hasta que este comienza a ser atendido en todas sus vertientes, pasa mucho tiempo. Una lista que pudo empezar con una decena de nombres, puede alcanzar centenares y hasta miles de personas con el pasar de los años.

Si se aprovecha la experiencia de otros estados, Guanajuato puede evitar el tortuoso sendero que otras entidades ya recorrieron. Para ello habrá que ejercer la suficiente presión social, mediática, legislativa y política para sensibilizar a las autoridades para que comprendan el calvario de una familia con alguno de sus integrantes desaparecido. Nada lacera más el futuro de una familia de escasos recursos, que un hogar fracturado o incompleto.

 

Especialistas como Fabrizio Lorusso estiman en 2,100 los desaparecidos en el estado. Las autoridades reconocen solo 11 casos.

 

¿Cuál es el siguiente paso? Desde luego saludamos y agradecemos la disposición del Congreso del Estado de Guanajuato para discutir, enriquecer y en su caso modificar las iniciativas de ley cuya revisión nos congregó el día de hoy. Pero también se requiere una partida presupuestal 2020 con los fondos suficientes para atender el problema. Esa es aún una tarea pendiente.

La violencia que generan los cárteles de la droga sobrepasa con mucho las capacidades institucionales de cualquier gobierno estatal. Lo tenemos claro. Lo único que se pide es el mejor esfuerzo institucional posible para atender el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Todos los aquí presentes acudimos con la mejor de las intenciones aportando nuestros conocimientos y experiencia en el tema, sin buscar, ni esperar beneficio alguno.

Si caminamos solos podemos ir más rápido, pero sí vamos juntos sin duda podremos llegar más lejos. Necesitamos de ustedes. Y todos necesitamos de todos.

Muchas gracias.

 

*Nota: Ponencia presentada en la Mesa Técnica para el Análisis de las iniciativas de ley sobre Personas Desaparecidas, a la que convocó el Congreso del Estado de Guanajuato, el pasado 25 de noviembre.

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