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Dolor por desaparecidos no merece atención de Diego Sinhue: "lo de seguridad véanlo con Sophia", su respuesta

Opinión
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POPLAB, publicado en www.poplab.mx

Utiliza la polémica para defender a Montero como "ombudsperson independiente": no está afiliado al PAN, aduce

* Con información de Edith Domínguez y Carmen Pizano

Pese a la emergencia nacional por las víctimas de desaparición y el incremento de casos registrado en Guanajuato, el tema no parece relevante para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien limita el asunto a un contexto de seguridad, mas no humanitario y remite los cuestionamientos a su vocera Sophia Huett; no obstante, utiliza la polémica en la elección de la nueva titular de la CNDH para salir en defensa a Raúl Montero, el procurador de derechos humanos en Guanajuato.

Así, mientras Diego Sinhue deja pasar la pregunta expresa de POPLab sobre qué decirles a las familias y colectivos por los desaparecidos, que en días pasados exigieron a los diputados participar en la discusión de la iniciativa de Ley de Víctimas, así como en la de Desaparición Forzada, el mandatario guanajuatense acepta en cambio opinar sobre la elección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A la pregunta (...) El tema de derechos humanos, ¿no es una muy mala señal de lo que se puede avecinar, donde se imponga a alguien, violando leyes (...)? Rodríguez Vallejo contestó que la forma sería aprovechada para replicarse en los estados, para poner gente afín o a miembros del partido en el poder. "Eso es algo muy delicado, en Guanajuato, cuando se llegue el momento de hacer cambios (en la PDHEG), se tiene que seguir con el tema de independencia, de autonomía, en los poderes ejecutivos (...) No porque lo hacen allá (en la federación), lo vamos a hacer acá".


El gobernador dijo que hay un marco de legalidad que hay que cumplir. Elegir a una ex militante de un partido político, "es una muy mala señal, porque de todo lo que se quejaron es algo que están haciendo", dijo, y aunque expresó deseos de que se repitiera la votación en la Cámara Alta, esto finalmente no ocurrió. Rosario Ibarra tomó protesta este martes entre gritos, protestas y jaloneos por parte de las dos principales fuerzas políticas en el Senado, PAN y Morena.

Diego Sinhue aprovechó para respaldar la labor del ombudsman en Guanajuato, Raúl Montero De Alba, "un hombre íntegro, nadie podría en tela de juicio su capacidad", cosa que sí ocurre con la nueva titular de la CNDH, por estar ligada al actual Ejecutivo.

"Hay que entender cuál es el bien jurídico a tutelar (por parte) del ombusdman: es proteger (de) las violaciones que provoquen al ciudadano, ¿y quién las provoca? La autoridad, no hay otro", y que quien emita recomendaciones "sea alguien muy leal a la autoridad deja en tela de juicio la imparcialidad" de dicha instancia tan importante. POPLab preguntó ¿No es así es Guanajuato, gobernador?, "No, Raúl no es ni es miembro del partido, ni candidato, ni anda tuiteando a favor de nadie" como sí ocurre con Rosario Ibarra, quien fue candidata de Morena a una diputación en Nuevo León; entre uno y otra, dijo, "hay una gran distancia".

Y cuando otro medio intentó nuevamente preguntar qué mensaje se le puede dar a los familiares de... ni siquiera pudo terminar la pregunta, Diego fue terminante: "Con Sophia".

Consultado por POPLab, José Gutiérrez Cruz, un experto en criminología forense y colaborador de la Red Internacional de Criminología, comentó que hay muchas deficiencias en las investigaciones sobre personas desaparecidas, y que muchas familias se quedan con lo que les dice el Ministerio Público, por ello esta organización ha decidido acompañar a los afectados, solicitar las carpetas de investigación y hacer un análisis más profundo, evaluando el desempeño de la Fiscalía para ver si se están aplicando los protocolos.

El criminólogo afirmó que es muy importante que, en la discusión de la próxima Ley en la materia ,se escuche en el Congreso del estado la voz de las familias que han experimentado la desaparición o el asesinato de un ser querido para poder definir la política criminal en Guanajuato.

 

José Gutiérrez. Foto: especial

 

José Gutiérrez destacó que parece reiterada la intención, por parte de las autoridades, de criminalizar a las víctimas, los atosigan con preguntas como "¿En qué andaba metido? ¿Qué andaba haciendo?", algo que le conviene mucho al gobierno del estado, porque así se permea y se mantiene la actual percepción del fenómeno, de que "A las personas que les pasa esto es porque estaba vinculadas con el crimen organizado", cuando todos los días hay pruebas de que no siempre no es así, "lo acabamos de ver en Salamanca y en otras ciudades".

Sobre la integración en Guanajuato de grupos de búsqueda de desaparecidos desde la sociedad, el experto dijo que sí hay interés en realizar una labor profesional en cómo realizar la búsqueda de personas vivas, o en fosas clandestinas... esto cuando se les escucha, cuando no se pone en duda sus dichos. Esto representa "una luz" para los familiares de personas desaparecidas, no solo como un contacto con los diputados (por la ley respectiva que se discute en el Congreso), sino también en la búsqueda de personas.

Dijo que es de suma importancia revisar cada uno de los casos para conocer cuál fue el modus operandi de cómo se están llevando a las víctimas, para cuando se diseñe una política criminal se adecue a la realidad del delito, no a la idea que se tiene de cómo se perpetra el delito.

 

"Cuando no se tipifica de forma adecuada, no se siguen los protocolos de investigación o no se escucha a las víctimas" se tiene una ley que no sirve para nada "porque no escuchaste a la gente que te brinda información de primera mano y la información que tú necesitas para atender el problema de manera adecuada".

 

José Gutiérrez Cruz coincidió con los señalamientos de familiares, activistas y colectivos que denuncian que los diputados están realizando una "simulación" de parlamento abierto, de "escuchar" a las víctimas pero "ellos caminar bajo sus propias reglas, sus propias metodologías", cuando muchas cosas positivas se pueden obtener de escuchar a los afectados, también en el ámbito de búsqueda de justicia, por lo que llamó a no minimizar su participación, e incluso no solo escucharlos, sino ir más allá: darle peso a su voz en la toma de decisiones.

Comentó que las mesas de trabajo con diputados se realizarán, el 25 de noviembre con familiares y el 29 con activistas.

 

Raúl Montero y Sophia Huett. Foto: archivo

 

Sobre esta separación, el especialista denunció que pareciera que las autoridades quieren "contrapuntear" a las familias contra los activistas, siendo que ambos se han acompañado en este proceso, que enfrenta obstáculos tan absurdos como negar fotocopias de la carpeta de investigación, o dar incompletos los expedientes, siendo que hasta la fecha, ni una sola carpeta revisada ha salido impecable, en el sentido de haberse cumplido todos los protocolos en la materia, solo encontramos revictimización hacia las familias de desaparecidos.

Aunque mencionó que apenas están analizando la tipología de los delitos relacionados con las desapariciones y es pronto para definirla, lo que desde ahora es evidente es que la desaparición ha golpeado los sectores jóvenes y adultos jóvenes, concluyó.

No minimizamos la voz de los colectivos: diputada Libia Denisse

Por su parte, Libia Denisse García Muñoz Ledo, diputada local del PAN, reconoció que hay una omisión legislativa del Congreso estos temas, que derivan de leyes generales que se aprovaron ya hace algunos años, aunque hubo también modificaciones a esas leyes que hicieron que las entidades federativas (los estados) se adecuaran, y están ahora en ese proceso.

Sobre las mesas de trabajo, hizo una precisión: "no hacemos división de personas o activistas, sino de división de contenido" en esas mesas, la primera, del día 25, sería más bien de tipo técnico, y la segunda, el 29, sería "de experiencias", que permitan conocer el punto de vista de las familias pero también la forma de vincular a la Fiscalía y al Poder Judicial.

La diputada incluso hizo la aclaración que podría haber más mesas, y de extender, de ser necesario, el proceso al siguiente periodo legislativo.

Respecto a las críticas a la labor de la Fiscalía General del Estado, Libia Denisse dijo que la dependencia tiene que estar atenta a cómo mejorar sus procesos, y a título personal dijo "Yo no soy defensora de la fiscalía, yo soy legisladora y represento intereses ciudadanos, si yo quisiera proteger a la Fiscalía, no estaríamos haciendo reuniones donde estamos evidenciando que hay información que está faltando o que está haciendo no congruente con lo que vemos en la realidad...", y como legisladores tendremos que hacer un posicionamiento claro en respaldo a estas víctimas, pues no hay tal "cheque en blanco" a Carlos Zamarripa, el fiscal general.

 

Libia Denisse García. Foto: cortesía

 

La diputada reconoció que "no es lo mismo le gislar desde el escritorio" y que se ha sensibilizado mucho tras las reuniones públicas y privadas con los afectados, y llamó a los ciudadanos interesados a registrarse a las mesas de trabajo antes del 20 de noviembre en la página web del Congreso local.

Fiscalía, con apenas 11 investigaciones

Datos lejanos a la realidad que se vive en Guanajuato: la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez, mencionó que el área a su cargo tiene apenas 11 investigaciones abiertas por este delito.

Sin precisar el periodo en el que se abrieron las investigaciones, siete por desaparición forzada y cuatro cometidas por particulares, la funcionaria de la Fiscalía General del Estado dijo que solo en dos de los casos hay una sentencia condenatoria.

Ramírez Domínguez fue convocada por la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local para escuchar sus aportaciones como parte del análisis a la iniciativa para la creación de la Ley de Desaparición Forzada del Estado.

“Nosotros tenemos, hasta este momento, 11 casos de investigaciones iniciadas por el tipo de penal de desaparición forzada de personas son siete, de las cuales seis están judicializadas. La desaparición cometida por particulares son cuatro casos, de los cuales tres están judicializados, en dos de ellos sentencia condenatoria: en uno de ellos a través de un juicio abreviado, otro a través de una sentencia condenatoria”.

Sin embargo, la exposición que hizo la fiscal especializada no convenció ni a los diputados panistas, los que dieron su aval para la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre y el resto del personal en la Fiscalía.

La presidenta de la comisión de Gobernación, la panista Libia García Muñoz Ledo, calificó como insuficiente la información que llegó a presentar Yolanda Ramírez Domínguez.

Para la diputada los datos dados a conocer por la Fiscalía no reflejan la realidad sobre la desaparición forzada en Guanajuato.

“Hablan de 11 denuncias, pero vale la pena también cuestionar cuántos casos están judicializados, puede ser que no esté completa la información. No se responde de manera completa, a lo mejor no se entendió la pregunta, pero para evitar confusiones estaremos solicitando información a la Fiscalía, no solo por las denuncias presentadas en este momento, sino cuántas se judicializaron ya porque es importante. Lamento que no hayan respondido”.

DENUNCIAN OMISIÓN DE ESTADOS

Organizaciones civiles recién expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la indiferencia y omisiones del Gobierno mexicano a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que a seis años de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, se denuncia que 10 entidades del país no tienen comisiones ejecutivas de atención a víctimas; mientras que en 14 estados no tienen un registro de víctimas y otros carecen de una ley en esa materia, entre ellos, Guanajuato, pese a la insistencia de las familias de víctimas en ese estado. señaló Jérémy Renaux, Subdirector de IDHEAS.


La cuestionada designación de Montero de Alba

En noviembre de 2016, José Raúl Montero de Alba fue designado como procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato con apenas 21 votos a favor, dos más del mínimo establecido en la legislación.

En medio de la polémica por la imposición orquestada por el PAN, sin la unanimidad en la designación que habían conseguido sus antecesores, Raúl Montero llegó a la oficina de Derechos Humanos.

Los votos de los 19 diputados del PAN habrían bastado para el nombramiento del sucesor de Gustavo Rodríguez Junquera, actual candidato para ocupar una magistratura en el Poder Judicial a propuesta del Ejecutivo, pero en un intento por legitimar la llegada del llamado ombudsman se buscó el apoyo de aliados legislativos del panismo.

A la fracción de Acción Nacional se sumaron los votos de las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

En la votación de noviembre de 2018, además de los 21 votos para Montero de Alba, se dio por primera vez en el Congreso de Guanajuato 12 abstenciones de legisladores que cuestionaron el proceso.

“Es una pena, porque de venir de ocho años con un procurador, con respaldo absoluto, hoy se ha elegido a un procurador con 21 votos, es decir, un partido y dos convencidos”, declaró en aquel momento la coordinadora de la fracción del PVEM, Beatriz Manrique Guevara.

Las abstenciones fueron de las fracciones del Verde y PRI.

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