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'Fabrica' Zamarripa a familia irapuatense como responsable de un fraude; los encarcela por 7 años

Opinión
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POPLAB, publicado en www.poplab.mx

La periodista Ana Lilia Pérez expuso en Aristegui Noticias el "desaseo" del MP de Guanajuato en el caso de la familia Roa Quintero, perseguidos y encarcelados con pruebas circunstanciales y fabricación de testimonios; "se explica porque está tan mal la entidad", concluye

* Con información de Edith Domínguez y Carmen Pizano

La Fiscalía de Guanajuato, a cargo del polémico ex procurador general del estado desde el año 2009, Carlos Zamarripa Aguirre, fue cuestionada fuertemente por un caso de arbitrariedad judicial donde una familia completa ha sido perseguida por años con una indagación incompleta, con fabricación de pruebas y testimonios y sin que haya existido nunca la presunción de inocencia.

El caso fue investigado por la acreditada periodista Ana Lilia Pérez, autora de reportajes fundamentales sobre la corrupción en Pemex, para el portal Aristegui Noticias, presentando este lunes 7 de octubre una primera parte que será complementada este martes.

La reportera encontró en el caso "un flagrante desaseo" de quien ha presumido usar avanzados métodos científicos para perseguir delitos. No fue el caso en este episodio que ha condenado a toda una familia a una persecución que les ha fincado delitos incluso cuando ya se encontraban detenidos.

La investigación, que cuenta con amplios testimonios de la familia Roa Quintero, víctima de esta situación, no fue respondida por la Fiscalía de Guanajuato, desde donde se ignoraron las peticiones de Ana Lilia Pérez para exponer la posición de la autoridad.

Justo cuando Guanajuato se ha convertido en la entidad que presenta el mayor crecimiento de delitos violentos, sobre todo homicidios dolosos, el Fiscal de Guanajuato, quien ocupa el cargo desde hace una década, empieza a llamar la atención de medios nacionales por sus métodos.

La periodista Ana Lilia Pérez fue enfática en subrayar: “ante este tipo de casos mal integrados, se explica por qué está tan mal esta entidad, en estos momentos: en los primeros lugares de violencia, de impunidad. ¿Y qué hacen las autoridades? Están realizando estos procesos tan desaseados”.

Copias y líneas de teléfono

Los hermanos Enrique y Erandi Alicia Roa Quintero, hasta el año 2011 tenían una negocio de telefonía en un centro comercial en el municipio de Irapuato, siendo una distribuidora autorizada de Nextel, lugar donde subarrendaban a terceros las líneas que contrataba la compañía. A los clientes se les solicitaba una copia de su credencial de elector y el pago de una renta anticipada como depósito. Hasta esa fecha todo iba bien.

Sin embargo, en el 2010 en Guanajuato se denunciaron fraudes por la compra-venta de automóviles entre particulares, los defraudadores, que aparentaban ser una familia de muchos recursos, manejaban vehículos lujosos, con placas alteradas, dejaban un cheque el cual “salvo buen cobro” entregaban al hacer el trato con los dueños de los vehículos, pero al pasar las 48 horas y los vendedores buscaban cobrar el dinero, descubrían que el cheque no tenía fondos, así se iba defraudado a las familias.

 

Los Roa Quintero. Foto: Aristegui Noticias

 

En el año 2011 una denuncia por fraude con este modus operandi fue recibida en la hoy Fiscalía General de Guanajuato: las víctimas de este caso denunciaron que fue a través de una línea telefónica de Nextel que fueron contactadas. Esta era una de las líneas que subarrendaba la empresa de Erandi y su hermano.

En junio de ese año, de acuerdo a la investigación periodística de Ana Lilia Pérez para Aristegui Noticias, un hombre y su esposa pusieron a la venta su automóvil en Irapuato, cuando la compradora, quien se identificó como Elizabeth Hernández con domicilio en Querétaro, le hizo una llamada desde un número de Nextel; acordaron fecha para verse, la mujer llegó en un automóvil BMV junto con otras personas y aceptó la compra, entregando un cheque por el auto. Al intentar cobrar el cheque, el vendedor descubrió era falso.

Las víctimas presentaron denuncias, en la investigación dicho número resultó ser una de las líneas que rentaba Erandi Roa Quintana, quien subarrendó a Carlos Rodríguez Hernández, con domicilio en Torreón Coahuila, sin embargo esto no fue investigado por la Policía Ministerial.

El 29 de diciembre de 2011, la Fiscalía liberó la primer orden de aprensión en contra de los hermanos Enrique Antonio y Erandi Alicia así como de sus padres María Guadalupe Alicia Quintero Dominguez y Enrique Antonio Roa Ordóñez, pero hasta el 25 de febrero de 2012 fueron detenidos y encarcelados en el Cereso de Irapuato. Primero el padre y después, su esposa y los dos hijos, quienes habían ido a averigüar su caso.

Hasta este momento que se enteraron que los acusaban de ocho fraudes cometidos de marzo a septiembre de 2011, por la presunta compra de vehículos con cheques falsos. Una semana después de los arrestos, la Fiscalía General de Guanajuato dio a conocer públicamente que habían identificado a una familia que se dedicaba al fraude, utilizando las fotografías de los Roa Quintana, a pesar de que la media afiliación que había dado las víctimas no coincidía, la Fiscalía los identificó como una “red de defraudadores”.

 

Exhibidos. Foto: Aristegui Noticias.

 

La máxima publicidad dio pie a que otras víctimas de fraude, al conocer la detención, señalaran a los Roa Quintana como presuntos responsables de varios casos en el estado por el mismo modus operandi, sin embargo, la Fiscalía solo agrupó las denuncias que se sumaban a la inicial; a estas nuevas víctimas de fraude los ministeriales les mostraban las fotos de estas personas detenidas, argumentando que era “una familia que se dedicaba a eso”.

Así pasaron varios años, los Roa Quintana entraban y salían de prisión, vía absolución o por falta de pruebas, incluso de un caso donde la madre, estando ya encarcelada, era investigada por otro caso cometido en San Miguel de Allende. El caso a profundidad está en Aristegui Noticias. Fueron 7 años así. Actualmente viven con miedo de ser nuevamente detenidos.

Fiscalía rehúye declaraciones

La periodista Ana Lilia Pérez relata que durante meses buscó a las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato para preguntar por el método para integrar las carpetas de investigación en contra de la familia Roa, pero no obtuvo respuesta, pese a que se le prometió una entrevista.

Durante el programa de Aristegui Noticias, Pérez dijo que “este caso no es ajeno al fiscal Carlos Zamarripa. De hecho, esta familia desde que estaba presa estuvo mandando muchas peticiones para que se revisara su caso”. Las investigaciones que se realizaron en Guanajuato se enviaron a otros estados para que allá se siguieran los respectivos procesos. Así fue como la familia estuvo en penales de Guanajuato y Colima.

Ana Lilia Pérez destaca que hay un desaseo “de estas integraciones, porque no es un caso único, porque es un caso que repite un patrón de discrecionalidad en la integración de investigaciones a partir de este uso que se le da, también discrecional, al retrato hablado”. Por ejemplo, en la revisión que hizo, se encontró que las víctimas describían a los defraudadores con ciertas características y a lo largo de las pesquisas cambiaban los detalles de las medias filiaciones.

La periodista señala que el trabajo de la entonces procuraduría fue realizado sin “sin recurrir a ningún proceso técnico, científico. Esa es la manera en la cual todavía se sigue llevando a cabo este tipo de investigaciones, que son además, delitos cotidianos. Por estar dando carpetazo a una investigación, estás enviando a alguien a la cárcel sin que se esclarezca la situación, sin que tengan un debido proceso, pero además le estás quitando a la víctima la posibilidad de que pueda encontrar justicia real, de que a quien se envía a la cárcel sea quien (es) verdaderamente culpable”.

Y reflexiona Pérez, “Guanajuato, ante este tipo de casos mal integrados, se explica porqué está tan mal esta entidad, en estos momentos: en los primeros lugares de violencia, de impunidad… y ¿qué hacen las autoridades? Están realizando estos procesos tan desaseados”.

 

Ilustración: Pinche Einnar

 

La periodista ve “como uno de los grandes temas que las autoridades van difundiendo información que al final no sabemos si es cierta, si es falsa, y se va creando una madeja donde no hay claridad de un proceso, no hay claridad de justicia”.

Explica que por ello las fiscalías “requieren de investigaciones internas, de controles internos y el poder judicial también. Este tipo de casos debe obligar a las autoridades a que tengan un mejor cuidado en su propio desempeño”.

Ana Lilia Pérez concluye diciendo que “mientras no se haga una investigación exhaustiva, primero, no estás procurando justicia, no estás combatiendo el delito, y estás enviando a prisión a gente que no sabes si es culpable, si es inocente, a quién enredaste… al final, tienes injusticia por todos lados”.

La de Zamarripa, una historia de constantes tropelías

En el año 2012, Carlos Zamarripa Aguirre sumaba ya tres años al frente de la entonces Procuraduría de Justicia de Estado, y desde entonces se han acumulado diversas denuncias públicas que ponen en evidencia que no existe rigor en las investigaciones que realiza la institución responsable de la procuración de justicia en Guanajuato.

Un modelo de investigación que ha llevado a la cárcel a personas para que después el Ministerio Público no logre acreditar la responsabilidad, como el caso de la familia Roa Quintana, es presumido por la Fiscalía, incluso ante otras entidades federativas.

En un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla que se publicó en marzo de 2018 sobre el Índice Global de Impunidad, la entidad aparece en el grupo 3 por el nivel de impunidad.

En ese año, Guanajuato aumentó en 5.66 puntos la impunidad, con poca eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Después de salir a defender el cargo de fiscal general del estado para Carlos Zamarripa Aguirre, los diputados panistas en el Congreso local no han pedido cuentas ni explicaciones, a pesar de la creciente violencia en el estado.

En la lectura de un discurso para salir al paso quedó aquel compromiso de Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la bancada, para exigir resultados a Zamarripa, quien podrá acumular 19 años en el cargo.

Casos más representativos

Un caso que conmocionó a la sociedad guanajuatense fue el asesinato, en el año 2017, de tres menores de edad en Ampliación Cieneguita, San Miguel de Allende, que fallecieron al recibir impactos de bala, mientras elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban un operativo en la finca.

La Fiscalía General del Estado inculpó del triple homicidio a Antonio Luna, padre de los tres menores de edad, exonerando a los agentes estatales que participaron en el operativo que incluyó disparos a la finca donde se encontraba Antonio con sus hijos.

El argumento de Carlos Zamarripa para justificar los disparos que se prolongaron durante más de una hora fue que había delincuentes en la finca que huyeron del lugar, versión que los vecinos desmintieron, al señalar que no hubo personas que dejaran la finca que cuidaba Antonio Luna acompañado de su familia.

Finalmente, el padre de Gabriel, Mateo y Juan Adrián fue inculpado por el homicidio de los tres menores de edad y sentenciado a 16 años de prisión.

 

El asesinato de los pequeños Luna cimbró San Miguel de Allende. Foto: archivo

 

Entre los casos más recientes donde se pone en evidencia que el rigor que presume en redes sociales la Fiscalía no corresponde a la realidad, se encuentra la ejecución extrajudicial de Leonardo Reyes, un joven migrante que fue abatido en diciembre pasado por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de acuerdo con las denuncias de familiares, pero donde la Fiscalía se ha negado a abrir una investigación al señalar que el joven murió durante un enfrentamiento con los elementos estatales, también en el municipio de San Miguel de Allende.

Otro caso fue el de Leonardo Aguilar, muerto el 11 de julio pasado en Villagrán. La versión de las autoridades estatales fue que se trató de un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima; sin embargo, la familia ha mostrado fotografías en donde se observa el cuerpo del joven con signos de tortura y con quemaduras.

Sin la actuación de la Fiscalía General del Estado para investigar si se trató de una ejecución extrajudicial, la madre de Leonardo, Raquel Aguilar, presentó una denuncia ante el Ministerio Público del municipio de Villagrán.

Con el llamado “Golpe de Timón”, una de las primeras detenciones que presumió la Fiscalía General del Estado fue la de Angélica y Javier, ella, cuñada y presunta operadora financiera de José Antonio Yépez, él, la pareja de Angélica y agente de la Policía Federal.

Sin embargo, en una publicación de Proceso que cita fuentes federales, se informó que unos días después fueron liberados ambos detenidos, quienes fueron presentados únicamente por portación de armas de fuego.

Más que un cheque en blanco

Cuando la fracción panista en el Congreso local anunció todo el apoyo para la permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la Fiscalía General del Estado por nueve años más, el coordinador Jesús Oviedo Herrera aseguraba que no se le daba al funcionario "una confianza a ciegas"; sin embargo, no ha existido un solo pronunciamiento del panismo a pesar de la violencia e inseguridad que padece el estado.

 

La ratificación. Foto: archivo

 

El panismo que a nivel nacional pugnó por evitar que la Fiscalía General de la República tuviera un titular “carnal”, fue el mismo que en Guanajuato avaló que Zamarripa recibiera el nombramiento de fiscal por nueve años que se suman a los 10 que ya llevaba en el cargo.

La mayoría del PAN, con el arropo de otras representaciones parlamentarias como Nueva Alianza, PT y Movimiento Ciudadano, consiguieron ratificar al fiscal, que ya arrastraba señalamientos por la parcialidad de las investigaciones que realiza al frente de la institución.

En las declaraciones públicas, otra diputada panista que se comprometió a exigir resultados a la brevedad a Carlos Zamarripa Aguire, fue Libia García Muñoz Ledo, quien desde la presidencia de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales orquestó la permanencia del fiscal general, al archivar las iniciativas que se presentaron para la eliminación del pase automático y la reducción del periodo.

La única reunión que tuvieron los diputados con Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, se desarrolló a puerta cerrada, con información a cuentagotas.

Popularidad de Diego a la baja

Con la violencia creciendo y el estancamiento de la economía en Guanajuato, la popularidad del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, bajó poco más de tres puntos en solo un mes, reveló la última encuesta publicada por Mitofsky.

En el ranking de la encuestadora internacional, de agosto a septiembre, Diego Sinhue Rodríguez pasó de tener un 47.4 por ciento de aprobación a 43.7.

De los guanajuatenses encuestados, el 62.6 por ciento coincidieron en que la seguridad empeoró en las últimas semanas. En percepción de un estado seguro, Guanajuato ocupa el lugar número 29, debajo solo están Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí.

En materia económica, la percepción no es más alentadora, pues se ubica en último lugar de crecimiento, de acuerdo a los resultados publicados este lunes por Mitofsky.

Solo el 22.2 por ciento de los guanajuatenses encuestados consideraron que la economía creció en septiembre de 2019.

Finalmente, en la encuesta el 55.4 por ciento manifestó que ven peor a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que cuando rindió protesta como gobernador, hace un año.

 

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